Los sindicatos muestran su sorpresa porque un CGPJ con el mandato caducado, desde hace 5 años, se haya pronunciado sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado en sentido contrario, en una resolución insólita e inédita hasta hoy, al pronunciamiento favorable que ese mismo Consejo aprobó hace un poco más de un año. Decisiones de este tipo contribuyen a que la ciudadanía pierda confianza en los órganos constitucionales que deberían ser escrupulosos con la separación de poderes y con el respeto a nuestro texto Constitucional. 

Mantener el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, sin renovar, con su mandato caducado es, además de incompatible con este tipo de decisiones, una situación incompatible con nuestro ordenamiento jurídico, y con las reglas que existen al respecto en un país democrático.

Hemos conocido, también con sorpresa, el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que señala que la Presidenta del Consejo de Estado, la ex ministra Magdalena Valerio, con una importante carrera tanto como funcionaria de carrera en puestos relevantes de la Administración General del Estado, así como una incuestionable carrera política que acredita amplia experiencia en asuntos de Estado en todos los niveles de las administraciones públicas (Gobierno central y autonómico, Congreso de los Diputados y distintas responsabilidades en la administración local, entre otras responsabilidades públicas), ve revocado su nombramiento como Presidenta del Consejo de Estado, previamente avalado y declarado idóneo por la Comisión Constitucional del Congreso, en un pronunciamiento judicial también inédito, con criterios que no conocemos se hayan aplicado con anterioridad y cuya puesta en práctica en los términos expresados podría haber cuestionado en el pasado muchos nombramientos avalados dentro de su ámbito competencial, por otros poderes del Estado.

Decisiones como esta, en este momento y en el entorno bronco del clima político actual y la sobreactuación evidente desde algunos de los protagonistas de los distintos poderes del Estado, envían un mensaje poco compatible con la imprescindible imparcialidad política en el ejercicio de la justicia.

CCOO y UGT piden que, en absoluto respeto de la Constitución, se vele por trasladar a la ciudadanía el estricto respeto por la división de poderes, base fundamental de nuestra democracia y del Estado de Derecho.