Ana García de la Torre, que ha intervenido en la jornada “El empleo, la precariedad y siniestralidad laboral en España” organizada por la sección de Ciencias Económicas del Ateneo de Madrid, ha recordado que los trabajos estables y dignos implican más seguridad y salud laboral

La Secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha recordado que en 2021 continúa la trágica estadística de los accidentes laborales: se produjeron 1.137.523, de ellos 705 mortales. Cada día mueren dos personas como consecuencia de su trabajo. Además, en lo que va de 2022 han fallecido ya 162 personas. 

Ha remarcado que la principal causa de muerte en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales, que se asocian a los riesgos psicosociales. Riesgos que se acrecientan con unas condiciones laborales precarias. Así, según los datos estadísticos de accidentes laborales correspondientes al año 2020, los asalariados con contratos temporales presentan índices de incidencia superiores a los que tienen contratos indefinidos (los primeros tienen una incidencia de 3.972,9 accidentes por cien mil trabajadores y los segundos de 2.286,4 accidentes por cien mil trabajadores). La parcialidad de los empleos, la prolongación de las jornadas de trabajo, la inestabilidad laboral, o las malas condiciones de trabajo son elementos que incrementan las probabilidades de que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales. Por ello, hay que poner el acento en la consecución de trabajos decentes y dignos. 

García de la Torre ha recordado que la reforma laboral, acordada en el marco del diálogo social, mejora sustancialmente las condiciones de las personas trabajadoras, al combatir la precariedad laboral, una precariedad que mata. Pero no es suficiente. 
UGT reclama la apertura inmediata de una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral que acuerde medidas urgentes; articular un Plan de Choque que incida en la reducción de los riesgos psicosociales; modificar y adaptar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las nuevas realidades del mundo del trabajo; y crear la figura del Delegado Territorial y/o Sectorial de Prevención para llegar a todas las empresas, incluso en las que no hay representación sindical, entre otras cuestiones.

El Plan de Choque debe incidir en acabar con la mercantilización de los Servicios de Prevención Ajenos; reclamar una mayor inversión por parte de las empresas y las Administraciones Públicas en prevención de riesgos laborales; reforzar al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que no se vea limitado por la falta de recursos y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (tal y como recomienda la OIT debe haber como mínimo 1 inspector por cada 10.000 trabajadores).