Los exacerbados precios de la energía están causando dificultades económicas para la clase trabajadora europea. Sin embargo, la propuesta se basa en medidas cosméticas para seguir beneficiando a las grandes corporaciones energéticas.

La Comisión ha planteado una reforma somera de la configuración del mercado de la electricidad de la UE basada en una supuesta aceleración de las energías renovables y protección de los consumidores que no resulta creíble para lograr la neutralidad climática en 2050 ni la autonomía energética.

El mercado único de la energía en la UE, ha garantizado la seguridad del suministro y ha estimulado el proceso de descarbonización. Sin embargo, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania ha acentuado la necesidad de adaptar rápidamente el mercado de la electricidad para apoyar mejor la transición ecológica y ofrecer un acceso generalizado a la electricidad no fósil, renovable y asequible, a los consumidores de energía, tanto hogares como empresas. 

La reforma propuesta prevé la revisión de varios actos legislativos de la UE, en particular el Reglamento sobre la electricidad, la Directiva sobre la electricidad y el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). En ella se introducen medidas que incentivan los contratos a largo plazo con producción de energía no fósil y se aportan al sistema más soluciones limpias y flexibles para competir con el gas, como la respuesta de la demanda y el almacenamiento.

Si bien la construcción de un sistema energético basado en las energías renovables será crucial para garantizar a la UE un suministro energético sostenible e independiente, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU, esta reforma superficial no asegura la reducción de las facturas de los consumidores.

Desde UGT defendemos una profunda reforma del mercado energético europeo que incluya mayor transparencia y previsibilidad; la garantía del acceso a una energía asequible como derecho humano; medidas concretas para eliminar la pobreza energética; y una normativa más ambiciosa contra la especulación de los mercados financieros.