Un 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es interino. La cifra se había conseguido reducir hasta el año 2011 a un 8%, con el desarrollo de la LOE y la aplicación de amplias ofertas de empleo público (OEP). A partir de ese momento la irresponsabilidad de las Administraciones educativas ha llevado a un engrosamiento de las bolsas de interinos, de tal modo que uno de cada cuatro docentes se encuentra en esta situación.
La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, reunida hoy en Bilbao (Bizkaia), tras analizar el Debate de Investidura celebrado los días 26 y 27, y ante la previsible constitución de un nuevo Gobierno tras la segunda votación que se celebrará el sábado, requerirá al Ejecutivo que ponga en marcha inmediatamente el diálogo social al que se ha comprometido el candidato a presidente y que negocie un nuevo contrato social que reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses económicos.
El sector de enseñanza de UGT no admite el chantaje anunciado por el candidato del Partido Popular al gobierno, de suspender las reválidas hasta que se concluya el Pacto por la Educación. Si realmente tiene esa intención, lo que debe hacer, de inmediato, es retirar el RD de reválidas y más tras las numerosas movilizaciones contra su política llevadas a cabo en el día de ayer por la comunidad educativa.
El sector de Enseñanza de FeSP-UGT, ante la convocatoria de huelga de CEAPA, Sindicato de Estudiantes, FAEST y Estudiantes en Movimiento para el día 26 de octubre, se solidariza con los convocantes y participará en las concentraciones/manifestaciones que están programadas para dicho día.
El sindicato manifiesta su apoyo a las reivindicaciones de padres/madres y estudiantes contra las reválidas por considerar que atentan contra la educación integral y la evaluación continua realizada a lo largo de la etapa.
La tasa de pobreza infantil en España es del 13,3% -2.826.549 niños y niñas se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social- sin embargo, nuestro país es uno de los que menor porcentaje de su PIB destina a transferencias sociales.
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