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 En el año 1888, a
las 10’30 horas del 12 de agosto, veintiséis hombres tomaban asiento
en el salón del Círculo Socialista ubicado en la calle Tallers, 29,
de Barcelona, para iniciar el Primer Congreso Nacional Obrero:
Antonio García Quejido, Pablo Iglesias,
Juan Serna, Basilio Martín Rodríguez, Pablo Roca, Pedro Botifoll,
Ramón Cuñé, Constantino Amigó, Antonio Cortés, Juan Roca, Baldomero
Carbonell, Rafael Orrioles, José Anguera, Toribio Reoyo, Salvador
Ferrer, Cristóbal Uño, Antonio Torroella, José Sarcos, Ramón
Perramón, Jaime Mora, Juan Matas, J. Castells, José Pons, Juan
Boixader, Juan Palomero y Antonio Moliner. Estos 26
delegados, que representaban a 44 sociedades de oficios (28 de ellas
de Cataluña y 16 a las provincias castellanas) y a un total de
5.154 afiliados, de los que 1.391 correspondían a la Federación
Tipográfica Española, habían llegado animados por un empeño común:
constituir la primera Organización nacional de sociedades obreras
para defender sus intereses de asalariados frente a la patronal.
El Congreso duró
hasta el día 14 y en la segunda sesión un tipógrafo llamado
Pablo Iglesias Posse proponía
que la nueva Organización obrera llevara por nombre
"Unión General de Trabajadores de
España". La sugerencia fue aprobada por el Congreso, que
antes de cerrar sus sesiones eligió como presidente de la
organización a un compañero de Pablo
Iglesias, el también tipógrafo
Antonio García Quejido,
secretario a su vez de la Federación Socialista Madrileña.
La recién nacida
UGT se organiza a base de Sindicatos de Oficio a nivel local y por
Federaciones a nivel nacional, queda aprobado un programa de
fijación de salarios mínimos, y se acuerda la petición de la jornada
de ocho horas. La cuota de afiliación queda fijada en cinco
céntimos. Como órgano directivo entre Congresos actúa el Comité
Nacional. Así cristalizaban los deseos de miles de trabajadores que,
a raíz de la aparición de la I Internacional (1864), venían
dirigiendo sus esfuerzos a crear Asociaciones obreras basadas en la
solidaridad y estructuradas en agrupaciones de oficios.
En torno a una de
esas Asociaciones (la Asociación del Arte de Imprimir, de Madrid), y
a una de sus figuras más destacadas,
Pablo Iglesias, se nuclea la tendencia marxista que sería
decisoria para la fundación del PSOE y la creación de UGT, su
Organización hermana en el campo laboral. De hecho, pocos días
después de la celebración de este Primer Congreso Nacional Obrero se
celebra el Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que
establecería como requisito para la militancia en el partido la
pertenencia al sindicato recién creado.
Hasta finales de
siglo, UGT experimenta un proceso de consolidación y va extendiendo
su influencia a las diversas provincias españolas (particularmente
por la cuenca minera asturiana y Vizcaya gracias a la labor de
dirigentes como Varela y
Vigil,
Manuel Llaneza y
Perezagua). En 1890 se
celebra el II Congreso de UGT y por primera vez en España se celebra
el 1º de Mayo (en Barcelona, Madrid y Bilbao). Con el cierre del
siglo, UGT había pasado a tener más de 26.000 afiliados y para 1910,
fecha de fundación de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo),
el número de afiliados al sindicato socialista alcanzaba los 43.000.
Ese mismo año, Pablo Iglesias
se convierte en el primer diputado obrero de España.
En 1892 se celebra
el III Congreso de UGT; dos años más tarde, del 25 al 28 de agosto
de 1894, el IV Congreso en Madrid, y en 1896 el V Congreso. En su VI
Congreso (13-15 de septiembre de 1899), la sede central del
sindicato en Barcelona se traslada a Madrid. Los últimos años del
siglo XIX resultan difíciles para el movimiento obrero español
debido a las suspensiones, detenciones y violentas represalias que
provocan las numerosas huelgas y actos de protesta de los
trabajadores contra las guerras coloniales en las que, por aquel
entonces, se ve enzarzada España (Huelga General contra la guerra de
Marruecos el 26 de julio de 1909).
