La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, interviene en las Jornadas de Acción Sindical de UGT FICA Castilla y León

Unas jornadas en las que ha reclamado “soluciones urgentes a las continuas víctimas en el trabajo. Cada día, dos personas mueren como consecuencia de su actividad laboral. Accidentes que podrían evitarse si las empresas cumplieran con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, cosa que no hacen, como demuestran las cifras”.

En este sentido, ha destacado que “los sistemas de gestión de la prevención en las empresas están fallando, ya que, lejos de disminuir, los accidentes aumentan, con especial incidencia de los mortales, por lo que los mecanismos preventivos no están funcionando, ya que se incumple la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas, hay una masiva externalización de la gestión preventiva, la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano y la Inspección de Trabajo está sobrepasada”. 

Por ello, ha reclamado “impulsar la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 en las empresas, que es la hoja de ruta que va a marcar las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo para los próximos años. Una ley que supone un avance sobre la anterior, incluye el abordaje de los nuevos riesgos que suponen las diferentes transiciones, digital, ecológica y demográfica, o temas tan fundamentales como el cáncer de origen laboral”.

Además, esta estrategia “revisará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva y reforzar la protección de las personas trabajadoras frente a los riegos psicosociales, fomenta la introducción del enfoque de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales e incluye por primera vez dentro de su ámbito a las personas autónomas”.

Un plan de choque contra la siniestralidad laboral

Durante su intervención, Ana García de la Torre ha reclamado la “inmediata apertura de una Mesa de Diálogo Social para actualizar el marco normativo de la prevención de riesgos laborales y mejorar la integración de la actividad preventiva en las empresas, una mesa que ya está apalabrada con el Gobierno y que supone una reivindicación histórica por parte de UGT”.

En esta mesa, ha considerado “esencial” el impulso de “un auténtico Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, que aborde todos los tipos de accidentes de trabajo y todas las causas de los accidentes laborales con resultado mortal, de forma urgente y con soluciones inmediatas. Un plan de choque real y eficaz, que proteja y mejore la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de nuestro país”.

Un plan que recoja medidas imprescindibles como “la modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo que generan nuevos riesgos para las personas trabajadoras y subsanar las deficiencias que presenta, como la necesidad de abordar la externalización de la prevención o dotar de perspectiva de género a la prevención de riesgos; la creación de una figura similar a la del delegado/a territorial de prevención de riesgos laborales a nivel estatal; y dotar de mayores recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo, para fomentar su actuación a la hora de comprobar el cumplimiento normativo de la ley por parte de las empresas”. 

Además, ha considerado fundamental “habilitar mecanismos de comunicación en la Fiscalía General del Estado, entre el sindicato y los Fiscales Delegados en esta materia, con el fin de poner en conocimiento de la Fiscalía los posibles delitos de riesgo, aun en los casos en los que no haya resultado de lesiones o muerte. De esta manera, la Fiscalía podría actuar de manera preventiva y determinar si hay delito contra los derechos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales; y mayores recursos, tanto materiales como humanos, para la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, ya que no es justo que las víctimas de accidentes de trabajo tengan que esperar una media de 5 años para obtener una sentencia en primera instancia”.