La decisión del Consejo de Ministros de posponer la entrada en vigor de la cotización de las prácticas no laborales en España, supone un inaceptable incumplimiento de compromisos contraídos en el seno del diálogo y la concertación social, tanto en el acuerdo de pensiones de 2021, como en la segunda fase de la reforma de pensiones acordada en marzo de 2023. Ambos acuerdos aprobados y convalidados por sendas mayorías parlamentarias.

Supone también una inexplicable cesión a las presiones de autoridades académicas y educativas que, ignorando los derechos reconocidos a las personas más jóvenes de nuestro país, se vienen oponiendo sistemáticamente a estos nuevos derechos reconocidos para las personas más jóvenes.

El derecho a la cotización por las prácticas no laborales, se implantó en España en 2011 para las prácticas que tenían algún tipo de compensación económica, esto ha permitido que en esta última década en torno a 80.000 jóvenes acrediten mensualmente cotizaciones a la Seguridad Social, permitiendo que cuando finalizan sus estudios, además de un título académico, cuenten con periodos cotizados a la Seguridad Social que, junto con las cotizaciones que acreditan después en su vida laboral, les facilitan completar carreras completas de cotización.

La reivindicación de UGT y CCOO de extender ese derecho a todas las prácticas no laborales, se ha visto reconocida en el Acuerdo de Pensiones de 1 de julio de 2021 y concretada en el Real Decreto Ley 2/2023, ratificado por las Cortes, e incorporado ya como derecho en la Disposición Adicional 52ª de la Ley General de Seguridad Social, con entrada en vigor prevista para el 1 de octubre de 2023.

El impacto de esta medida es muy importante. 970.000 estudiantes de Formación profesional y más 1.200.000 estudiantes universitarios en sus distintas fases (grado, máster, etc.), supone multiplicar varias veces la cifra de cotizaciones mensuales para jóvenes estudiantes en el futuro, reconociendo con ello también por esta vía, su rendimiento académico y su esfuerzo formativo para la mejor y más productiva incorporación al empleo.

El coste de estas medidas es ridículo. Se ha aprobado bonificar estas cotizaciones al 95%, lo que significa cotizaciones inferiores a los 10 euros mensuales en todos los casos.

La presión creciente en estos meses y la situación de clara rebeldía de algunas autoridades académicas, parece haber hecho mella en el Gobierno, pese a las múltiples apelaciones al respeto de lo acordado que le venimos trasladando en las últimas semanas.

Si le sumamos a esto la incertidumbre que el propio Gobierno ha generado respecto de la aprobación del recientemente firmado Estatuto del Becario, herramienta básica para acabar con la laboralidad encubierta y el fraude en la utilización de estas figuras, no podemos más que manifestar nuestro rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados y denunciar el riesgo de abandono de los derechos de una parte muy importante de la población más joven.

UGT y CCOO exigen al Gobierno de España el cumplimiento cabal de los acuerdos alcanzados y la legislación aprobada. Emplazamos a todos los partidos que se presentan a las Elecciones Generales del 23J, a mostrar su compromiso con estos derechos y evitar que la presión para dilatar su entrada en vigor, cuyo propósito evidente y declarado es evitar que se concrete este derecho, tenga éxito.