Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que tiene lugar mañana, 21 de marzo, UGT ha elaborado un informe en el que destaca que los recortes en servicios y prestaciones sociales y las sucesivas reformas del mercado de trabajo definen un escenario en el que los grupos más vulnerables, por su situación económica, su nacionalidad u otras causas, ven incrementada su desigualdad y disminuida su protección social.
UGT rechaza el contenido de la instrucción que deja sin contenido disposiciones del Reglamento de la Ley de Extranjería, acordados en el marco del Diálogo Social y que posibilitan la renovación de autorizaciones de residencia y considera de dudosa legalidad esta medida que perjudica gravemente a la población extranjera.
UGT considera que el convenio anunciado entre el Ministerio de Justicia con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para que esta institución, a través de los más de 1.000 registradores existentes, preste su apoyo a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, es un paso más en la privatización de la actividad administrativa.
UGT denuncia que los convenios especiales de prestación por asistencia sanitaria a extranjeros en situación administrativa irregular, suponen una violación de un derecho básico y una dejación de funciones por parte de las administraciones, que ponen en riesgo la salud de las personas y de la salud pública general.
El 1 de septiembre los inmigrantes en situación administrativa irregular, ya no tendrán derecho a la asistencia sanitaria, excepto los menores de edad, y los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica, embarazo, parto y posparto. La nueva regulación, además, dificulta o puede eliminar el derecho o crear periodos de desatención e interrupción de tratamientos, para ciudadanos españoles, comunitarios y extranjeros no comunitarios en situación administrativa regular.
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