​El Gobierno debe dejar de utilizar a los pensionistas para cuadrar las cuentas y derogar antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, la reforma unilateral que aprobó en 2013, que además de romper el consenso en materia de pensiones, condena a los pensionistas presentes y futuros a una pérdida constante de su poder adquisitivo. El Ejecutivo mantiene artificialmente el déficit de Seguridad Social  para no subir las pensiones más que un 0,25% y se escuda en el Pacto de Toledo como excusa.