Durante la primera
década del siglo XX, UGT experimenta un período de desarrollo
ideológico y organizativo. Es a partir de entonces cuando se perfila
una nueva generación de dirigentes, tales como
Saborit,
Indalecio Prieto y
Anguiano. En 1902 se celebró
el VII Congreso y tres años más tarde, en 1905, el VIII Congreso. En
el IX Congreso, el 28 de noviembre de 1908, se inaugura la Casa del
Pueblo de Madrid (c/ Piamonte, 2). La Organización va creciendo
hasta llegar en 1915 a los 110.000 afiliados. En el X Congreso de
1911 se sustituyen los Sindicatos de Oficios por Sindicatos de
Industria, lo que permitirá la consolidación del movimiento
reivindicativo y la creación de Sindicatos poderosos. Esta es
también la década de la creación de cooperativas obreras y centros
educativos y de esparcimiento, como las Casas del Pueblo. En 1914 se
celebra el XI Congreso y en 1916 tiene lugar el XII Congreso que
aprueba el primer plan de lucha contra el aumento del coste de la
vida.
La activa participación de UGT en las
numerosas huelgas que tienen lugar en la segunda década del siglo XX
(y que desembocan en la huelga general del 13 de agosto de 1917,
cuando es decretado el estado de guerra) hace aún frecuentes, sin
embargo, las disoluciones de la organización y la encarcelación de
sus dirigentes. El año 1917 es crucial para el desarrollo futuro del
sindicalismo en nuestro país. Este es el año en que el Movimiento
Obrero descubre su capacidad de influir en las decisiones políticas,
se enfrenta abiertamente al Gobierno y es capaz de ofrecer una
alternativa. Dos meses después, otros acontecimientos exteriores
reforzarían ese descubrimiento: la Revolución de Octubre.
 La huelga general
del 13 de agosto de 1917 (precedida por la publicación de un
manifiesto redactado por Besteiro
en el que se pedía la formación de un Gobierno provisional y el
final del sistema caciquil de elecciones) vino precedida por la
huelga general convocada por el sector ferroviario de UGT el día 9 y
que se inició al día siguiente extendiéndose a todo el país. Esa
huelga general da lugar a choques entre el Ejército y los
huelguistas y los miembros del Comité de Huelga son condenados a
cadena perpetua en Consejo de Guerra celebrado el 29 de septiembre.
Pero éstos, entre los que se encuentran
Besteiro,
Largo Caballero,
Saborit y
Anguiano, son puestos en
libertad unos meses (mayo de 1918) después de anunciada la condena
al ser elegidos diputados. El saldo total de la huelga general en
toda España fue de 2.000 detenidos aproximadamente y cerca de un
centenar de obreros muertos. Esta huelga general marcó un punto
máximo de combatividad y tuvo un alcance histórico, ya que fue la
primera de género político en España que, con carácter general,
abarcó a todo el territorio nacional. Al año siguiente, UGT celebra
su XIII Congreso en el que se aprueba un Programa Máximo.
Los ecos de
la revolución rusa repercuten en los debates entre los afiliados a
UGT, y también al PSOE. Algunos se muestran partidarios de adherirse
a la III Internacional (creada por
Lenin en 1921), pero son derrotadas sus tesis tanto en el
Sindicato como en el Partido y ello provoca posteriormente una
escisión que se salda con la fundación por parte de los perdedores
del Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Mientras tanto, por
Decreto Ley de abril de 1919, los trabajadores habían conseguido una
de sus viejas aspiraciones: la jornada laboral de ocho horas. En
este mismo año, Largo Caballero
y Besteiro participan en
la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En 1920 UGT celebra su XIV Congreso.
Para aquel entonces, con
datos de 1921, UGT superaba con creces los 200.000 afiliados y un
año más tarde, en 1922, celebra su XV Congreso.
La llegada al
poder de Miguel Primo de Rivera
en 1923, mediante un golpe de Estado, acrecienta las protestas
obreras, tanto entre los ugetistas como entre los cenetistas. Estas
protestas resultan en una disolución de los segundos (que eligen el
enfrentamiento con el nuevo régimen) y un languidecimiento de los
primeros. La muerte de Pablo Iglesias,
el 9 de diciembre de 1925, deja la responsabilidad de UGT en manos
de Indalecio Prieto,
Julián Besteiro y
Francisco Largo Caballero,
tres figuras claves del socialismo español en los años venideros
tras la caída de la dictadura de
Primo de Rivera, en 1930. El 16 de septiembre de 1928 UGT
celebra su XVI Congreso en el que se establece que las Federaciones
de Industria son la base organizativa del Sindicato. Por esas
fechas, UGT contaba con casi 300.000 afiliados y se producía la
decisiva incorporación de los campesinos a la lucha sindical.
