La secretaría de Políticas Institucionales y Políticas Institucionales de UGT y RUGE, Revolución Ugetista, rechazan rotundamente la nueva medida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que las personas que realizaron periodos de formación práctica antes del 1 de enero de 2024 deberán abonar 290 euros por cada mes de formación si quieren esos periodos de cotización se tengan en cuenta para su jubilación. 

Ambas organizaciones consideran que la Orden Ministerial, que recoge las condiciones por las que las antiguas personas becarias podrán suscribir dicho convenio, ha sido tramitada sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales, cuyas aportaciones para mejorar la medida fueron ignoradas, y sin escuchar las reivindicaciones de los colectivos afectados. Por ello, el resultado es una medida impopular, que incumple los principios básicos del Estado del Bienestar de justicia social y equidad contributiva.

La disposición obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige a la persona becaria a asumir el coste de la parte empresarial, pero es que, además, supone una discriminación adicional con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, mientras que al resto de personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra, (incluyendo la parte empresarial).

Por ello, RUGE y UGT no entienden que el Ministerio venda la iniciativa como algo exitoso pues, lejos de arreglar los desequilibrios generados entre el alumnado, supone una doble discriminación y una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva. 

Es una perversión del sistema de pensiones

Condicionar el reconocimiento de estos periodos al pago de una cantidad por parte de la persona afectada, da lugar a una perversión del sistema de pensiones y limita su uso para tan solo unas pocas personas, las que puedan asumir el coste. La protección de las personas becarias e investigadoras, especialmente con aquellos colectivos que se encuentran a las puertas de la jubilación y requieren de estos periodos para poder optar a la jubilación contributiva mínima, es de justicia. 

Por todo lo anterior, UGT y RUGE reclaman al Gobierno que dé marcha atrás y opte por medidas que supongan una verdadera reparación de los abusos y fraudes sufridos por el antiguo y actual personal becario e investigador priorizando su protección y sus derechos laborales y garantizando una verdadera igualdad de condiciones y oportunidades para todas.