El Parlamento aprueba la primera normativa europea contra la violencia de género

Las nuevas normas pretenden prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia machista perpetrada por su pareja o expareja

Fecha: 25 Abr 2024

Parlamento europeo

El Parlamento aprobó el miércoles la primera normativa europea para luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones. Esta directiva exige leyes más estrictas contra la ciberviolencia, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones.

Las nuevas normas prohíben la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, y establecen orientaciones específicas para los delitos cometidos en línea, como la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético.

La normativa también incluirá una lista más exhaustiva de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes cometidos contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Otros delitos contemplados son la intención de castigar a las víctimas por su género, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, así como para preservar el «honor» de una persona o restaurarlo.

Accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva

Debe darse prioridad a la seguridad y el bienestar de las víctimas, incluido el acceso a alojamientos protegidos. La asistencia sanitaria debe ser accesible, sin excluir los servicios de salud sexual y reproductiva. Las autoridades de los países miembros tendrán obligaciones más estrictas de elaborar informes y recoger pruebas. Asimismo, deberán sensibilizar a la población sobre el hecho de que mantener relaciones sexuales sin consentimiento se considera un delito.

Dada la insistencia del Parlamento, la Comisión realizará un informe cada cinco años para determinar si estas normas deberían someterse a revisión.

Declaraciones de las ponentes

Frances Fitzgerald (PPE, Irlanda), componente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, dijo lo siguiente: «El Parlamento ha dado los primeros pasos para convertir a Europa en el primer continente en acabar con la violencia contra las mujeres. Este es un texto legislativo de amplio alcance que evitará la violencia, protegerá a las víctimas y enjuiciará a los agresores. No puede haber igualdad sin erradicar la violencia contra las mujeres; debemos asegurarnos de que no hay impunidad para quienes cometen esos delitos».

Evin Incir (S&D, Suecia), componente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, declaró: «Esta directiva emblemática refleja nuestro compromiso sin fisuras de reforzar los derechos de la mujer y salvar vidas. Recordemos este momento como un primer paso histórico en el refuerzo de los derechos de las mujeres, que marca el camino hacia un futuro donde todas las mujeres pueden vivir sin miedo ni opresión. Es una victoria para la justicia y la igualdad en la Unión Europea».

Desde el Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos, del que UGT forma parte, así como desde el área de Mujeres de la Vicesecretaría General de UGT, consideramos que este acuerdo no es tan ambicioso como se pretendía en un primer momento, especialmente por el rechazo a incluir la criminalización de la violación basada en la falta de consentimiento, alineando la legislación en esta materia con lo que exige el Convenio de Estambul.

Es decir, si bien este texto constituye un paso más a nivel europeo contra la violencia de género de forma conjunta, la legislación española es más avanzada en esta materia y por tanto apenas incluiría novedades a nivel nacional. Aun así, una legislación comunitaria en materia de violencia de género es un paso necesario para que todos los estados miembros cuenten con un mínimo de garantías para las víctimas.

Próximos pasos

Las nuevas normas entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los países miembros dispondrán de tres años para aplicar las disposiciones.