Pepe Álvarez y Ana García de la Torre, que intervienen en la jornada organizada por UGT Madrid sobre “La seguridad y salud en el Trabajo”, reclaman la figura del Delegado/a Territorial y Sectorial de prevención, porque “somos un país de pymes”

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, Ana García de la Torre, junto con el Secretario General de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo y la Secretaria de Salud laboral del sindicato en Madrid, Susana Huertas, han participado en la jornada “la Seguridad y Salud en el Trabajo” donde se han analizado los principales problemas de la siniestralidad laboral en nuestro país y se han realizado propuestas para atajar esta lacra social. Una jornada en la que se han recordado a los fallecidos a causa de la siniestralidad laboral: 109 muertes en lo que va de año y hasta esta hora del 26 de abril; 708 personas en el 2020, a pesar del confinamiento provocado por la Covid 19; y más de 5.200 personas desde 2013, tras aprobarse la última reforma laboral, que ha precarizado las condiciones de trabajo, incluido el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo.  Así, cada año mueren al día en nuestro país 2 personas debido a su trabajo. 

Unas cifras intolerables e inasumibles que reflejan que este derecho debe ser “una prioridad, uno de los ejes centrales en las relaciones laborales y de las políticas económicas de las distintas administraciones”.

La precariedad laboral mata

Pepe Álvarez ha manifestado que el Gobierno que tiene que Actuar Ya. Articular, mediante el diálogo social, un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral y derogar las reformas laborales porque la “precariedad laboral mata”.

Asimismo, ha reclamado revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales e instaurar la figura del delegado/a de prevención territorial, para que pueda actuar en microempresas y pymes en las que no haya representación sindical, y la del Delegado Sectorial de prevención. En este sentido, ha declarado que “es evidente que con la Inspección de Trabajo y con la ley que tenemos, a pesar de ser una de las más avanzadas de Europa, no tenemos bastante, porque nosotros somos un país de pymes”.

Ha confiado en que, “de manera inmediata, sin esperar acabar las negociaciones que tenemos en marcha, podamos abordar este tema porque realmente es una vergüenza”.  Ha recordado que a pesar de la caída del PIB que se ha producido en 2020, los accidentes de trabajo mortales han crecido un 10%. “Esto pone de manifiesto hasta qué punto es muy importante, ponerse manos a la obra y acabar con esta sangría de muertes y de pérdida de salud y movilidad para muchas personas”.

Un Primero de Mayo presencial y con seguridad

Pepe Álvarez ha instado a participar en este Primero de Mayo, que será presencial, y “se hará con “plenas garantías para la salud de las personas, sin ningún tipo de riesgo”. Un año “especialmente importante porque los sindicatos estamos centrados en que el Gobierno entre en una fase de negociación definitiva para derogar las reformas laborales”, que influyen en la posibilidad que tenemos los trabajadores/as de exigir medios para poder protegernos”, sin que suponga una amenaza para el puesto de trabajo.  

“Tenemos pendiente, además, el tema de las pensiones. Creo que vamos a conseguir de manera, más o menos inmediata, que se derogue la reforma de pensiones del PP”, para que se revaloricen de manera automática las pensiones, conforme al IPC y desaparezca el Factor de Sostenibilidad. 

Queremos que este Gobierno, seguramente el más sensible a los intereses de las personas trabajadoras, no equivoque el tiro y atienda sus demandas y exigencias. “No es suficiente que tenga un programa que ya recoja estas cuestiones, sino que la movilización es un elemento que tenemos que combinar en nuestra acción reivindicativa”.

También ha hecho mención a que en Madrid se vive un momento muy especial, con una tensión y crispación política insoportable y desconocida, donde se pinta un día sí y otro también las estatuas de los líderes sindicales y políticos de la República.  El último episodio el de los sobres con las balas, demuestra la gravedad de clima que vivimos. El Secretario General de UGT, ha aprovechado para trasladar su solidaridad con el vigilante de seguridad, “me parece una indignidad que en este país se busque como responsable al trabajador de seguridad, atacan al eslabón más débil y me parece una prepotencia que se pida que se le aparte del servicio, como si fuera una escoria.  ¿Hasta dónde vamos a llegar?”.