En mayo de 1924 se
produce la disolución del Instituto de Reformas Sociales y creación,
en sustitución de éste, del Consejo Superior de Trabajo, en el que
se integran como vocales obreros
Largo Caballero,
Núñez
Tomás,
Lucio Martínez Gil
y Santiago Pérez Infante.
 La caída de la
dictadura y la instauración de la II República (14 de abril de 1931)
abre en el Sindicato la vieja polémica sobre la
conveniencia o no de participar con los partidos republicanos en
coaliciones políticas. En ese sentido,
Francisco Largo Caballero se pronuncia, en principio,
a favor de la participación e
Indalecio Prieto asiste, a título personal, en San
Sebastián, a la firma de un pacto por el que se perfila la coalición
republicano-socialista que resultaría vencedora en las grandes
ciudades en las elecciones del 12 de abril de 1931.
Largo Caballero, como
Ministro de Trabajo, promulga leyes sobre la jornada de ocho horas,
salario mínimo, jurados mixtos, asociaciones obreras, etc.
Julián Besteiro
no es partidario de implicar a UGT en la política y se distancia de
las posturas de sus correligionarios
Prieto y Largo Caballero.
Esta decisión cuesta a Besteiro
el ser desplazado por Largo Caballero
en la dirección del PSOE en el Congreso de 1932 (año en el que se
celebra el XVII Congreso de UGT, último Congreso sindical en España
hasta 1976, y se produce una huelga general contra el golpe de
Sanjurjo) y también su salida
de la Comisión Ejecutiva del Sindicato al año siguiente, al ganar
las tesis de Largo Caballero
en una reunión del Comité Nacional (27 de enero de 1934). Con él
dejan la Ejecutiva Saborit
y Trifón Gómez. Víctima de
la impaciencia y la decepción por las limitaciones que impone la vía
parlamentaria, Largo Caballero
se pronuncia partidario de una toma de poder mediante la acción
revolucionaria. No es ajena a esta toma de posición de
Largo Caballero su
experiencia en el Gobierno como Ministro de Trabajo. En esa época
las sociedades obreras estaban acogidas a la Ley de Asociaciones
Profesionales de Patronos y Obreros de 8 de abril de 1932, figurando
la mayoría de ellas en un Censo de Asociaciones Obreras llamado
“Censo Largo Caballero”. No sólo tenían carácter sindical, sino que
eran “el sindicato”, la forma ordinaria de organización de los
trabajadores a la que éstos se afiliaban, siendo aquéllas las que
posteriormente se afiliaban a UGT. Y los sindicatos de entonces
tenían y ejercían funciones de asistencia y socorro de los
trabajadores, que llevaban a cabo a través de cooperativas de
consumo, de trabajo, de vivienda, sociedades de socorros mutuos,
fundaciones con fines asistenciales, etc., constituidas por los
propios sindicatos.
En 1934 la
situación empeora, con un Gobierno de derechas dispuesto a ir
recortando las mejoras sociales conseguidas por los trabajadores en
la anterior legislatura, y que se emplea a fondo contra cualquier
protesta laboral. Entre el 5 y el 18 de octubre se convoca una
huelga general que prende en casi todo el país, particularmente en
Asturias, donde la Alianza Obrera (UGT y CNT) se hace con las
riendas y se crea una situación revolucionaria que el Gobierno
reprime causando numerosas víctimas y practicando un sinfín de
detenciones. Largo Caballero
es encarcelado y se clausuran las Casas del Pueblo.
La polarización de
las fuerzas políticas y sociales facilita la creación del Frente
Popular, coalición de los partidos de izquierda, que ganará las
elecciones del 16 de febrero de 1936 y que preside
Largo Caballero. Pocos meses
después empezará la Guerra Civil al sublevarse el General
Franco contra la República
(lo que motiva un llamamiento de UGT a la huelga general contra el
golpe militar), y con la Guerra Civil se inicia un período de
extraordinario esfuerzo para el Movimiento sindical, que se ve
obligado a renunciar a muchas de las actividades propias de sus
Organizaciones en aras de la defensa de la legitimidad nacional. En
el umbral del conflicto, UGT contaba en sus filas con cerca de un
millón y medio de afiliados, que debían compaginar la doble tarea de
combatir en todos los frentes y asegurar la continuidad de la
producción industrial y agrícola en la retaguardia.
