La puesta en marcha de la Ley de creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto es un acontecimiento muy importante para las víctimas. Supone el reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad por no salvaguardar la salud de las personas. También del daño causado, con un resarcimiento económico.

No obstante, el Real Decreto aprobado no alcanza a todos los afectados. Cubre a las personas que tienen una Incapacidad reconocida, pero deja sin resarcir a las víctimas medioambientales y a los herederos de los fallecidos. De esta manera, los afectados quedan pendientes de futuros presupuestos del Estado.

“Nos parece incomprensible que, tras largos años de espera, el Gobierno no respete el espíritu de la Ley que proponía unas compensaciones para todas las víctimas, sin ningún tipo de distinciones”, denuncia Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto, en rueda de prensa con los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

“La aprobación de este Reglamento es un hito histórico, un acto de justicia que llega tarde y que es insuficiente y parcial para hacer frente a un drama soterrado que ha afectado a decenas de miles de personas trabajadoras en España”, resumía Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Por esta razón, tanto las víctimas como los sindicatos UGT y CCOO continuarán reivindicando que las compensaciones económicas sean para todas las víctimas, “y con unos montantes económicos similares a las indemnizaciones que se otorgan normalmente en los juzgados”, añade García.

Para conseguir dichos objetivos, el trabajo que anuncian ahora pasa por sumar a sus reclamaciones el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que estas partidas puedan plantearse como enmiendas a unos hipotéticos presupuestos del Estado. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han anunciado que buscarán un diálogo con el Gobierno y los grupos parlamentarios.

Un diálogo que “permita un nuevo Reglamento que cumpla con los objetivos que marcaba la ley de manera justa y suficiente para que las indemnizaciones lleguen a todas las víctimas y sus familiares, además de contemplar los daños medioambientales”.

El amianto es el gran asesino silencioso

Los intervinientes han exigido la simplificación de los mecanismos de reclamación y la ampliación de los fondos dedicados a este fin por parte del Estado en los Presupuestos Generales.

“Aquí se conoce solo la punta del iceberg y parece que se teme que se produzca un aluvión de reclamaciones”, resumía Sordo. “Hay una responsabilidad de las empresas, pero, de forma subsidiaria, también del Estado y no vale con buscar excusas de mal pagador”, sumaba Álvarez.

Si bien la aprobación del decreto es un avance positivo, queda empañado por numerosas deficiencias que incumplen con el espíritu y los objetivos de la Ley 21/2022. Y es que en los casos en los que aún exista una empresa responsable de las exposiciones, seguirá siendo más conveniente acudir a la vía judicial, algo que se pretendía evitar con la aprobación de la Ley.

En el resto de los casos, o no podrán presentarse las solicitudes hasta que no se regulen en una Ley de Presupuestos Generales del Estado, de dudosa aprobación en un corto plazo de tiempo, o difícilmente se podrán tramitar por el gran número de obstáculos incorporados al procedimiento.

“Las luchas sindicales no solo tienen que ver con la cantidad de personas afectadas o la posición política. Si no de la justicia y la pertinencia de la causa que nos mueve”, planteaba, por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

“El amianto y otras enfermedades profesionales son los grandes asesinos invisibles en la sociedad española. Los procedimientos de reconocimiento del origen profesional de muchas de las dolencias ligadas al amianto han sido un auténtico via crucis”, lamentaba Sordo.

Consecuencias del amianto

El amianto (o asbesto) provoca diversas enfermedades graves a largo plazo al inhalar sus fibras, como asbestosis, mesotelioma y el cáncer de pulmón. Son enfermedades que pueden tardar muchos años en manifestarse. Esta latencia ocasiona que no sea reconocido como enfermedad profesional a pesar de estar provocado en los puestos de trabajo.

El objetivo de la Ley del Fondo de Compensación es resarcir a las víctimas de este compuesto por parte del Estado, reconociendo el daño causado como consecuencia de no haberlo prohibido hace más de 50 años, cuando ya se sabían los efectos de manipularlo y aspirar sus fibras. Tras una espera de 3 años, la Ley fue aprobada por unanimidad y se publicó en el BOE en octubre de 2022.

Sin embargo, su entrada en vigor quedó demorada a la aprobación de un reglamento que debía regular elementos centrales del fondo como las cuantías de las indemnizaciones y el procedimiento de tramitación de las solicitudes.
 

Valoración del Decreto 483/2025 que establece los requisitos y regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto