Las políticas de austeridad y recorte colocan a España a la cabeza de la emigración forzada en la UE

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  • ​España es el Estado miembro que más población activa de nacionales de terceros países ha perdido entre 2009 y 2017, 773.300 personas
  • Aumenta la pobreza y el desempleo en este colectivo. Su renta anual media está en el 50% de la percibida por la población de nacionalidad española
  • UGT reclama políticas, normas y medidas que favorezcan la igualdad en todos los ámbitos y que permitan una integración social real

La Unión General de Trabajadores denuncia que España es el Estado miembro de la Unión Europea (UE) en el que más ha emigrado la población de terceros países durante los últimos años. La crisis, las políticas de austeridad y el alto volumen de desempleo no solo han colocado a nuestro país a la cabeza del paro y la pobreza en la eurozona, sino también en volumen migratorio de personas extranjeras.

Así lo refleja el informe "La crisis y la precariedad en la población extranjera" elaborado por UGT con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este 21 de marzo, donde se muestra que España es el Estado que más población activa de nacionales de terceros países ha perdido entre 2007 y 2016, 541.000 personas, una pérdida directamente relacionada con la emigración forzada por los altos niveles de desempleo y pobreza de este colectivo. Esto se agrava en el periodo 2009-2017, donde la pérdida de activos de este colectivo asciende a 773.300 personas, caída que no se compensa con el aumento de población activa de nacionalidad española, de 295.300 personas.

Nuestro país ha perdido, en 9 años, más de 1,5 millones de personas asalariadas, el 45% de ellas de nacionalidad extranjera. La repercusión de estas políticas ha sido especialmente grave en este colectivo, ya que antes de las mismas mantenían tasas de paro y pobreza por encima de la media. De esta forma, ha disminuido el porcentaje de la población extranjera respecto al total de población, ya que la población extranjera llegó a representar en el año 2011 el 12,1% de la población española, mientras que en 2017 apenas supone el 9,8%.

Para UGT, tener empleo no significa abandonar el riesgo de pobreza ni para el conjunto de la población ni para este colectivo, que sigue manteniendo una renta anual media en torno al 50% de la percibida por la población de nacionalidad española. Además, para la población empleada mayor de 18 años, España ocupa, en el caso de las mujeres, el cuarto lugar de los estados miembros en riesgo de pobreza, con un 9,7%, y el quinto en hombres, con un 11,3%. Sin embargo, para el colectivo de nacionales de terceros países, España pasa al primer lugar en el caso de las mujeres empleadas, con un 39,4%.

Por ello, el sindicato reclama políticas, normas y medidas que favorezcan la igualdad del conjunto de la población en todos los ámbitos de la sociedad. Medidas como una ley de igualdad de oportunidades y de trato `por cualquier circunstancia personal y/o social, adoptar políticas activas que disminuyan la situación de paro, pobreza y subempleo de la población extranjera; recuperar su derecho a la asistencia sanitaria, incluido el de las personas en situación administrativa irregular, y eliminar los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a este derecho para la población extranjera residente y a ciudadanos y ciudadanas comunitarias; o incrementar el presupuesto en educación compensatoria, destinada a compensar las desigualdades, entre otras, de las minorías étnicas y culturales y prevenir el racismo y la xenofobia.

Además, UGT exige que se recupere el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, con un refuerzo educativo de los mismos, que el Gobierno del PP eliminó en 2012; que se promueva la elaboración de una nueva estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, dotada de presupuesto y adaptada a la realidad actual; y que se cumplan los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional, y que el Gobierno español guarde un estricto respeto a los derechos humanos en la vigilancia de las fronteras exteriores, derogando la previsión de la Ley de Extranjería que permite las "devoluciones en caliente", algo que tanto el Tribunal de Estrasburgo como la ONU han declarado ya ilegal.