La coalición de entidades #NiUnDesahucioMás, una plataforma de 100 entidades unidas contra las expulsiones sin alternativa habitacional, lanzamos hoy un grito de alerta: el escudo social está en peligro. El próximo 27 de enero tendrá lugar la votación en el Congreso que debe convalidar el decreto ley que el gobierno aprobó el pasado diciembre para prorrogar un año más la medida que mantiene suspendidos hasta 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país. Sin embargo, a cuatro días de la votación, no está garantizada la mayoría parlamentaria para evitar que todas esas familias se queden en la calle. 

Las organizaciones que formamos parte de la plataforma #NiUnDesahucioMás mantuvimos una ronda de reuniones en diciembre con el objetivo de lograr la aprobación del Real Decreto en el Consejo de Ministros y asegurar el voto favorable en el debate y la votación previstos para la próxima semana en el Congreso de los Diputados. En este contexto, tenemos de nuevo reuniones agendadas con PNV y Junts hoy y el lunes, respectivamente, para asegurar su voto y dar tranquilidad a las familias. 

A nivel estatal, en caso de decaer la medida, se calcula que se podrían reactivar hasta 70.000 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A ello habría que sumar los 27.564 desalojos que se producen al año y sobre los que las administraciones públicas apenas pueden garantizar alternativas residenciales. En el caso de comunidades como Cataluña, se calcula que se podrían reactivar un total de 13.260 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre hasta abril de 2020 y diciembre de 2025. 

Además, estos desahucios habría que sumar los 7.381 desalojos que se producen al año en Cataluña. Por ello, en 2026 se podrían ejecutar hasta 20.000 lanzamientos, sin que la Generalitat de Cataluña haya previsto ni diseñado un plan de choque en caso de que la moratoria no se convalide. Estos datos son proyecciones de los datos ofrecidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Generalitat de Catalunya. 

El futuro de miles de familias está en juego 

Cuando las entidades nos reunimos con los diferentes partidos el pasado mes de diciembre parecía haber un consenso: no nos podemos permitir el drama social que implicaría la reactivación de 70.000 procesos de desahucio de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Asimismo, coincidían en que no puede resolverse mediante medidas temporales o sucesivas prórrogas de carácter coyuntural. 

Por ello, creemos que es intolerable la incertidumbre a la que están sometiendo a las familias que esperan poder quedarse en sus casas o encontrar una solución habitacional digna. Desde la plataforma queremos dejar claro que utilizaremos todas las herramientas de la sociedad civil a nuestro alcance para evitar la ola de desahucios que se puede producir si la moratoria decae, especialmente ante la falta de previsión de planes de choque por parte de las Administraciones Públicas en caso de que decaiga la medida. 

Desde la coalición #NiUnDesahucioMás reiteramos nuestro llamado a la responsabilidad de los y las representantes de los intereses de la ciudadanía, que deben garantizar que la moratoria siga adelante, además de comprometerse a trabajar en medidas que ofrezcan a las familias soluciones definitivas a la crisis de vivienda. Una propuesta de mínimos que incluya un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda -o un realojo digno- con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.