Para nuestra organización, los procesos de regularización típicos de una etapa en que la regulación de la migración se basaba en sucesivos procesos de regularización que no garantizaban los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores extranjeros y que no tenían efectos positivos en la lucha contra la economía sumergida, solo benefician en el largo plazo a quienes obtienen ventaja en el mercado de trabajo empleando de manera irregular y/o precaria. Por el contrario, el proceso de normalización del año 2005, fruto del Diálogo Social y el consenso tripartito, afloró puestos de trabajo y garantizó derechos a las trabajadoras y trabajadores extranjeros. Por otra parte, las autorizaciones de residencia excepcionales, también fruto del Diálogo Social son un instrumento que, a nuestro juicio, debe incorporar mejoras para conseguir el doble efecto de expulsar del mercado de trabajo a quienes se lucran contratando irregularmente y/o explotando y para dotar de derechos a trabajadoras y trabajadores extranjeros. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores apoya la decisión del Gobierno de modificar la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” para eliminar de la misma los visados y las autorizaciones de residencia en los casos de compra de vivienda. Pero recuerda que la norma incluye otros supuestos de inversión, emprendimiento y trabajo que deberían ser revisados y, en todo caso, regulados en la normativa de extranjería.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha sido crítica desde sus inicios con el apartado de movilidad internacional de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que, en la práctica, con esta norma, se configuraba una vía privilegiada de migración para el dinero y el trabajo para grandes empresas, con menos requisitos y de rápida tramitación. Reiteradamente, el Consejo Económico y Social en sus dictámenes sobre las modificaciones de esta norma, ha recordado que debería eliminarse de la misma el apartado de movilidad internacional y trasladarse a la normativa de extranjería.

El resultado de esta anomalía es que tenemos dos vías de migración, una sin obstáculos, sin intervención sindical y rápida para el dinero, las empresas y determinados empleos y otra en la que miles de familias, trabajadoras y trabajadores y las empresas que quieren contratarles se ven lastrados por los retrasos, la deficiente dotación de las oficinas de extranjería y en muchas ocasiones la precariedad en los empleos. Estas diferencias en el procedimiento, que son también una diferencia de derechos en función de la capacidad económica de las personas extranjeras o de quienes los contraten, son inasumibles en un estado de derecho. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, reclama al Gobierno que no solo se acabe con las Golden visas para los inversores en vivienda, sino que, tal como reiteradamente hemos pedido, se revise la idoneidad de todos los supuestos regulados en la Ley de apoyo a los emprendedores y se trasladen a la normativa de extranjería, para acabar con la vía rápida del privilegio.