La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que, con las cinco personas trabajadoras fallecidas durante la última semana como consecuencia de su trabajo, llevamos ya 328 accidentes de trabajo mortales en lo que va de año. De estas cinco últimas muertes, 3 eran pertenecientes al sector de la construcción, uno al sector agrícola y otro correspondiente a transporte. Entre las causas de estos accidentes se identifican las caídas en altura, derrumbes o la falta de coordinación.

El contador de la vergüenza se ha disparado durante este año. El incesante goteo de las muertes en el trabajo es altamente preocupante y debe ser abordado con urgencia. Por ello, UGT reclama la necesidad de actuar de manera inmediata contra la lacra de la siniestralidad laboral con un Plan de Choque en esta materia, que sea negociado en el seno de una Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Para el sindicato, este plan de choque tiene que contar con la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales; o con la creación de una figura, a nivel estatal, similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, que ya existe en algunas Comunidades Autónomas y ayudaría, sin duda, a mejorar la prevención en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que no tiene representación sindical. Es un hecho que los centros de trabajo sindicalizados, son centros de trabajo más seguros.

Además, UGT reclama la dotación de mayores recursos, tanto materiales y humanos, para la Inspección de Trabajo, con el fin de garantizar una mayor vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, a través del aumento del número de visitas planificadas a empresas. 

Se deben poner todos los esfuerzos necesarios sobre la mesa para acabar con una lacra social que año a año se lleva la vida de cientos de personas, algo inasumible para un país que aspira a consolidar unos estándares de calidad de vida y estado de bienestar como el nuestro.