El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado que en nuestro país cada día pierden la vida dos personas con motivo de su actividad laboral, cientos se ven imposibilitadas para hacer su vida normal y miles sufren una enfermedad profesional. Por ello, ha puesto en valor que por fin ayer se abra la mesa de diálogo social para abordar “una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que sustituya la vigente. En su momento, fue una de las más avanzadas de la UE, pero hoy, con el paso del tiempo se ha visto superada.

“Es fundamental poner límite a los problemas de salud mental en el trabajo", ha considerado, "desde la perspectiva de solucionar el problema, no desde la necesidad de penalizar a las personas que los sufren”. Por eso, “es transcendental que seamos capaces de que, en esta legislatura, la prevención y salud y seguridad en el trabajo sea una de las cuestiones fundamentales”.

Pepe Álvarez ha considerado fundamental “introducir delegados y delegadas de prevención en las empresas; y ampliar los recursos materiales y humanos en la Inspección de Trabajo, para que pueda actuar contra una lacra que siega vidas, familias y es un lastre para las empresas, la Seguridad Social y la economía en general”. Asimismo, ha instado a “actuar en la nueva ley contra la desigualdad de género en las empresas, ya que los trabajos donde hay mayoría de mujeres son los que menos inversión, investigación y medidas de prevención tienen”. 

Por otro lado, ha reclamado la “implicación activa” de las fuerzas policiales de todo el país “como agentes activos en la lucha contra los accidentes de trabajo. La policía tiene la obligación de vigilar por el cumplimiento de todas las leyes, incluidas las de prevención. Tienen que tener potestad para actuar e informar a la Inspección de Trabajo ante estas irregularidades”. 

Ha manifestado que “las empresas que no protegen la salud de sus trabajadores y trabajadoras tienen que pagar por sus actuaciones y responsabilidades. Es un trabajo que tiene que asumir el Estado, pero también las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Esta iniciativa tendrá efecto disuasorio muy importante ante el abuso de algunas empresas”.

En relación al proceso de competencia entre las mutuas para gestionar la prevención de riesgos, Álvarez ha señalado que “no se pueden bajar los niveles de calidad de la seguridad en el trabajo a través de abaratar los costes de los planes de prevención. Es parte del problema que tenemos”. Es preciso un “cambio en profundidad, para que la salud y seguridad en el trabajo no se mida en parámetros de quién lo hace más barato, sino quién lo hace más bien”. 

Una nueva ley de prevención que se adapte a los cambios del mundo laboral

Por su parte, la secretaria de Salud laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha destacado que estas Jornadas son un espacio de debate para poder construir un futuro laboral más seguro y saludable. Ha afirmado que “un mundo mejor es posible, si se mejoran las condiciones de trabajo” y ha señalado que hay que seguir combatiendo la precariedad laboral porque “enferma y mata”, y “avanzar hacia trabajos decentes y libres de riesgos”. 

Ha instado a actuar y adaptarse a los cambios del mundo del trabajo, como la revolución tecnológica, el cambio climático o el envejecimiento de la población activa. Desafíos importantes que exigen una revisión y adaptación de la ley de seguridad y salud en el trabajo.

Se ha referido también a la creciente preocupación por la salud mental. “Las bajas laborales por trastornos mentales se han duplicado en los últimos años y en nuestro país cada día se suicidan 11 personas. El mundo laboral debe ser sensible a esta realidad silenciada”, ha dicho. Uno de los objetivos de UGT es conseguir que las empresas adopten medidas para proteger la salud mental de sus plantillas erradicando los riesgos psicosociales en el trabajo. 

La secretaria de Salud Laboral ha agradecido la labor de los delegados y delegadas de prevención, y ha recordado los importantes avances que se han producido en los últimos años, en el marco del diálogo social, como la reforma laboral, que reduce la temporalidad y precariedad del empleo, y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, la “hoja de ruta que marcará las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo”.  

En la firma de esta Estrategia, el Gobierno se comprometió a convocar la mesa de diálogo social para abordar los cambios normativos en prevención de riesgos laborales. Ayer se celebró la primera reunión de esta mesa. García de la Torre ha señalado que “tenemos la oportunidad de convertir una ley del siglo XX en una ley de nuestro siglo que proteja la salud física y mental de las personas trabajadoras, que integre la perspectiva de género y los riesgos derivados de las diferentes transiciones. En definitiva, que mejore la gestión preventiva en las empresas. Estoy segura que con diálogo social lo lograremos”.