UGT demanda la regulación de un nuevo contrato de aprendizaje permanente

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1,7 millones de jóvenes sin cualificación podrían beneficiarse de la FP Dual


El Secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, ha intervenido hoy en una jornada de Formación para el Empleo organizada por la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED) donde ha abordado el futuro contrato para la formación y el aprendizaje.

Allí, Sebastián Pacheco ha demandado la regulación de un nuevo contrato de aprendizaje permanente “dirigido a los jóvenes, pero también a las personas de más edad, como un instrumento que les permita una segunda oportunidad de cualificación y empleabilidad en un mercado cambiante”.

Pacheco ha recordado que “la incorporación de la Formación Profesional Dual (FPD) a la agenda política ha sido consecuencia de la crisis económica y su impacto en el empleo, especialmente entre los jóvenes sin cualificación y, si queremos dar respuesta a este problema, debemos identificar claramente las magnitudes del mismo: según datos de la EPA del cuatro trimestre de 2018, cerca de 1,7 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años no disponen de cualificación profesional reconocida, un colectivo que podría beneficiarse de la modalidad de FP Dual, a través de un nuevo contrato para el aprendizaje”.

“Además, la FPD también podría ser una respuesta para los parados de larga duración en nuestro país - 1,5 millones personas- proporcionando cualificación a quienes no la poseen o, en su caso, ofreciendo formación adaptada a las necesidades del mercado de trabajo a aquellas que ya se encuentran cualificadas pero que no encuentran un empleo”.

Es necesario revisar el actual modelo de formación
 
El Secretario de Formación de UGT ha destacado que hay que acometer “una revisión de este modelo de formación para que se convierta en un instrumento eficaz y de calidad de los procesos de aprendizaje en los centros de trabajo, favoreciendo de este modo el desarrollo de las competencias y la empleabilidad”.
 
“El nuevo contrato debe ser un instrumento que ha de hacer frente a una mayor diversificación sectorial y de ocupaciones que las actuales y una herramienta de recualificación profesional que proporcione una “segunda oportunidad” a un colectivo de trabajadores que, si bien, pueden estar cualificados, no disponen de las competencias necesarias que demanda un mercado de trabajo cada vez más cambiante como consecuencia de los procesos de digitalización y automatización”.
 
“En este sentido” ha finalizado,” el diseño de este nuevo instrumento jurídico no puede desligarse del marco más amplio de las políticas públicas de empleo, educación y formación, donde los servicios de orientación integral y a lo largo de toda la vida, han de convertirse en instrumentos verdaderamente efectivos, al servicio de la recualificación profesional, la adaptación a los cambios y el mantenimiento de la empleabilidad de las personas”.