El continuismo en la política económica retrasa la solución a los problemas de las personas

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​El Congreso de los Diputados ha certificado hoy el continuismo de la política económica española de los últimos años mediante la convalidación de los reales decretos-ley y los acuerdos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y techo de gasto aprobados por el Gobierno el pasado 2 de diciembre, como paso previo para la elaboración de los Presupuesto Generales del Estado 2017. UGT se reafirma en la necesidad de un cambio estratégico en la política económica que apueste por el crecimiento, la creación de empleo, y de calidad, la lucha contra la desigualdad y la pobreza y la recuperación de los servicios públicos. Aspectos de relevancia reconocida incluso por el FMI en los últimos tiempos y sobre los que inexplicablemente parece retractarse. Todo ello aporta más razones para la movilización social.

La Unión General de Trabajadores rechaza el continuismo en una política económica que da prioridad a la consolidación fiscal sobre cualquier otro objetivo, y que en los últimos años ha demostrado tener consecuencias rotundamente negativas sobre el empleo, la calidad de vida de los ciudadanos y el reparto equitativo de la riqueza. No obstante, y en relación con el contenido de los reales decretos-ley sometidos a la convalidación del Congreso de los Diputados en el día de hoy, UGT ya ha manifestado su acuerdo en que la consolidación fiscal que debe afrontar nuestro país se realice básicamente a través del aumento de la recaudación tributaria, por una cuestión básica: España mantiene una presión fiscal global que es 6,9 puntos del PIB inferior a la media de la zona euro. Es decir, ingresa cada año unos 70.000 millones de euros menos que la media de los países de nuestro entorno, lo que determina la dimensión de nuestro estado de bienestar y del conjunto de políticas públicas. Sin corregir este déficit de ingresos tributarios no es posible construir un país con el nivel de desarrollo económico y social como el que desean la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.

La principal crítica que cabe hacer a las medidas tributarias debatidas hoy es su escaso calado y la falta de inserción de las mismas en un conjunto de actuaciones de mayor dimensión. Siendo positivas en términos generales, su aportación global a la solución del problema de ingresos que soporta España es marginal. Como viene siendo habitual, el Gobierno del PP actúa en esta materia en base a ocurrencias y necesidades puntuales. Pero nuestro país lo que necesita es una reforma fiscal integral que revise la estructura y funcionamiento de todas las figuras impositivas de nuestro país.

En este sentido, el Sindicato considera muy decepcionantes las conclusiones preliminares de la Declaración Final sobre España de la Misión del FMI hechas públicas recientemente, y que parecen realizadas a medida de las necesidades del Gobierno más que un análisis riguroso de la situación. Tras unos informes en los que el FMI había impregnado - siquiera moderadamente- sus análisis y conclusiones de un sesgo más social, con críticas al impacto de la intensa caída salarial sufrida por los trabajadores y trabajadoras de algunos países europeos (entre ellos España) y con profusas y acertadas referencias al aumento de la desigualdad tras la crisis debido a las políticas aplicadas, recuperan el listado de recetas tradicionales que esta institución viene repitiendo en toda situación desde hace décadas, con un marcado sesgo ideológico en favor de políticas desreguladoras y de corte regresivo, y en un tono muy complaciente con las políticas aplicadas por el Gobierno del PP.

FMI, conclusiones decepcionantes

UGT no ve reflejadas en el texto prácticamente ninguna de las principales consideraciones que realizó en la reunión que mantuvo, conjuntamente con CCOO, durante la visita del equipo del FMI, el día 20 de octubre de este año. Nada se dice del acusado aumento de la precariedad laboral (algo difícilmente rebatible con datos, y sobre lo que existe una elevado consenso entre todos los analistas), de los recortes en la protección por desempleo (que ha reducido la tasa de cobertura a niveles mínimos), del impacto sobre las rentas familiares de la caída salarial, y de su responsabilidad en el incremento que muestran las inmensa mayoría de indicadores de desigualdad económica y niveles de exclusión social y pobreza (situando a nuestro país a la cabeza de Europa en tan penosos registros), o de la pérdida de poder adquisitivo que están empezando a sufrir ya este año los más de 8,5 millones de pensionistas de nuestro país como consecuencia de la reforma del sistema de pensiones que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular de manera unilateral.