28A, un día de recuerdo y reivindicación

Por su parte, Ana García de la Torre ha afirmado que este 28 de abril es un día de recuerdo y de reivindicación. De recuerdo “a las personas que han perdido la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, pero, también, a las personas que han sufrido o sufren la COVID 19, y sus familias, así como un reconocimiento a las personas trabajadoras que están y han estado luchando en condiciones muy difíciles en primera línea contra esta pandemia”.

Será un día de reivindicación, porque tenemos identificados los principales problemas que inciden en la siniestralidad laboral y aportamos propuestas para atajarla. Sin embargo, “necesitamos voluntad política y mucho diálogo social”.

Ha señalado que las políticas preventivas no dan el resultado esperado porque: las empresas incumplen la normativa de prevención, porque hay una masiva externalización de la gestión preventiva, por la precarización de las condiciones de trabajo, y porque la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas, “se sigue viendo como un coste, no como una inversión”. 

García de la Torre ha dicho que el Plan de choque debe tratar: la elevada incidencia de los Trastornos Musculo Esqueléticos de origen laboral, y los efectos de los riesgos psicosociales, porque “las muertes durante la jornada laboral por infartos y derrames cerebrales son la primera causa de fallecimiento en accidente laboral desde hace tiempo”.

Ha recordado que “UGT propone la revisión del listado de enfermedades profesionales para incluir las patologías derivadas de los riesgos psicosociales de origen laboral, o los cánceres de origen profesional”.  En este sentido, ha dicho que “2021 debe ser el inicio del fin del cáncer de origen laboral” . Asimismo, ha hecho hincapié en que la COVID-19 sea calificada como enfermedad profesional y que no solo afecte al personal sanitario o sociosanitario, sino que dé cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.

Negociar un nuevo modelo preventivo

Ha pedido actualizar la Ley 31/1995 porque, después de 25 años de vigencia, presenta deficiencias que deben subsanarse. “Necesitamos un modelo preventivo que anteponga la salud de los trabajadores y trabajadoras a los beneficios empresariales, que acabe con la mercantilización de la salud laboral”. 

El nuevo modelo preventivo debe tener en cuenta, la perspectiva de género, las nuevas tecnologías de la información, el envejecimiento de la población trabajadora, las nuevas formas de organización del trabajo, el estrés laboral, el acoso y la violencia en el trabajo y la alta incidencia de los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral.

Además, ha pedido iniciar las negociaciones para aprobar una nueva Estrategia donde se encuadren las políticas preventivas, pues la anterior ha caducado en diciembre de 2020.

Otras propuestas serían dotar de mayores recursos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía en materia de siniestralidad laboral; y reducir el tiempo hasta que los Juzgados de lo penal dictan sentencia en los juicios por accidentes de trabajo. Según la memoria del 2019 tardaron de media 6 años y 5 meses desde la fecha de los hechos.  El objetivo debe ser que ninguna muerte en el trabajo quede impune. 

“Desde el sindicato seguiremos trabajando para asegurar la calidad del empleo, que nadie tenga que elegir entre trabajo y salud, y que la salud y la seguridad sea un derecho fundamental”- ha concluido.

Las muertes tienen que ser cero

Por su parte, Luis Miguel López Reillo, ha señalado que “desde 2002 hemos firmado un plan de director de prevención de riesgos laborales y que este año, aunque se ha firmado, faltan los convenios”, porque todo ha quedado paralizado por las elecciones precipitadas convocadas por la Sra. Ayuso.

Ha recordado que en año pasado en Madrid fallecieron 59 personas, pese a que hubo menos actividad y ha aprovechado para reclamar, también, el Plan de Choque Nacional.

Por último, ha insistido en que la incertidumbre por la reforma laboral, con condiciones de trabajo precarias, ha disparado los riesgos psicosociales de origen laboral, que influyen en un aumento de los infartos e ictus. 

“Las muertes tienen que ser cero, mientras tanto no podemos estar satisfechos en UGT”.