Una jornada en la que ha reclamado la necesidad de aumentar el precio del despido improcedente en nuestro país. “Es muy bajo, contrario a la normativa europea, y en lugar de disuadir al empresario, le alienta”.

Para Luján, la indemnización por despido “debe ser disuasoria y resarcir los daños causados. Los despidos improcedentes anuales se cuentan por decenas de miles, no son un porcentaje mínimo”.

Además, ha considerado que “repercute en aumentar la brecha de género, ya que el sexo no ha sido tenido nunca en cuenta como criterio de cuantificación diferencial de la indemnización por despido, cuando hay un efecto en la antigüedad debido a la menor actividad laboral de las mujeres por su mayor corresponsabilidad”.

“Poco a poco se ha ido consolidando la idea perversa de que el despido ilegal es un derecho del empresario, al que puede acceder si paga lo estipulado en la norma”, ha señalado. “Pero esto no es así. De hecho, los sistemas de indemnizaciones tasadas sin posibilidad de valoración extra de daños son escasos en Europa, solo en Italia y Francia, y ya han sido considerados contrarios al artículo 24 de la Carta Social Europea”.

“La propia normativa de la Unión Europea”, ha recordado, “en aquellas materias en las que tiene competencia (como en relación a la lucha contra la discriminación en el trabajo por razón de sexo), establece expresamente que deben garantizarse indemnizaciones adecuadas, por lo que quedan prohibidas las indemnizaciones tasadas”.

Por todo ello, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha reclamado “corregir la disfunción española y acomodar la normativa española a la internacional. El precio del despido improcedente debe aumentar y adaptarse a las realidades de las personas trabajadoras, pudiendo garantizarles un plus en función de sus características personales. La cultura de la precariedad va unida a la cultura del despido, y eso no se puede consentir”.