Los derechos de los empleados públicos no pueden estar sujetos a los intereses electoralistas
Fecha: 11 Sep 2015
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un crédito extraordinario para abonar el 26,23% de la paga extra suprimida en 2012 a las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), quienes suponen un 8% del total de empleados públicos del país. Además, ha anunciado que se recuperará la regulación de vacaciones previa a 2012 y devolverá todos los moscosos y canosos que los empleados de la AGE han perdido desde entonces.
UGT ya reivindicó en todos los foros la devolución de los días adicionales y encontró la negativa del Ministro de Administraciones Públicas. Ahora, el gobierno cambia su estrategia y, mostrando nuevamente su talante antidemocrático, lo hace mediante un Real Decreto, adelantándose incluso a la tramitación de la ley de PGE, en una maniobra claramente electoralista.
El ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, incumple su compromiso de retomar la negociación de los Empleados Públicos en la primera semana de septiembre, exhibiendo otra vez su incapacidad para negociar y alcanzar acuerdos. El Gobierno dicta un Real Decreto para devolver parte de los derechos usurpados, como si fuera un premio para los empleados públicos, y vende a la sociedad la falsa idea de que les está haciendo partícipes de la recuperación económica. Sin embargo, mientras en 2012 suprimió la paga extra y días de libre disposición, congeló salarios y alargó jornada laboral a todos los empleados públicos, ahora los reintegra solo a los trabajadores de la AGE.
Aunque desde UGT celebramos la devolución de ciertos derechos, consideramos estas medidas claramente insuficientes y con un obvio cariz partidista. La subida salarial de un 1% es claramente exigua ante la pérdida de poder adquisitivo sufrida -una circunstancia que ya incluso afecta al cálculo para sus pensiones por jubilación-.
Devolución de la paga Extraordinaria de 2012
La devolución de la paga extra no es sinónimo de recuperación salarial, ya que no resuelve ni siquiera la pérdida de poder de poder de compra generada durante esta legislatura (9,2%). En cuanto a reintegro del casi 50% restante de la extraordinaria, Juan Antonio Gilabert, secretario de Acción Sindical de FSP-UGT ha señalado que su organización "no dará pábulo a rumores interesados, alimentando esta ceremonia de la confusión en un aspecto tan sensible para los trabajadores como su salario". "Hasta el momento, con la Ley de Presupuestos en trámite de aprobación, no se puede saber cuándo y cómo se producirá la devolución del resto de la paga" ha añadido Gilabert.
La Ley General de Presupuestos no especifica fecha ni fórmula de pago. Además en esta ocasión la ejecución de los presupuestos dependerá del gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales.
"Lo único claro hasta el momento -añade el responsable de Acción Sindical de FSP-UGT-es que aunque el Gobierno suprimió la paga extra con carácter general, ahora sólo la devuelve a los empleados de la AGE y deja su devolución parcial al albur de las CCAA, que tienen, en muchos casos, altos niveles de endeudamiento y limitaciones presupuestarias".
El Gobierno no puede vender la idea de que volver a las condiciones anteriores a 2012 significa una mejora para los trabajadores y que así queda zanjada la deuda que tenía con ellos. Se han perdido 400.000 empleos públicos en los últimos cuatro años, se han reducido los fondos destinados a la acción social y a los planes de jubilación. Se recortaron las retribuciones en caso de incapacidad temporal y se amplió la jornada.
UGT reclama una negociación, que contemple subida real de salario, una medida esencial para dignificar el trabajo que desempeñan los 2,3 millones de empleados públicos.