Los años de la
guerra son años de crisis y desgaste dentro del Movimiento sindical,
debido, en parte, a las distintas posturas políticas que coexisten
en su seno. En septiembre de 1937 la Comisión Ejecutiva de UGT
expulsa a nueve Federaciones Nacionales que están descontentas con
su gestión (entre ellas, la Federación del "glorioso Sindicato
Minero Asturiano", de la que era secretario general
Ramón González Peña,
Presidente del PSOE); antes de adoptar esta decisión, la Comisión
Ejecutiva había suspendido en sus derechos a la Federación de las
Artes Blancas de Madrid, una de las de más brillante historial
revolucionario.
Anécdotas aparte,
para estos sindicalistas, la Guerra Civil, tras la rebelión militar
contra la República el 18 de julio de 1936, abre un paréntesis que
les obliga a ejercer una lucha doble, en sus puestos de trabajo y en
las barricadas, y se cierra con una derrota que obliga a miles de
ellos a cruzar la frontera para terminar siendo internados en campos
de concentración (como le sucedería al propio
Largo Caballero). En 1938 un
Pleno ampliado de UGT elige a una nueva Ejecutiva de integración, y
en marzo de este año se aprueba un programa de unidad de acción
entre UGT y CNT. En el año 1939 son incautados los bienes acumulados
por los Sindicatos obreros y comienza la larga noche de la dictadura
franquista. El nuevo régimen reprime a las Organizaciones populares
y a sus integrantes. Comienzan los juicios sumarísimos contra los
que permanecen en la Península.
Besteiro es encarcelado y muere en la prisión de Carmona
(Sevilla) el 27 de septiembre de 1940. Los que escapan a las iras
franquistas intentan organizarse en núcleos de resistencia que
dieron lugar al nacimiento de los “maquis", grupos guerrilleros que
combatieron en las montañas a lo largo de la década de los cuarenta.
Durante este
paréntesis, sin embargo, los ugetistas que quedan en el interior
comienzan a actuar en misiones de información, seguridad y socorro;
los que han conseguido escapar intentarían mantener un mínimo de
Organización en Toulouse, sur de Francia, ciudad en la que en
noviembre de 1944 se produce el I Congreso de UGT en el exilio. UGT
se organiza a través de los Secretariados Profesionales y los Grupos
Departamentales, trasladando la Organización que existía en España
de Federaciones de Industria y de Uniones Territoriales. En 1945 se
constituye la primera Comisión Ejecutiva de UGT en la
clandestinidad.
En los años de la
dictadura, UGT se dedica, desde su sede de Toulouse, a parar, con el
apoyo de la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres), el reconocimiento internacional de los
"sindicatos verticales" creados por el régimen franquista, a
conseguir apoyo y solidaridad de los trabajadores de otras tierras
para los esfuerzos de los españoles en sus acciones de protesta o
conatos de huelga y a dar publicidad a estos hechos.
También será tarea
importante la de propagar en el exterior la información sobre actos
de represión del Gobierno franquista. En diciembre de 1959, con
motivo de la visita a España del entonces presidente de Estados
Unidos, Dwight Eisenhower,
UGT edita en Toulouse una carta de los presos políticos españoles al
mandatario norteamericano. En el periodo que abarca de 1944 hasta
1973, UGT celebra 12 Congresos en el exilio.
Mientras tanto, en
el interior del país se suceden los intentos de mantener algún
núcleo de acción, que terminan casi siempre en su disolución por la
policía. Así ocurre en el año 1942. En 1944 se elige una Comisión
Ejecutiva provisional, presidida por
Gómez Egde, cuyos miembros son detenidos al año
siguiente, con solicitud de penas de muerte y treinta años para los
dirigentes regionales. Se elige en 1945, año en el que UGT participa
en la creación de la Federación Sindical Mundial (FIM), una nueva
Ejecutiva que preside Eduardo
Villegas. El 23 de marzo de 1946 muere en París
Largo Caballero.
En ese mismo año se celebra el II Congreso de UGT en el exilio y en
medio de una gran tensión se informa de la muerte de varios
compañeros encargados de tareas de organización y enlace con el
interior, así como de la captura y muerte de algunos delegados a
este Congreso.
En Madrid son
procesados y condenados los miembros de la segunda Ejecutiva, que
preside Villegas. En el
año 1947 UGT llama a la huelga en el País Vasco contra los bajos
salarios y contra la dictadura franquista. El resultado de éstas y
otras acciones es difícil de evaluar por falta de datos que
contrasten la información proporcionada por los interesados, pero
las cárceles se llenaban con cada acción, y ello es significativo.
