En cartas dirigidas al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. José Manuel Albares Bueno, a la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez y a diferentes grupos parlamentarios, ambos sindicatos hemos exigido al gobierno de España y a los diputados y diputadas españoles que ejerzan presión para asegurar el seguimiento de la resolución relativa a la aplicación el artículo 33 de la Constitución de la OIT aplicada sobre Myanmar y adoptada en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de 2025 en Ginebra. Así UGT y CCOO han mostrado su firme apoyo al movimiento sindical de Myanmar en su llamamiento a todos los mandantes de la OIT y a las organizaciones internacionales para que contribuyan a su plena aplicación.

La situación de los derechos humanos en Myanmar sigue deteriorándose a medida que la Junta militar intensifica la violencia militar y se dispone a celebrar elecciones el 28 de diciembre de 2025. Dicho proceso electoral no puede considerarse libre ni justo: no participará ninguna oposición real, el voto electrónico impide expresar el rechazo, el sufragio es obligatorio en un contexto de violencia y represión, y se han aprobado leyes específicas para criminalizar cualquier oposición a estas elecciones. Por esta razón, CCOO y UGT han solicitado además a los diputados y diputadas españoles su adhesión a una carta abierta impulsada por parlamentarios y parlamentarias de Nueva Zelanda contra estas elecciones fraudulentas que la Junta militar de Myanmar pretende celebrar en diciembre de 2025.

Además, y como se ha señalado en la 355ª reunión del Consejo de Administración de la OIT del pasado noviembre de 2025, dichas elecciones organizadas por los militares son motivo de profunda preocupación. Se convocan en un contexto en el que las autoridades militares siguen sin avanzar en el respeto de la voluntad popular y en el restablecimiento de las instituciones y los procesos democráticos, más de cuatro años después del golpe militar. Además, la Junta militar está ejerciendo una enorme presión y coaccionando a personas trabajadoras y votantes para que voten en las elecciones de diciembre. 

La activación del mecanismo de aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT es la herramienta más severa que se contempla en el marco de la OIT. Se trata de una resolución que insta a los gobiernos, las empresas y los sindicatos de todo el mundo a garantizar que sus acciones no contribuyan a que la Junta prolongue la represión. Esto incluye revisar las inversiones, las cadenas de suministro y la cooperación que puedan apoyar indirectamente al régimen, así como el suministro de armas, combustible para aviación y flujos financieros a la Junta militar. La resolución fue ampliamente respaldada por los sindicatos y las personas trabajadoras de Myanmar, que la consideraron un paso clave para implementar las recomendaciones de la Comisión de Investigación de la OIT sobre Myanmar (2023), restablecer las libertades civiles, poner fin a la violencia militar contra los sindicalistas y erradicar el trabajo forzoso en Myanmar. 

En Myanmar, se ha detenido arbitrariamente a unas cien personas por presuntos actos de interferencia y perturbación del proceso electoral, en virtud de las leyes represivas aprobadas por las autoridades militares desde agosto. Dichas leyes criminalizan la libre expresión de opiniones y la oposición a la votación. Al mismo tiempo, las autoridades militares han intensificado los ataques aéreos contra objetivos civiles, entre ellos la oficina provisional de la organización afiliada a la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM), ubicada en la zona fronteriza con Tailandia, en noviembre de 2025. 

Un sindicato paralelo patrocinado por los militares opera para sustituir las voces de los sindicatos independientes, concretamente la de la CTUM, mientras sus líderes siguen bajo órdenes de detención y privados de su ciudadanía. Ocho miembros detenidos del Sindicato Solidario de Myanmar (STUM) siguen detenidos por organizar sindicatos. Se les amenaza con procesarlos penalmente si el STUM sigue reivindicando públicamente aumentos salariales y mejores condiciones laborales para el personal. Aunque la directora del STUM, Myo Myo Aye, y el secretario general de MICs-TUFs, Thet Hnin Aung, han sido liberados gracias a un indulto nacional, siguen bajo estricta vigilancia en libertad condicional. 

UGT y CCOO compartimos la profunda preocupación del movimiento sindical de Myanmar y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el hecho de que las elecciones impuestas por la Junta no son, ni remotamente, un proceso que pueda conducir a una transición política que lleve a la estabilidad y al restablecimiento del régimen democrático y civil. Estas elecciones no serán ni libres ni justas ni inclusivas, sino que serán un proceso que “arraigará aún más la inseguridad, el miedo y la polarización en todo el país” (ACNUDH).

El Gobierno de España, como claro defensor de la democracia libre en la actual dinámica de retroceso de la misma en el panorama global, al igual que la comunidad internacional, debe denunciar abiertamente las elecciones previstas para el 28 de diciembre en Myanmar, expresar su preocupación por la supresión de los derechos y libertades fundamentales llevada a cabo por el ejército durante el proceso electoral y no reconocer los resultados de estas elecciones fraudulentas.