​UGT y CCOO solicitan al Gobierno que elabore una Ley de Segunda oportunidad para permitir a los trabajadores mantener su vivienda o acceder a otra en régimen de alquiler social, así como a rehacer su vida sin tener que arrastrar una deuda de por vida. El Tribunal de la Unión Europea, puso en entredicho nuestro sistema de ejecución hipotecaria, y la total desprotección de los trabajadores ante las entidades financieras y la falta de una segunda oportunidad, una cuestión que también ha reclamado el propio Defensor del Pueblo y los Jueces Decanos de España. Ambos sindicatos defienden establecer mecanismos adecuados de quita o condonación de la deuda, para deudores de buena fe, fijando procedimientos de mediación alternativos en caso de sobreendeudamiento por cláusulas abusivas, y a costes asequibles (incluso modificando a tal fin la Ley de Justicia gratuita). Asimismo, consideran justo que las entidades financieras, que han sido rescatadas con el esfuerzo de todos los ciudadanos, colaboren ahora en el rescate de los trabajadores, sobreendeudados, en muchas ocasiones, por la mala praxis bancaria.

La crisis económica y financiera sufrida desde el año 2007, a quién más ha afectado es a los trabajadores y trabajadoras de este país.

La recuperación de la demanda a través del consumo es muy difícil, fundamentalmente por la pérdida de renta causada por el aumento del desempleo, el empeoramiento de la condiciones salariales y el sobrecoste que ha supuesto para las familias la hipervaloración de los inmuebles, que llevó a la comercialización desmesurada de hipotecas, y otros productos bancarios en una época, en que parecía que la burbuja inmobiliaria nunca iba a estallar.

Según los datos del Banco de España: “la deuda de las familias alcanzó el 83% en 2007, un valor que supera al del promedio de la UE, y en términos del PIB, dicho endeudamiento ha seguido aumentando alcanzando su valor máximo en 2010.

Además, la trayectoria seguida por los salarios en España está provocando un aumento de las desigualdades y la pobreza. La extensión del desempleo y la pérdida salarial han tenido consecuencias sobre la capacidad adquisitiva de las familias españolas. Se ha producido un descenso de los salarios reales en el conjunto del periodo 2010 a 2013, acumulando una pérdida salarial real de 7,2 puntos. Asimismo se ha producido un aumento de la población en riesgo de pobreza. El indicador de población en riesgo de pobreza o exclusión social contenido en la Estrategia Europa 2020, indica que España se encuentra en una situación preocupante: el 27,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, casi 3 puntos por encima que en 2009 (24,7% de la población).

A esto hay que unirle la situación creada por el retraso de casi tres años en el abono de las prestaciones, a los trabajadores, en caso de insolvencia de las empresas, de sus indemnizaciones y salarios, por parte del FOGASA, retraso que ha supuesto, no disponer en total de casi mil millones de euros, por parte de las familias, en el conjunto de España.

La situación hipotecaria

En España, desde enero de 2008, hasta septiembre de 2014, últimos datos de que se dispone, según el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), se produjeron 559.968 ejecuciones hipotecarias, lo que ocasionó 366.090 propuestas de desahucio en los Juzgados (lanzamientos recibidos), produciéndose el desahucio en 232.077 ocasiones (lanzamientos con cumplimiento positivo).

Ante esta situación el Gobierno implementó una serie de medidas legislativas: el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, así como el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores. Sin embargo, esta medidas, tanto por el corto alcance de sus beneficiarios, así como por la falta de voluntad de las entidades financieras, a las que sí ha salvado el Gobierno, no han conseguido ni paralizar las ejecuciones hipotecarias, ya que en los nueve primeros meses de 2014, según la estadística del CGPJ, se incrementaron un 6% respecto al mismo periodo de 2013, ni tampoco ha logrado reducir el número de desahucios, ya que, según la misma estadística judicial, los lanzamientos practicados como consecuencia de un procedimiento de ejecución en ese mismo periodo, se incrementaron un 15,2% respecto al año anterior.