En 1949, se celebra el III Congreso de UGT en el exilio, año en el
que se constituye la CIOSL (Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres), a la que UGT pertenece y de la
que es miembro fundador. En 1951, año del IV Congreso de UGT en el
exilio, un comando franquista asalta y destruye las oficinas de UGT
en Toulouse y en 1953 (año en que se celebra el V Congreso de UGT en
el exilio) Tomás Centeno,
presidente de la Sexta Comisión Clandestina de UGT, muere torturado
en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de Madrid. Entre
1945 y 1953 han sido detenidas y encarceladas cinco Comisiones
Ejecutivas de UGT.
A mediados de los
50 (época en la que surgió otro movimiento sindical, Comisiones
Obreras) y más concretamente entre 1956 (VI Congreso de UGT en el
exilio) y 1958, son convocadas en España varias huelgas, que se
saldan con nuevas oleadas de detenciones y torturas. Esta tónica
continúa en la siguiente década y se extiende también hasta la misma
fecha de la muerte de Franco.
Pero, para entonces, ya está todo en marcha para el regreso. En 1959
se celebra el VII Congreso de UGT en el exilio y en 1961, en mayo,
se crea formalmente la Alianza Sindical formada por UGT, CNT y STV.
En 1962, año de gran convulsión social con multitud de huelgas, se
celebra el VIII Congreso de UGT en el exilio. El IX Congreso tendrá
lugar en 1965 y en 1968 el X Congreso también en el exilio cuya
ejecutiva dimite y se elige otra al año siguiente. En 1971, en
agosto, el XI Congreso elige a miembros del interior (clandestinos)
y del exterior, entre los que se encuentra
Nicolás Redondo. Situación
que se reproduce en el XII Congreso, último Congreso en el exilio
celebrado en 1973. En este año se constituye la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) de la que UGT es miembro fundador.
En los últimos
años de la dictadura, como generalización de una amplia conciencia
antifranquista, la lucha sindical de 1970 hizo emerger el movimiento
obrero de sus reductos de Asturias, Vizcaya, Barcelona y Madrid,
para extenderse por las nuevas áreas industriales. Al mismo tiempo,
el sindicalismo internacional tomaba conciencia de la proximidad de
una transición democrática en España y se movilizaba en apoyo de la
UGT. La Organización Internacional del Trabajo -en la que
participaba UGT desde 1974- se convirtió en una plataforma de
denuncia de la falta de libertades sindicales en España. Los
trabajadores europeos de multinacionales con filiales en nuestro
país, actuando con una gran conciencia solidaria, realizaron
acciones para presionar a las direcciones respectivas a favor de la
democratización de España.
Paralelamente en
el interior de España, la acción sindical impone nuevos instrumentos
de lucha en las empresas, como las asambleas, los jurados y los
comités representativos. Las organizaciones obreras se plantean la
unidad de acción contra la represión, mediante fondos de
solidaridad, comités internos de fábricas, frentes de lucha,
coordinadoras locales y plataformas reivindicativas unitarias.
El nuevo análisis
de la realidad perfiló la estrategia y táctica de UGT en los últimos
años de la dictadura. Las tres líneas principales de actuación se
dirigieron hacia la lucha por la democracia y la libertad sindical,
la recuperación del papel de UGT en el movimiento obrero español, y
la construcción del socialismo.
Asimismo, ante la
propuesta del Gobierno de conservar las estructuras de la
Organización Sindical franquista, la oposición de UGT jugó un papel
esencial. Su iniciativa de celebrar ya en España el XXX Congreso
supuso la primera señal de resistencia a la "reforma sindical",
planteada por el ministro Rodolfo
Martín Villa, por parte de unos sindicatos democráticos
que exigían la libertad sindical plena.
Superada esta
situación, la continuidad histórica de UGT quedó garantizada y, a
partir de ese momento, entre finales de 1976 y durante 1977, el
Sindicato experimentó un espectacular crecimiento en influencia y
número de afiliados, al presentarse como un Sindicato con historia y
apoyos suficientes.
En abril de 1976,
entre los días 15 y 18, UGT celebra su XXX Congreso en Madrid, aún
en la ilegalidad con el lema “A la unidad sindical por la libertad”.
