​Según la guía “Evolución jurídica derivada de la presencia de amianto en los centros de trabajo 2013” de UGT, entre 60.000 y 90.000 personas podrían haberse visto afectadas por la exposición al amianto en España. El sindicato subraya la necesidad de actuar conforme a una estrategia compartida por todos los actores sociales para dar una solución adecuada a este problema y reclama terminar con las incoherencias y contradicciones de los datos sobre afectación y reconocimiento de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto, conseguir una actualización del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de incluir, entre otras, las derivadas del trabajo con este material, y la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una medida ya utilizada en otros países europeos.

La dimensión del problema en nuestro país se evidencia a través de la consideración de estimaciones cuantitativas (las cifras reales podrían ser más elevadas) de diferentes informes como:

El estudio europeo CAREX cifraba a finales de la década de los 90 el número de trabajadores expuestos en 56.600.

El Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expuestos al Amianto (PIVISTEA) tenía registrados a finales de 2012 un total de 35.630 trabajadores. Hay que tener en cuenta que no todas las CC.AA. comunican datos sobre la afectación y las que lo hacen no lo efectúan con los mismos criterios, ni disponen de suficientes medios para la captación, verificación, tratamiento y control de la información suministrada por los empresarios.

En la guía editada por UGT-CEC “Evolución jurídica derivada de la presencia de amianto en los centros de trabajo. 2013”, basada en diversos estudios y fuentes, se llega a estimar entre 60.000 y 90.000 el número de trabajadores implicados en la realización de trabajos en los que se utilizaba el amianto.

Según una estimación del Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, el total de supuestos reales de dolencias derivadas del amianto para el periodo 2003-2009 ascendería a 7.154 trabajadores en el ámbito nacional.

Frente a esta estimación. En el periodo 2007-2012, el total de expedientes de enfermedad profesional declarada por amianto asciende a 540.

Las estimaciones, ponen de manifiesto la necesidad de dar un mayor reconocimiento y un tratamiento adecuado a las víctimas del amianto, una necesidad de justicia ya que está ampliamente reconocido nacional e internacionalmente el perjuicio que origina esta sustancia sobre los trabajadores que han sido expuestos a la misma.

UGT en diversos foros de participación, y en contacto permanente con las asociaciones de afectados, ha mantenido siempre una línea orientada a lograr satisfacer las necesidades de estos trabajadores/as y sus familiares. Sin embargo, a pesar de estas actuaciones conjuntas, ni las administraciones ni las organizaciones empresariales han mostrado el interés suficiente para dar solución adecuada a este problema.

El sindicato critica que se pretenda ignorar este problema de naturaleza social y subraya la necesidad de actuar conforme a una estrategia compartida por todos los actores sociales que consistiría en una primera fase en llegar a la resolución de los siguientes puntos:

• Terminar con las incoherencias y contradicciones de datos sobre la afectación y reconocimiento de las enfermedades derivadas del amianto mostradas documentalmente entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el de Sanidad. Como ejemplo y así se evidencia en el PIVISTEA 2013 en referencia a algunas enfermedades detectadas como originadas por el amianto y su reconocimiento como enfermedad profesional: Fibrosis pleural 187 detectadas y 11 reconocidas; Alectasias Redondas 126 detectadas y ninguna reconocida; Neoplasia Laríngea 27 detectadas y ninguna reconocida; Placas pleurales 2303 detectadas y 6 reconocidas; mesoteliomas 84 detectados y 2 reconocidos, etc.
  
• Conseguir una actualización del cuadro de enfermedades profesionales contenido en el R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre con el objetivo de incluir, entre otras, las derivadas del trabajo con amianto. Esto es determinante para la clarificación de una situación que origina incertidumbres entre los trabajadores afectados y el personal médico y evaluador a la hora de clasificar el origen profesional de los daños a la salud, lo que permitiría una mayor agilidad en la resolución de expedientes y reclamaciones.
  
• Por último, y como colofón a lo anterior, una medida lógica y esencial ya utilizada en nuestro entorno de países desarrollados (Francia, Italia, Holanda, etc.) con buenos resultados: la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto sin culpa que tendría un carácter público y participativo, en el que se incluirían diferentes administraciones, mutuas, empresarios, sindicatos y afectados. Este órgano ha sido demandado en múltiples ocasiones por nuestro sindicato como una muestra más del interés por alcanzar soluciones compartidas, dialogadas y responsables a las dificultades que se originan en el mundo de la Salud Laboral.
  

Las tres propuestas, configuran una primera etapa, de naturaleza obligatoriamente participativa, que nos permitiría reducir el nivel de conflicto social y jurídico alcanzado por las justas demandas y reclamaciones de los trabajadores y familiares afectados por el amianto, acelerar su solución (como ejemplo tenemos los procesos judiciales que precisamente en estos días se están celebrando sobre los afectados de Uralita en Sevilla) y alternativamente explorar un futuro diseño de sistemas de negociación conjunta de este tipo de situaciones ahora que la actitud deliberadamente obstruccionista del gobierno impiden alcanzar acuerdos en los canales habituales de negociación y participación colectiva.​