La reciente reforma de las reglas fiscales que regirán las cuentas de los Estados miembro de la Unión Europea (UE) es una prioridad para la CES, al entender que supone una vuelta a las políticas de austeridad que tan negros resultados tuvieron en la pasada década en la Unión. UGT se ha mostrado muy crítica con esta reforma y ha realizado todo tipo de acciones para minimizar las partes más lesivas de su contenido, aunque el resultado final dista mucho de ser mínimamente satisfactorio. 

En este sentido, la CES y New Economics Foundation han publicado el estudio: ‘Navegar por las limitaciones para progresar: Examen del impacto de las normas fiscales de la UE en las inversiones sociales y ecológicas’, según el cual la mayoría de los Estados de la UE no podrán cumplir los objetivos comunitarios de inversión en escuelas, hospitales, viviendas, etc. cuando las reglas entren en vigor. 

Las propias cifras que presentó la Comisión Europea (CE) muestran que la inversión requerida en infraestructura social en Europa ya tiene un déficit de 192 mil millones de euros al año, es decir, todos los años se invierten casi doscientos mil millones de euros menos de lo necesario para la ciudadanía europea. Al mismo tiempo, para UGT es destacable que, según las propias encuestas de la Comisión, la política climática, social y de vivienda son las prioridades de las y los ciudadanos europeos. 

Tomando las cifras de la Comisión, el estudio concluye que es necesario aumentar la inversión anualmente en 120.000 millones de euros en sanidad, 57.000 millones de euros en viviendas asequibles y 15.000 millones de euros en educación. Pero en 2027, cuando las nuevas reglas fiscales estén en pleno vigor (sin el respaldo del MRR), se impondrán límites arbitrarios a la deuda y el déficit y, en consecuencia, 18 Estados miembros, entre ellos Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, no podrán realizar las inversiones necesarias para cerrar la brecha cifrada por la Comisión; sólo tres Estados miembro tendrán capacidad fiscal para cumplir los propios objetivos de inversión verde de la UE; e incluso si se ampliara el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, solo cinco países podrían cumplir sus objetivos de inversión social y verde. 

Priorizar las necesidades de las personas

El informe da cifras también sobre lo contraproducente que resulta esta nueva gobernanza económica para los objetivos sociales y climáticos de la UE y cómo, en lugar de invertir, los Estados miembro estarán obligados a realizar recortes por valor de más de 100 mil millones de euros en 2027. La AIREF ha estimado para España un recorte del 0,64% del PIB anual: unos 9.600 millones de euros anuales con el plan a 4 años, o un 0,36% de ajuste (5.400 millones de euros) si finalmente el ejecutivo español se compromete con una serie de reformas para ampliar el ajuste hasta los 7 años. 

Según los cálculos de UGT, este recorte exigido por el plan a 4 años resultaría en un ajuste casi idéntico al propuesto por las antiguas reglas y a la regla del 1/20. Esto demuestra el fracaso de unas negociaciones que no han sido capaces de incorporar las reivindicaciones de la mayoría social, y en concreto lo exigido por los sindicatos. Tanto la UGT, como la CES, se han opuesto durante este proceso a la inclusión de unas salvaguardas numéricas estrictas para la reducción del déficit y deuda. Sin embargo, no sólo siguen apareciendo estas, sino que se permitirá (a través del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda, DSA por sus siglas en inglés) que los ajustes propuestos vayan incluso más allá. 

El estudio demuestra también que, en caso de instaurar un nuevo mecanismo de inversión para poder cumplir con las prioridades comunes de la Unión, este tendría que ser más de tres veces mayor que el actual MRR para tener posibilidades de mitigar el daño de las nuevas reglas fiscales. Esto refleja la complicada situación a la que se enfrenta el proyecto común europeo. Por un lado, decidido a incrementar la capacidad de respuesta frente a los diferentes shocks ocasionados por las crisis que se han sucedido en los últimos años y, por otro, empeñado en continuar dificultando el reforzamiento de lo público y de los instrumentos capaces de mejorar las condiciones materiales de los ciudadanos europeos.

En un contexto de baja inversión privada, el estrangulamiento de la inversión pública frenará el impulso que la política industrial europea necesita para crear puestos de trabajo de calidad, y nos arrastrará aún más hacia otra recesión innecesaria. Todo ello, desde el único objetivo de alcanzar los límites arbitrarios que exige esta doctrina económica obsoleta. 
Por todo ello, UGT y la CES defienden que Europa necesita reglas económicas que den prioridad a las necesidades de la clase trabajadora. Las propias encuestas de la UE muestran consistentemente que así lo entiende también el conjunto de la ciudadanía, por lo que la adopción de medidas de austeridad a pocos meses de las elecciones europeas es, además de un grave retroceso, una extrañísima estrategia política: adoptar las reglas fiscales propuestas significará tener menos hospitales, escuelas y viviendas asequibles en un momento en que la presión sobre estos elementos del estado de bienestar está aumentando. 

> Estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y New Economics Foundation