El acontecimiento se celebró en el mismo restaurante madrileño
(Biarritz) del barrio de Cuatro Caminos en el que se celebrara en
1932 el último Congreso del Sindicato en España (el XVII). En su
discurso a los asistentes, el entonces secretario general
Nicolás Redondo propugnó la
ruptura política y sindical con el Gobierno de aquel momento, el
primero de la monarquía, presidido por
Arias Navarro. Además, hizo
un repaso de la trayectoria de UGT desde su fundación:
“Desde 1888, la
UGT ha jugado un papel protagonista en todas las grandes luchas del
proletariado español camino de su emancipación social; utilizando en
cada caso el método que parecía más adecuado para la defensa de los
intereses obreros, la Unión General ha encabezado indefectiblemente
las acciones más trascendentales del movimiento obrero en nuestro
país.
El nombre de
UGT ha quedado ligado para siempre a jornadas como las de las
huelgas revolucionarias de 1910 y 1917; a movilizaciones de masas
como las que acarrearon la proclamación de la República en 1931 y el
triunfo del Frente Popular en 1936, a insurrecciones populares como
la de Octubre de 1934 en Asturias; a la defensa, con las armas en la
mano, de la legalidad republicana entre 1936 y 1939, y a la
infinidad de acciones de resistencia antifascistas realizadas sin
interrupción durante los últimos 40 años y que van desde la lucha de
guerrillas hasta los más recientes movimientos huelguísticos
registrados por todo el país.
A este
respecto, no podemos ni debemos olvidar que a lo largo de todo este
recorrido, UGT se encontró siempre codo con codo con el Partido
Socialista Obrero Español, que compartiendo con nosotros,
principios, aspiraciones y praxis democrática, representó en todo
momento el complemento a nivel político de nuestra acción sindical”.
El 23 de julio de
1976, UGT, Comisiones Obreras y USO participan en la creación de la
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que UGT abandona al
año siguiente. El 26 de febrero de 1977 se celebra una reunión-cena
en Ginebra entre el entonces Ministro de Relaciones Sindicales de
UCD Enrique de la Mata Gorostizaga
y miembros de UGT, en presencia de
Otto Kersten, Secretario General de la CIOSL. Unos días
antes, el 20 de febrero, UGT y Comisiones Obreras habían hecho
público su censo de afiliados. A 1 de enero de 1977 la primera
central sindical aseguraba contar con 60.000 afiliados y la segunda
con 94.325.
Por otro lado,
éste de 1977 fue un año rico en acontecimientos para el mundo
sindical español. Las principales centrales sindicales actuaban
abiertamente y el Gobierno hacía la vista gorda, mientras en el
Parlamento se discutía un Decreto-Ley de Relaciones Sindicales, que
se aprueba el 30 de marzo, y que reconocía la libertad de asociación
sindical. El 28 de abril se legalizan los sindicatos UGT, CC.OO. y
USO. No sería, sin embargo, hasta que
Nicolás Redondo, encabezando
una delegación sindical española, ocupara en la LXII Conferencia
Internacional de la OIT el lugar que cuatro décadas antes había
pertenecido a Francisco Largo
Caballero que los Sindicatos quedaron "de facto"
legalizados en España. Eso ocurría a fines de junio de 1977, tres
meses después de que fuera legalizado el PCE (Partido Comunista de
España). A partir de ese momento, comienza la pugna por la hegemonía
sindical, que ese mismo año se ponen a preparar elecciones en
diversas empresas. El 15 de junio, coincidiendo con las primeras
elecciones democráticas, se deroga la cuota sindical obligatoria.
 En enero del 77 se
presenta en Madrid, en el cine Capri, el sector "histórico" de UGT,
presidido por Juan Gómez Egido.
Como la historia de UGT sigue un curso paralelo con la del Partido
Socialista Obrero Español, no es de extrañar que, a raíz del
Congreso del Partido que se celebró en Toulouse en 1972, en el que
vencieron los "socialistas del interior", y al desgajarse el PSOE en
dos sectores (el "renovado", dirigido por
Felipe González, y el
"histórico" dirigido por Rodolfo
Llópis), su brazo sindical corriera la misma suerte. Otra
escisión, esta vez protagonizada por la Unión Sindical Obrera,
serviría para incrementar el censo de UGT y, así, a finales del 77,
en un Congreso Extraordinario Unificación UGT-USO, una gran fracción
de USO, encabezada por José María
Zufiaur, se integró en el sindicato. Los días 30 y 31 de
julio tiene lugar un Congreso extraordinario de UGT como
continuación del XXX Congreso.
