La Prestación de Ingresos Mínimos debe ser un derecho universal independiente de la coyuntura económica

​En un país con cerca de cinco millones de parados en el que la cobertura por desempleo sólo cubre al 53,2% del total de desempleados y donde el 22% de la población está en riesgo de pobreza, -un porcentaje que alcanza el 28% para los menores de 16 años y al 44,8% de las personas en situación de desempleo-, una prestación de ingresos mínimos es una medida de dignidad colectiva.

La crisis y las políticas de recorte han provocado un aumento insostenible de la pobreza y la desigualdad, por eso, las organizaciones sindicales consideran que una situación como la actual requiere reforzar la protección social y establecer una Prestación de Ingresos Mínimos destinada a garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo.

Está dirigida a personas entre 18 y 65 años, que no reúnan las condiciones para otras prestaciones y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año por lo que se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas (2.151.000) y tendría un coste para el Estado entorno a los 11.000 millones de euros.

Se trata de poner en marcha un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social -financiado vía Presupuestos Generales del Estado- que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, el 80% del IPREM-, a aumentar en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantenga mientras la persona siga en esa situación.

Sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social, o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.

Son necesarias medidas de choque por el empleo

Preguntado por la propuesta del PSOE de crear más de 200.000 puestos temporales de empleo público, Pepe Álvarez ha señalado que “va en la línea de dar alternativas reales a los problemas de desempleo de nuestro país”.

“De hoy para mañana, gobierne quien gobierne”, –ha añadido- no se va a crear empleo si no se toman medidas de choque y, en ese sentido, de manera rápida, sólo se puede hacer a través de la inversión pública, de la intervención de la Administración Pública”.

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Fuente: UGT