El texto insiste en la necesidad de aplicar ajustes presupuestarios que continúen los implementados entre 2010 y 2013, a pesar de que no han logrado reducir el déficit al ritmo planteado (los compromisos con la Comisión se han incumplido todos los años del período) y que han sido los causantes del aumento de los niveles de pobreza y desigualdad y del paulatino desmantelamiento de los servicios públicos esenciales.

Como aspecto positivo, el análisis del Fondo apunta a la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, algo que venimos reclamando desde UGT. Solo con más ingresos será posible consolidar adecuadamente las cuentas públicas y fortalecer simultáneamente el estado de bienestar. Como forma de hacerlo, el texto señala al aumento de los impuestos especiales (algo que el Gobierno ha hecho, aumentando los impuestos sobre el alcohol y el tabaco y creando uno nuevo sobre las bebidas azucaradas, y que el Fondo propone extender a al impuesto sobre carburantes) y de las tasas medioambientales y la reducción de las exenciones del IVA. Sin embargo, resulta muy incoherente que, a la vez que recomienda elevar la recaudación, avale las rebajas de tipos realizadas en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF, que solo pueden derivar en una rebaja de ingresos. La razón de este planteamiento es la preferencia ideológica de los autores del informe por el aumento de la imposición indirecta (como el IVA), que todo el mundo paga en idéntica proporción y que por tanto tiene efectos regresivos (perjudica más a quienes menos ingresos tienen) frente a los directos (como Sociedades y el IRPF), que se pagan en función de la renta, y que por tanto tienen efectos progresivos, permitiendo elevar la justicia del sistema.

En cuanto al mercado laboral, las líneas de actuación que plantea el documento del Fondo nos parecen muy preocupantes, puesto que en esencia insiste en profundizar las reformas del mercado de trabajo de los últimos años, cuyo impacto ha sido muy negativo. Algunas afirmaciones que se realizan en el texto resultan especialmente llamativas, como cuando dice que gracias a las reforma laborales “el mercado es más resistente a los shocks”, o que “se ha registrado una moderada reducción de la dualidad”.

Todos los datos apuntan a que el impacto de las reformas laborales de 2010 y, sobre todo, 2012, han hecho justo lo contrario. Por un lado, la desregulación extrema que han promovido han aumentado la volatilidad del empleo, de modo que puede que se cree más empleo en las fases de expansión como la actual, pero al ser más precario y de menor calidad (temporal, tiempo parcial, indefinido con menos garantías legales), se destruirá también con mayor intensidad cuando llegue una nueva fase recesiva. Por otro, las estadísticas oficiales hablan por sí solas: la tasa de temporalidad del empleo antes de la reforma de 2012 era del 23,8%, y en el tercer trimestre de 2016 se sitúa en el 26,9%. ¿Cómo pueden argumentar seriamente los analistas del FMI que la temporalidad ha mejorado con las reformas?

Ante lo erróneo del diagnóstico, no sorprende lo erróneo también de las recetas planteadas, que pasan por que “los contratos indefinidos sean más atractivos para los empleadores” (sin explicar cómo hacer que sea así), ofrecer a las empresas “una mayor seguridad jurídica y administrativa en materia de despido” y “un mayor margen de control y flexibilidad en materia de condiciones de trabajo”. Los redactores del documento recogen así en el mismo las reivindicaciones máximas de las patronales más reaccionarias y ultraliberales, proponiendo despidos más fáciles y mayor discrecionalidad en el gobierno de las relaciones laborales para las empresas.

Quizá lo más sorprendente en todo el documento de conclusiones es la ausencia de mención alguna en todo el texto de las cuestiones relativas a la desigualdad, la lucha contra la pobreza y la cohesión social. Ni siquiera se mencionan estas palabras en todo el texto. Para las organizaciones sindicales este es un elemento central para medir el éxito o el fracaso de cualquier política económica, y sorprende este silencio porque ha sido el propio Fondo Monetario el que ha destacado de manera acertada, en algunos análisis recientes, el impacto negativo sobre estas cuestiones de las políticas de austeridad aplicadas desde 2010, recomendando una recuperación salarial para reducir las bolsas de pobreza y los alarmantes niveles de desigualdad existentes en nuestro país.