Los bancos españoles recibieron 41.300 millones de euros del rescate bancario de la Comisión Europea, mientras tanto, el presupuesto que destina el Gobierno de España para mejorar el acceso a la vivienda ha disminuido durante la última legislatura un 33%, 394.4 millones de euros menos, lo que ha reducido sustancialmente las ayudas a las que podrían acogerse los trabajadores sin recursos para poder acceder a una vivienda en cualquiera de sus modalidades. Además, la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona, vino a promover la importante sentencia del Tribunal de la Unión Europea (STUE) de 14 de marzo de 2013, 14 de junio de 2012 y 17 de julio de 2014, ha puesto en entredicho a nuestro sistema de ejecución hipotecaria, poniendo de manifiesto la total desprotección de los trabajadores ante las entidades financieras y la falta de una segunda oportunidad.

Hipotecas multidivisa, la manipulación del libor, el euríbor y otros productos financieros

Las hipotecas multidivisa se comercializaron indiscriminadamente, en los años 2007 y 2008, entre trabajadores y trabajadoras sin conocimientos financieros, con un salario medio, y sin posibilidades de afrontar un cambio como el que ha supuesto la quiebra de Lehman Brothers, que determinó la caída del valor del Euro, y que ha llevado a una guerra de divisas sin precedentes que culminó con la eliminación del tipo de cambio fijo por parte del Banco Nacional de Suiza (BNS), lo que ha llevado al incremento de la deuda hipotecaria de miles de trabajadores y trabajadoras, todos los hipotecados en una moneda diferente al euro, que en determinados momentos ha supuesto casi más del 60 % del valor inicial en el que se endeudaron para la compra de su casa, con el consiguiente drama familiar que ha supuesto una hipoteca que ya no se comercializa .

La Sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014, resolviendo una cuestión prejudicial planteada desde Hungría, en relación con una hipoteca multidivisa, para conocer la interpretación de los artículos 4, apartado 2 y 6 apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, determinó que las cláusulas multidivisa son abusivas al causar en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante, de las prestaciones.

El Defensor del Pueblo y los Jueces Decanos

Tanto el Defensor del Pueblo como los Jueces Decanos de España en su reunión del pasado 1-3 de diciembre de 2014, han propuesto que se contemple legalmente una segunda oportunidad para las personas físicas, ciudadanos no empresarios, así como que se module la aplicación del art. 1911 Cc para los supuestos de sobreendeudamiento. Entre otras manifestaciones han insistido en que:

“Otros ordenamientos jurídicos han abordado el problema, estableciendo la figura de la exoneración de deudas pendientes, con diferentes modalidades, generalmente para los casos de endeudamiento excesivo de personas físicas honestas, que ven perdonadas sus deudas sin el consentimiento de los acreedores”.

“Esta figura no encuentra su reflejo en el ordenamiento jurídico español, que sigue el principio de responsabilidad patrimonial universal para las personas físicas (artículo 1911 del Código Civil), y la ley Concursal española recoge como finalidad del concurso, la satisfacción de los acreedores; además, propicia en todo momento que el deudor anticipe el concurso para evitar que la situación se agrave en perjuicio de los acreedores”.

“La cuestión fundamental es que las personas físicas no tienen la posibilidad de proteger su patrimonio. Quienes no están en el umbral de exclusión, únicamente encuentran respuesta en el ordenamiento jurídico si su insolvencia es mínima”.

Se hace necesario por tanto, elaborar nuevos mecanismos legales y sociales, en el ámbito o fuera de la Ley Concursal, que permitan a los trabajadores afectados por esta crisis volver a tener una segunda oportunidad. 

Por ello, desde las Confederaciones sindicales de CCOO y UGT, solicitamos al Gobierno de España que proponga y elabore una Ley que permita a los trabajadores mantener su vivienda o acceder a otra en régimen de alquiler social, así como a rehacer su vida laboral y personal sin tener que arrastrar una deuda por vida. 

Para ello se hace necesario elaborar una Ley de Segunda oportunidad con mecanismos adecuados de quita o condonación de la deuda para deudores de buena fe, con el establecimiento de procedimientos de mediación previos o alternativos o en caso de sobreendeudamiento por cláusulas abusivas, determinados en la norma, para su correcta articulación y cumplimiento. Y a costes asequibles, incluso modificando a tal fin la Ley de Justicia Gratuita.

Consideramos justo que las entidades financieras a las que se han rescatado con el esfuerzo de todos los ciudadanos, y a cuya costa han acumulado un importante parque de viviendas, muchas de ellas adquiridas por el SAREB, colaboren ahora en el rescate de los trabajadores y trabajadoras de este país, sobreendeudados en muchas ocasiones, por su mala praxis bancaria.