Esto impide a la Presidencia española aprobar finalmente la directiva, encomendando la misión a la Presidencia belga que comenzará el 1 de enero. Con anterioridad, el 13 de diciembre, se logró un acuerdo político provisional entre los dos colegisladores de la Unión Europea (Eurocámara y Consejo de la UE, presidido ese semestre por España) con respecto a la propuesta de directiva que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales. Antes de que la ley pudiera entrar en vigor, el pacto debía ser aprobado por el Consejo y el Parlamento.

Durante la reunión de los embajadores de los Estados miembros ante la UE del pasado viernes, la presidencia española encontró que el expediente carecía de la mayoría necesaria para avanzar. Ante el escenario de bloqueo y rechazo de algunos países, liderados principalmente por Francia.

En este escenario de no contar con mayoría suficiente, y finalizar la tramitación de la directiva con un voto negativo, se optó por no votar formalmente el acuerdo de los embajadores y, en su lugar, transferir el dosier a la presidencia belga, que comienza el 1 de enero.

UGT recuerda que el proyecto de directiva establece las primeras normas de la UE sobre el uso de sistemas algorítmicos en el lugar de trabajo y busca ayudar a determinar la situación laboral correcta de las personas que trabajan para plataformas digitales, de forma que desaparezcan los falsos autónomos. De acuerdo con lo acordado por la Eurocámara y el Consejo, si la relación de los empleados con una plataforma digital cumple con, al menos, dos de los cinco indicadores establecidos en la directiva, se considerará jurídicamente que son empleados de una plataforma digital y no trabajadores por cuenta propia. Esos indicadores incluyen el establecimiento de límites máximos de la cantidad de dinero que pueden recibir los trabajadores, la supervisión de la ejecución de su trabajo, también por medios electrónicos, así como el control de la distribución o la asignación de tareas. El control de las condiciones de trabajo, las restricciones a la elección del horario de trabajo, la libertad para organizar el trabajo y las normas de apariencia o comportamiento también están incluidos en los criterios.

UGT no entiende que este acuerdo, que consideremos un avance que ofrece derechos fundamentales a los trabajadores y trabajadoras de plataformas se está retrasando sin justificación debido a las objeciones de una minoría. Una normativa como la que se pretende aprobar no puede ser bloqueada por los países liberales y conservadores, en clara alineación con el lobby de plataformas, que tanto “esfuerzo” está realizando en el bloqueo de esta iniciativa, que otorga derechos a 30 millones de trabajadores y trabajadoras y 5,5 millones de falsos autónomos.