Sin embargo, también redujo el déficit global máximo al 1,5% del PIB e incluyó la necesidad de reducir la deuda respecto al PIB en un 1% anual para los países cuya deuda supera el 90%, lo que significa que más países tendrían que recortar el gasto.

Al lograr el acuerdo, la Presidencia española cumple así con el mandato que los líderes europeos habían manifestado en el Consejo Europeo de la UE de alcanzar un acuerdo antes de final de año.

La reforma del marco de gobernanza económica, una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE, establece nuevas reglas de control de déficit y de la deuda.

El pacto alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE dará un mayor control a los países sobre su ritmo de ajuste, pero también incluye requisitos mínimos de disciplina fiscal.

La propuesta de la Presidencia española preserva los dos elementos fundamentales de la propuesta de la Comisión Europea: se trata de reglas adaptadas a las características de cada Estado Miembro y están basadas en un único indicador, la senda de gasto.

Sobre la base de la propuesta del Ejecutivo comunitario, se han introducido a lo largo de la negociación cuatro tipos de salvaguardas para garantizar la reducción sostenida de la deuda, el impacto contracíclico, un sistema de control y supervisión de estas reglas fiscales más realista y más eficaz y, al mismo tiempo, protección para las inversiones públicas que corresponden a las prioridades europeas en el ámbito verde, digital, social y de defensa.

Salvaguardas para garantizar la reducción de la deuda y margen fiscal

El acuerdo incluye salvaguardas con umbrales de referencia para todos los países con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de 1 punto porcentual de la ratio de deuda para países con deuda superior al 90% y 0,5% para los que estén entre 60% y 90%.

Un margen fiscal de déficit estructural del 1,5% del PIB por debajo del 3% en el brazo preventivo.

Una velocidad de ajuste del déficit estructural primario para estos países del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de extensión de 4 a 7 años.

Las reglas contemplan un régimen transitorio hasta 2027 que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

Una vez alcanzado el acuerdo político, se espera que en breve comiencen los debates en trílogos, en los que participan el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024, con efectos a partir de la planificación presupuestaria de 2025.