UGT pide que se investigue a las mutuas

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El sindicato exige que el INSS establezca como prioridad en el control de las IT y la investigación del trasvase de contingencia profesional a los servicios públicos de salud


  • Esta práctica supondría un coste de millones de euros a la Seguridad Social
  • UGT considera que el problema de aumento de incapacidades temporales reside en esa práctica y no en posibles fraudes de trabajadores
  • El sindicato protesta porque la medida adoptada por el Ministerio de Trabajo criminaliza a los trabajadores y trabajadoras y pone en duda la profesionalidad de los médicos del SNS

El Instituto Nacional de Seguridad Social ha presentado un Plan de Intensificación de la Actuación del Instituto Nacional de Seguridad Social para reforzar el control de los procesos por incapacidad temporal antes de que alcancen los 345 días de duración.

El INSS, a partir del próximo lunes, pone en marcha un Plan de Intensificación de Actuaciones de control médico de las situaciones de incapacidad temporal (IT). “Las actuaciones se centrarán en las bajas de menos de 345 días de duración y el objetivo es verificar que las situaciones de incapacidad temporal y el correspondiente pago de prestaciones, están médicamente justificadas teniendo en cuenta la concreta actividad laboral del trabajador”.

Con este fin desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de este año, se van a realizar 64.080 controles médicos de procesos de incapacidad temporal que se sumarán a los que ya se vienen realizando, lo que supone un crecimiento de un 25% sobre el plan de actuaciones de control ordinario.

Para ello, contarán con la participación voluntaria de 267 inspectores médicos que, según el INSS ampliarán 4 horas su jornada laboral semanal a cambio de un incentivo económico. Para la preselección de los procesos que se van a controlar, se aplicarán herramientas estadísticas (SAS) que mediante la utilización de multitud de variables seleccionarán los procesos con mayor probabilidad de ser altables. El coste previsto del plan es de 312.142,56 euros, mientras que el ahorro en prestaciones podría llegar a superar los 33 millones de euros.

Afirma el INSS que “El Plan responde a la necesidad de reforzar las actuaciones frente al incremento que desde 2012 ha experimentado tanto el número de nuevos procesos de incapacidad temporal por cada mil afiliados a la Seguridad Social (incidencia) y como de procesos abiertos por cada mil trabajadores (prevalencia), y la duración media de estos procesos”.

Los trabajadores, bajo sospecha

Una vez más se pone a los trabajadores afectados bajo el foco de la sospecha. Desde UGT hemos transmitido ya nuestra preocupación al respecto, aunque podamos coincidir en que la prioridad de todos los agentes implicados debe ser acortar los periodos de baja, no coincidimos en el objetivo final. Desde el sindicato creemos que la finalidad de este plan no debe ser el ahorro de prestaciones, sino una consecuencia de la recuperación de la salud de los trabajadores y trabajadoras que están en IT.

Desgraciadamente, lo que prima y se incentiva en estos planes es incrementar el número de altas y reducir el número de bajas con un fin puramente económico.

Riesgo para la salud

La incapacidad temporal es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Adelantar el alta puede suponer en muchos casos recaídas que conseguirán justamente el efecto contrario a lo que se busca. Desde luego las estadísticas no avalan que un mayor control coercitivo sobre las personas trabajadoras y los Médicos responsables de los procesos disminuya el número de bajas emitidas, ni que se pueda concluir un ahorro económico, que como parece es el principal objetivo de esta medida.
 
Competencias para dar altas

En la actualidad, hay 18.145.243 trabajadores protegidos por contingencias comunes, de los cuales 13.957.927 están cubiertos por las mutuas, 4.151.090 por el INSS y 36.226 por el Instituto Social de la Marina, según el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Nos preocupa enormemente la pretensión que desde hace muchos años tienen las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, de tener competencias para dar altas en los procesos de IT por contingencias comunes. Con la puesta en marcha de este plan ya hay voces que reclaman dar el alta sobre todo en procesos relacionados con las bajas traumatológicas.

Más que poner el foco en fiscalizar a las personas trabajadoras que sufren una IT por contingencia común deberían reflexionar desde el INSS sobre las consecuencias que tiene la negativa por parte de las Mutuas, al reconocimiento de contingencias profesionales y su derivación de forma sistemática a los Servicios Públicos de Salud para su consideración como contingencia común.

Desde el sindicato, llevamos tiempo denunciando que las Mutuas vienen endureciendo los criterios a la hora de expedir una baja por contingencia profesional y el trasvase existente a contingencia común, con el consiguiente perjuicio económico para las personas trabajadoras afectadas y para la sociedad en su conjunto que, en definitiva, acaba asumiendo este coste. Y no digamos la repercusión que tiene desde la salud laboral, lo que no se ve no se previene.
Además, parece que se pone en cuestión la actuación, competencia y profesionalidad de los Médicos de los Sistemas Públicos de Salud, cuestión que consideramos del todo inadmisible. Son los titulares de los Sistemas Públicos de Salud quienes deben dar las altas. Con esta propuesta se produce una intromisión en las competencias sanitarias de los médicos del SNS.

Antes de poner en marcha este plan, creemos desde el sindicato que se deberían haber explorado otras medidas que involucraran a empresas y a trabajadores en la búsqueda de soluciones y no basar todas las actuaciones en medidas coercitivas, que no hacen otra cosa que criminalizar a las personas trabajadoras que sufren por el ejercicio de un derecho, la protección de su salud y necesidad económica ante el padecimiento de una incapacidad temporal.