La regulación del precio del alquiler es inaplazable

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El 46% de la población más pobre de España dedica más de un 40% de su renta al alquiler de vivienda

Entre 2013 y 2019 se ejecutaron 250.000 desahucios por impago de alquiler, y 1.013 se ejecutaron durante el primer estado de alarma de 2020


La crisis económica provocada por la Covid-19 está teniendo consecuencias dramáticas en el derecho de algunas familias para acceder a una vivienda digna. Así lo recoge el análisis que realiza el Servicio de Estudios de UGT (SEC) en su Cuadro de Evolución Sociolaboral correspondiente al mes de noviembre.

Según UGT, el 46% de la población más pobre en España destina más de un 40% (datos OCDE) de su renta al pago del alquiler, superando el umbral del 30% que muchos expertos consideran razonable. En el ámbito de la UE sólo Finlandia registra una posición más negativa.

Vivienda: vital en la lucha contra la Covid-19

La confluencia de bajos salarios y altos precios de la vivienda se refleja claramente en los datos de desahucios ejecutados por impagos, que entre 2013 y 2019 llegaron a 250.000. Incluso durante el primer estado de alarma de 2020 llegaron a producirse 1.013 desahucios, lo que resulta especialmente dramático en un momento en que la vivienda es un elemento esencial de lucha contra la expansión de la pandemia.

Por esta razón UGT considera inaplazable abordar una regulación del precio de los alquileres porque muchas familias no pueden permitirse el lujo de esperar más ante unos precios que se mantienen en niveles desorbitados.

La medidas excepcionales contenidas en el RDL 11/2020, prorrogadas recientemente hasta el 31 de enero de 2021, son insuficientes porque no tienen en cuenta las dificultades que existían antes de la pandemia, y determinan la urgente necesidad de abordar cuanto antes medidas que permitan a las familias hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna que, en la situación actual, está directamente ligado a la salud.

Finalmente, cabe recordar que UGT y CCOO presentaron en febrero paso una “Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda” que defendía además otras propuestas como el diseño de un plan específico para consolidar un parque público de viviendas y la regulación de las viviendas turísticas.


Ver cuadro de Evolución Sociolaboral Noviembre 2020