Esto supone para los estados afrontar un problema que obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental: cómo conservar los derechos de Seguridad Social adquiridos o en curso de adquisición en el país de residencia por las personas que se desplazan, para trabajar, a otro país de la Unión. Para facilitar la libre circulación en el mercado, UGT considera imprescindible la reforma del Reglamento 883/2004 como paso previo ya que, de lo contrario, solo conseguiremos meramente un cambio del formato papel por el formato electrónico. Por ello, el sindicato insta a la Comisión a que emprenda de inmediato dicha reforma.

Este proceso, siendo esencial, dura ya más de una década y la cooperación administrativa necesaria no está siendo tan ágil como cabría esperar. La prueba es que, en su Plan de Acción 2021, la Comisión Europea marcó en 2023 el lanzamiento de una solución digital y ahora en esta última comunicación, ha retrasado la fecha de finalización del proyecto piloto hasta 2025 y aún no ha anunciado si eso dará lugar a legislación alguna, por lo que UGT pide la elaboración en paralelo de la legislación necesaria para el éxito del proceso, a fin de que sea operativa y entre en vigor lo antes posible. El sindicato confía en que es posible mayor agilidad. Las soluciones digitales para una movilidad justa están al alcance de la mano. En 2021, en menos de seis meses, fue posible desarrollar y desplegar desde la Comisión Europea el Certificado Digital COVID de la UE en todo el continente. Necesitamos un proceso similar para acabar con la explotación de las personas trabajadoras en el conjunto de la Unión.

En este sentido, UGT propone a la Comisión que explore la identificación a través de los actuales certificados nacionales, pues les resultará más rápido y sencillo a las personas utilizar su certificado electrónico para conectarse con la administración. Los estados miembro deberían disponer de un único enlace para que los interesados se conecten con su identidad digital nacional, una solución más ágil y rápida que la actual propuesta de la Comisión Europea de la plataforma ESPASS.

Además, el sindicato reclama, para mayor agilización del proceso, el intercambio permanente de buenas prácticas, sugerimos que la Comisión Europea y la Autoridad Laboral Europea organicen una conferencia en la que participen los distintos gobiernos comunitarios, el CESE y los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil a nivel europeo.

Igualmente, UGT pone especial énfasis en la absoluta necesidad de actuar y eliminar la brecha digital y la exclusión digital. De esta forma, el sindicato reclama que, en tanto se soluciona esta brecha, hay que garantizar los derechos de acceso a la Seguridad Social de todas las personas cubiertas por el sistema.

Finalmente, es imprescindible abordar la manera en que deben prepararse las administraciones públicas de los distintos estados miembros para la aplicación. Por ello, UGT demanda que se elabore inmediatamente un plan de acción viable y que se establezcan las previsiones necesarias para que todos los servicios de Seguridad Social europeos sean accesibles online y en todos los idiomas, garantizando seguridad juridica con información actualizada. Hay que facilitar el acceso a la información y simplificar los procedimientos.