Cristina Antoñanzas e Isabel Araque han participado en la Jornada “Cómo abordar la violencia de género en la negociación colectiva”

La negociación colectiva es el principal instrumento de las organizaciones sindicales, en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y, por tanto, un ámbito imprescindible para luchar contra la violencia de género. Así lo han destacado la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, y la Secretaria Confederal del sindicato, Isabel Araque, durante sus intervenciones en la jornada "Cómo abordar la violencia de género en la negociación colectiva", organizada por UGT-Illes Balears.

Ambas dirigentes sindicales han destacado que, además de sensibilizar sobre esta lacra a todos los trabajadores y trabajadoras, hay que seguir formando a los delegados y delegadas sindicales, a sus gabinetes jurídicos y luchar por la implantación de los planes de igualdad en las empresas, así como los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en los convenios.

Las cláusulas contra la violencia de género siguen aumentando

Isabel Araque ha manifestado que “es fundamental luchar contra la precariedad laboral porque aumenta el riesgo de las distintas formas de violencia contra las mujeres” y ha afirmado que “las cláusulas en materia de violencia de género en la negociación colectiva siguen aumentando, de tal forma, que ya casi 1 de cada 2 convenios sectoriales contienen cláusulas de protección contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo”.

Asimismo, ha defendido la implantación de políticas activas de empleo eficaces que permitan y garanticen a las mujeres víctimas de violencia de género acceder al mercado laboral y a empleos de calidad. Para ello urge una revisión del actual sistema de apoyo a la creación de empleo, que en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género está resultado claramente insuficiente e ineficaz. Los contratos bonificados por violencia de género en 2016 solo supusieron el 0,009% del total de la contratación femenina y, de esa contratación bonificada, el 76% era temporal.

Es necesario, además, adoptar medidas de fomento del empleo y formación ajustadas a la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género, cuyas características y necesidades son específicas; mejorar la protección social, dándolas mayor cobertura, y facilitarles el derecho a la reducción de jornada y la protección por desempleo.

Cambiar la ley para mejorar sus derechos

Por su parte, la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reivindicado una reforma de la ley 1/2004 para mejorar los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, en cuestiones como la reordenación del tiempo del trabajo, la movilidad geográfica o la inclusión de las víctimas de acoso sexual y acoso por razón de género.

En este sentido, ha señalado que debería obligarse por ley la implantación de Protocolos de prevención y eliminación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las empresas. Máxime teniendo en cuenta, las trabas y obstáculos con los que se encuentra la negociación colectiva, especialmente desde la reforma laboral de 2012, que hacen que no se pueda garantizar su implantación en el 100% de las empresas.

Ha defendido, además, la formación obligatoria en esta materia para todos los empleados y cargos directivos en las empresas y para los operadores implicados en el control y sanción de este tipo de violencia en el ámbito laboral.

Otras reivindicaciones del sindicato son políticas públicas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de las víctimas y erradiquen cualquier comportamiento de violencia en el trabajo; fomentar una cultura preventiva en las empresas, de tal forma que haya tolerancia cero a este tipo de conductas; y tratar la violencia en el trabajo de manera transversal, incluyendo la misma en el ámbito de la prevención de riesgos laborales o en el de la organización de la empresa.

Planes de Igualdad también para empresas pequeñas

Los planes de igualdad deben ser un instrumento de la negociación colectiva para combatir la violencia de género. En este sentido, UGT considera que hay que adoptar medidas para reforzar la vinculación de los planes de igualdad con la negociación colectiva sectorial.

Asimismo, defiende que los planes de igualdad no solo sean obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores. Este límite debería rebajarse a empresas con un menor número de plantilla, más adecuado a la realidad del tejido empresarial que tenemos en España.