Las cifras de accidentes de trabajo de 2023 reflejan descensos en comparación con las registradas en 2022, un año en el que la siniestralidad laboral fue especialmente elevada, pero este descenso no es suficiente y urge llevar a cabo actuaciones inmediatas para poner fin a esta situación.

Los datos muestran que se da un descenso de los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral, lo que puede deberse, entre otras cuestiones, al menor número de casos de COVID-19 calificados como accidente de trabajo especialmente en las actividades sanitarias y de servicios sociales, así como a las mejoras de las condiciones de trabajo gracias a la última reforma laboral en la que se puso coto a la excesiva temporalidad.

Además, los accidentes mortales también han descendido en comparación con los registrados en 2022, un año en el que 21 trabajadores fallecieron en el naufragio del pesquero gallego en las aguas de Terranova.

Sin embargo, son datos insoportables por lo que UGT reclama cambio normativo en profundidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de su normativa de desarrollo, que sea acordado en la Mesa de diálogo social que se abrió al inicio de esta semana, pero también es necesario que se establezcan garantías de cumplimiento de esta normativa. De nada sirve tener una Ley avanzada si no se garantiza su cumplimiento por parte de las empresas.

Más recursos e inversión en prevención

En este sentido, el sindicato propone que se habilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como “auxiliares o colaboradores” de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento preventivo, cuando se constante situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves.  

En paralelo, UGT continúa reivindicando un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la ratio de un inspector por cada 10.000 personas trabajadoras, de esta manera se podrá aumentar el número de visitas a empresas y así controlar el cumplimiento de las normas en materia preventiva.

Los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros

Además, hay que realizar cambios normativos para adecuar la legislación en materia preventiva a las nuevas realidades del mundo del trabajo, así como mejorar la gestión preventiva, acabar con la mercantilización de los servicios de prevención y dotar a la norma de perspectiva de género, impulsar la regulación de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales buscando proteger la salud mental de las personas trabajadoras y promover el reconocimiento de las patologías asociadas a la exposición a estos riesgos.

El sindicato considera esencial la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros. La creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL en las PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical. Asimismo, es fundamental que se reconozca crédito horario para los delegados y delegadas de prevención.