Tras la
legalización de las Centrales sindicales
Nicolás Redondo anuncia, en
julio de 1977, que se han repartido 700.000 carnets de UGT y cuentan
con 500.000 afiliados que cotizan. Diez años después, en octubre de
1987, UGT tenía más de 660.000 afiliados en toda España. Al
finalizar el año 2000, eran más de 750.000 los afiliados-cotizantes.
Y según el Fichero de Afiliación de UGT a marzo de 2005, el
Sindicato contaba con 888.414 afiliados.
1978 es el año en
que se normaliza políticamente el país con la aprobación de la
Constitución en referéndum celebrado el 6 de diciembre. Y en el
plano sindical, ese mismo año se celebra el primer 1º de Mayo en la
legalidad conjuntamente por las centrales sindicales más
representativas con manifestaciones en todo el país. A la de Madrid
asistieron casi un millón de personas. También se celebran las
primeras elecciones sindicales a lo largo del año 1978, iniciándose
el proceso en Málaga entre el 25 de enero y el 1 de febrero y en
Cataluña durante la primera semana de febrero. De un total de
193.112 Delegados elegidos, las cifras oficiales adjudicaban 66.540
a Comisiones Obreras; 41.897 a UGT; 7.474 a la Unión Sindical
Obrera; 1.931 a ELA; 35.000 a “No afiliados” y 40.270 aparecían bajo
el concepto de “otros”. Dos años después, en 1980, y tras la
elección de 164.617 Delegados en toda España, UGT ampliaba su
representación, según los datos oficiales, a 48.194 y Comisiones
Obreras lograba 50.817 Delegados.
Mientras tanto, en
ese mismo año, del 25 al 28 de mayo, se celebra el XXXI Congreso de
UGT, en esta ocasión en Barcelona, con el lema “...y la lucha
sindical continúa”. Y dos años más tarde, del 3 al 6 de abril de
1980, se celebra el XXXII Congreso por “Un sindicalismo para
todos”. El 10 de julio de 1979 UGT y la patronal CEOE firman el
Acuerdo Básico Interconfederal (ABI). Este acuerdo fue un
antecedente directo del Estatuto de los Trabajadores y sentó las
bases del nuevo sistema de relaciones laborales en el que la
negociación colectiva desempeña un papel central. Los firmantes del
ABI defendieron la autonomía de los interlocutores sociales como uno
de los aspectos principales en un sistema democrático de relaciones
laborales y el papel fundamental que el sindicato debe jugar también
en el ámbito de la empresa. Y este año
Manuel Simón y
Nicolás Redondo son elegidos
miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de
Sindicatos. El 5 de enero de 1980 UGT y CEOE firman el Acuerdo Marco
Interconfederal (AMI) y el 1 de marzo de ese mismo año el Estatuto
de los Trabajadores (ET). Al año siguiente, el 9 de junio de 1981,
se firma el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) entre UGT, CC.OO.,
CEOE y Gobierno.
En 1982 se vuelven a celebrar
elecciones sindicales. Según los datos oficiales, de los 140.770
Delegados elegidos 51.672 corresponden a UGT; 47.016 a Comisiones
Obreras; 6.527 a la Unión Sindical Obrera; 4.642 a ELA; 1.651 a la
Intersindical Galega; 12.233 a “otros” y 17.024 a “No afiliados”. En
1984 no se celebran elecciones sindicales a nivel nacional porque la
legislación en este aspecto cambia y amplía el mandato de los
Delegados sindicales a cuatro años.
En 1983, se firma el Acuerdo
Interconfederal (AI) el 15 de febrero, y del 1 al 5 de junio, UGT
celebra su XXXIII Congreso “Desde el poder sindical, a la
solidaridad”. En este año se aprueba por Ley la jornada máxima
semanal de 40 horas. Al año siguiente, el 9 de octubre de 1984, UGT,
CEOE y Gobierno firman el Acuerdo Económico y Social (AES). Y en
1985 se aprueba la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).
