Los negociadores del Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre un proyecto de ley para mejorar las condiciones laborales de las personas que realizan trabajos de plataforma que, si bien queda lejos del marco regulatorio pionero en España, resulta un avance en la materia.

Con este acuerdo, que tendrá que ser adoptado formalmente, con los Estados miembros, el próximo día 20 antes de su entrada en vigor, la Directiva sobre trabajo de plataforma entra en el tramo final para su aprobación con el objetivo de garantizar la correcta clasificación de la situación laboral de las personas que realizan trabajo de plataforma e introducir las primeras normas de la UE sobre gestión algorítmica y uso de inteligencia artificial en el lugar de trabajo.

En la actualidad, al menos 5,5 millones de personas que realizan trabajos de plataforma pueden estar clasificadas erróneamente como autónomos (lo que se conoce como falso autónomo) y se están perdiendo importantes derechos laborales y de protección social.

Por eso el acuerdo provisional es muy importante ya que introduce una presunción de relación laboral que se activa cuando se dan dos de una lista de cinco indicadores de control o dirección, que los Estados miembros pueden ampliar. Esta presunción puede ser activada por la persona trabajadora, por sus representantes y por las autoridades competentes de oficio y puede refutarse si la plataforma demuestra que la relación contractual no es una relación laboral.

Aumentar la protección a los trabajadores

Además, las plataformas deberán facilitar información sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo su comportamiento afecta a las decisiones tomadas por los sistemas automatizados a las personas trabajadoras y a sus representantes y prohibirá a las plataformas tomar ciertas decisiones importantes, como despidos y decisiones de suspender una cuenta, sin supervisión humana.

Las plataformas también estarán obligadas a evaluar el impacto de las decisiones tomadas o apoyadas por sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones sobre las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad y los derechos fundamentales y deberán aumentar el nivel de protección en el ámbito de la protección de datos.

Con la nueva ley, no será posible que una plataforma eluda las normas utilizando intermediarios, es decir, cuando las personas trabajadoras tengan una relación contractual directa con una parte distinta de la plataforma digital pertinente. Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que las personas que realizan trabajos en plataformas a través de intermediarios disfrutan del mismo nivel de protección que las que tienen una relación contractual directa.