La ausencia de Presupuestos Generales del Estado demuestra que la referencia al IPREM ha quedado totalmente obsoleta

UGT ha pedido sustituir el IPREM por un indicador de pobreza que dé seguridad jurídica, sirva de verdadero índice de cobertura social y no esté expuesto a los riesgos de los Presupuesto Generales del Estado.

Fecha: 16 Mar 2024

pleno del Congreso de los Diputados

El "Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples” (IPREM) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas- fundamentalmente a la vivienda y becas- subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia para estas ayudas.

Desde hace 20 años los incrementos de este indicador han sido muy inferiores al coste de la vida, y actualmente no llegan al 50% del SMI del cual nació. Por ello, el IPREM incumple de forma fragrante su principal función, que es la de garantizar unos niveles adecuados de cobertura social y fijar un parámetro objetivo para recibir ayudas del Estado.

La situación se va a ver agravada en este 2024, año en el que se ha anunciado que se van a prorrogar los Presupuesto Generales del Estado y por lo tanto,  si no se remedia, va a permanecer congelada la cuantía establecida para este indicador.


Por ello, desde UGT reiteramos nuestra petición de que se sustituya el IPREM, que ha quedao obsoleto y desfasado, por un índice objetivo de umbral de pobreza. Así ha ocurrido con la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva, que a partir de 2027 no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos, o la cuantía de la pensión no contributiva, que en 2027 deberá converger con el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Esta última referencia, el importe de la pensión no contributiva, sirve también para calcular el IMV.


El decaimiento de los Presupuesto Generales del Estado para este 2024, refuerza la aspiración de este sindicato de que el indicador de referencia de ayudas públicas y subsidios por desempleo, esté vinculado a un índice de pobreza, con actualizaciones automáticas que deberá prever la norma, y cuya cuantía debe ser, tal y como exige la Carta Social Europea, el 50% de ingreso mediano – que actualmente está en torno a los 1600 euros/mes-.


Un verdadera política con conciencia social exige que la prórroga de los presupuestos no castigue a las familias más desfavorecidas.