La Unión General de Trabajadores exige revertir la reforma sanitaria de 2012 y todos sus desarrollos para restituir el derecho universal a la protección a la salud y la asistencia sanitaria pública para todos los ciudadanos y ciudadanas.
El Gobierno excluyó a migrantes de la sanidad pública por motivos ideológicos
Cuatro años después de la aprobación del Real Decreto que terminó con la asistencia universal y gratuita, la Unión General de Trabajadores quiere recordar que esta ley ha dejado sin cobertura sanitaria a 844.00 personas, incluidos menores de edad, y fue el primer paso para acabar, directa o indirectamente, con el derecho de inmigrantes y emigrantes a la sanidad con las consiguientes consecuencias para los migrantes, sus familias y los ciudadanos en general.
Los trabajadores que sufren incapacidad temporal deben ser protegidos, no perseguidos
UGT demanda un sistema de cobertura de la incapacidad temporal que proporcione una protección adecuada y suficiente a todos los trabajadores, que priorice la recuperación de la salud del trabajador o trabajadora, su protección mientras permanezca en dicha situación y su reinserción laboral.
UGT gana una sentencia que limita el abuso de la libre designación de cargos en el Servicio Riojano de Salud
El Juzgado Nº 2 de lo Contencioso Administrativo ha fallado a favor de UGT en la demanda presentada contra el Servicio Riojano de Salud para impugnar la adjudicación en comisión de servicios del actual Jefe del Departamento de Oncología del Hospital San Pedro; una sentencia que, por extensión, es aplicable a 14 cargos directivos en similares circunstancias y a otros 106 nombramientos que no han respetado los requisitos de convocatoria pública dispuestos por la ley.
Cientos de delegados de UGT y CCOO reclaman iniciar una negociación colectiva real y recuperar los derechos robados
Cientos de delegados de UGT y CCOO se han concentrado en la sede de Función Pública de María de Molina en Madrid para reivindicar la recuperación de la negociación colectiva, el empleo público y los derechos robados a los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado.