UGT denuncia los escasos recursos que se dedican al cuidado de la dependencia

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La Unión General de Trabajadores se suma la opinión difundida por UGT de Catalunya con motivo de la celebración del día Conciencia global del abuso y maltrato hacia las personas mayores, que se ceelebró ayer,15 de junio, y aprovecha esta oportunidad para dar visibilidad a esta realidad que permanece oculta por las dificultades de detección y que favorece la vulnerabilidad de las personas mayores.

El maltrato en los ancianos puede ser definido como "un solo acto o repetido causa daño o sufrimiento a una persona o la falta de medidas adecuadas para evitar que esto que ocurre en una relación basada en la confianza". El envejecimiento de la población y el impacto del maltrato sobre la salud y los derechos de un gran número de personas que debemos tener en cuenta el abuso contra las personas mayores como uno de los problemas sociales que deben abordarse urgentemente. Además, la falta de información sobre sus derechos y recursos, aislamiento social y a veces la falta de autonomía de las personas mayores exige más intensa atención por parte de todos.

El abuso en el anciano es un fenómeno con una dimensión mayor de lo que pensamos. Según la encuesta de seguridad pública en la edición especial en los ancianos, el 90,2% de las personas mayores que han sufrido una queja de abuso hizo no, probablemente porque en muchos casos esto ocurre en los ambientes cercanos. Los cambios en la sociedad y en la familia, que puede favorecer el aislamiento social y la discriminación contra las personas mayores y la degradación de la población catalana y una mayor presencia de ancianos institucionalizados son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para abordar el abuso en el anciano.  

Por todo esto, UGT denuncia el abuso institucional por la falta de atención que sufren las personas mayores ante la falta de recursos personales y económicos que las autoridades públicas destinan al cuidado de los ancianos, tanto por el trato como por defecto y para reclamar que los poderes públicos velarán por una pensión que no pierde poder adquisitivo, sin restricciones de acceso a la industria farmacéutica que requieren o repago en el acceso a servicios de salud sin tener que enfrentarse a listas de espera eterna y la asunción del cuidado adecuado.