Desde UGT se ha venido denunciando reiteradamente que las causas de esta demolición de la AGE se debe a que no se han cubierto las plazas de los empleados que se han ido jubilando, por prescindir de los funcionarios interinos y por externalizar numerosos servicios a la empresa privada.

En los últimos diez años la ocupación en la AGE ha sufrido una reducción de 43.477 de  empleados públicos, lo que supone un 18 % de destrucción del empleo en el sector y  consolida la tendencia de una situación estructural desde el inicio de los recortes en el  año 2010.

Asimismo conviene destacar la evolución a la baja de los efectivos en la Seguridad Social,  6.553 que suponen más del 20 %, que aparte de gestionar procedimientos tan estratégicos  como las pensiones y los recursos económicos y administración financiera del sistema,  tenemos que añadir la gestión del IMV. Se puede examinar en el cuadro siguiente la  variación de efectivos en la Seguridad Social en los últimos diez años y observar que la  destrucción de empleo ha ido evolucionando hasta dejar uno de los Sistemas que sirvieron  como ejemplo de eficiencia en una queja continua de los ciudadanos por su progresiva  decadencia en la atención que demandan. También podemos hablar de colapso en otros  organismos considerados como servicios esenciales como el SEPE y el FOGASA.

UGT ha propuesto también reiteradamente a Función Pública una planificación a largo plazo  en el empleo público que permita una racionalización de los recursos que conlleve una  adecuación racional entre los objetivos de la misma y los medios personales necesarios  para su consecución. Dicha planificación debe ajustar de manera previsora, a un coste  razonable y en coordinación con los criterios de política económica, el personal disponible  a las necesidades que en cada momento necesite la AGE.

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