En 1982, España
vuelve a tener un Gobierno de izquierdas tras el triunfo electoral
del PSOE el 28 de octubre, que abre grandes expectativas en el país,
sobre todo en los sectores progresistas que esperan un cambio, pero
no tardan en aparecer las fricciones entre los sindicatos y el
Gobierno que preside Felipe González
por su política excesivamente liberal del área económica. Las
primeras desavenencias serias de UGT con el Gobierno socialista
datan de 1985, cuando es aprobado el decreto-ley de reforma de la
Seguridad Social (siendo Ministro de Economía y Hacienda
Miguel Boyer) y son
recortadas las pensiones. Carlos
Solchaga, que reemplazó a
Boyer en el cargo en julio del 85, se convertiría con el
tiempo en la bestia negra de los ugetistas. No es ningún secreto
que, desde los despachos del PSOE, en el año 85, se andaba buscando
sucesor a Nicolás Redondo
en la Secretaría General del Sindicato. Sin embargo, el XXXIV
Congreso de UGT (“El Sindicato para la nueva sociedad”),
celebrado entre el 2 y 6 de abril de 1986, no dejó transpirar las
tensiones existentes entre unos y otros (era año de elecciones
generales) y el informe de gestión de la Comisión Ejecutiva
Confederal fue aprobado por unanimidad.
Después de las
elecciones generales, que dan de nuevo la victoria al PSOE, las
relaciones de UGT con el Partido sufren altibajos, hasta desembocar,
en 1987, en una cadena de dimisiones en el Partido y en el Sindicato
provocada por el debate en el Parlamento de los Presupuestos de
1988.
En octubre de 1986
se entregan a UGT 6.074 millones de pesetas en concepto de
devolución del Patrimonio Sindical incautado al fin de la Guerra
Civil, con arreglo a un inventario elaborado por el Gobierno.
Previamente, en septiembre del mismo año, UGT había recibido 4.144
millones.
Las elecciones
sindicales de 1986 confirman, según los datos oficiales, la
tendencia al alza de UGT: De 177.484 Delegados elegidos, 71.327
correspondieron a UGT; 60.816 a Comisiones Obreras; 6.791 a la Unión
Sindical Obrera; 5.190 a ELA; 1.120 a INTG; 1.104 a CXTG; 17.670 a
“otros” y 13.466 a “No afiliados”. Durante los meses de noviembre y
diciembre de 1987 se realizan elecciones sindicales en la Función
Pública, dando lugar a la siguiente composición del Consejo Superior
de la Función Pública: UGT, 7 miembros; CC.OO., 6; CSIF, 3 y ELA, 1.
En las elecciones de 1990, de los 237.261 Delegados elegidos, 99.737
correspondieron a UGT; 87.730 a Comisiones Obreras; 7.487 a ELA;
6.860 a la Unión Sindical Obrera y 3.527 a la CIG. Del 11 al 15 de
abril de 1990 se celebra el XXXV Congreso de UGT con el lema
“UGT, el Sindicato”.
Las diferencias
entre UGT y el Gobierno se recrudecieron ante el debate del proyecto
de Ley de Presupuestos para 1988, en lo que se refiere a salarios,
pensiones y desempleo. Se produjeron entonces una cadena de
dimisiones. El primero fue Nicolás
Redondo, que votó en contra del proyecto de Ley. A partir
de ese momento se sucedieron las dimisiones de sus escaños en el
Congreso y Senado de sindicalistas elegidos en las listas
socialistas, como la del propio secretario general de UGT,
Nicolás Redondo, y del
secretario de Organización, Antón
Saracíbar. A éstas siguieron las dimisiones de
Emilio Castro,
secretario de Acción Institucional, y en octubre de 1987
Cándido Méndez, secretario
general de UGT en Andalucía, hace lo propio en el Parlamento
Andaluz. Juan Cuenca,
senador socialista y secretario de Formación en UGT-Granada, es
expulsado de la Ejecutiva del Sindicato por votar a favor de la ley
de reforma de las pensiones, Juan
Mazarrasa, responsable confederal de la Unión de Técnicos
y Cuadros de UGT, y José Luis
Corcuera, secretario
confederal de Acción Reivindicativa, abandonaron sus puestos en el
Sindicato en beneficio del Partido, al igual que
Justo Zambrana dimite de la
Secretaría de Relaciones Institucionales de la Comisión Ejecutiva de
UGT para dedicarse al Partido y conservar su escaño. Así las cosas,
UGT caminaba hacia la celebración de su Centenario en un clima de
incertidumbre en cuanto a su eterno debate sobre la relación
Sindicato-Partido y con dos crisis concretas en sus Federaciones de
Metal y de Minería.
La crisis en la
Federación de Minería coleaba desde enero de 1986, cuando se llegó a
la disolución del SOMA-UGT porque, según decía el secretario general
de la Federación, Antón Saavedra,
"el SOMA recibe órdenes de arriba". En septiembre del 87, durante la
reunión del Comité de la Federación Estatal, se lanzaron desde este
Sindicato ataques al PSOE y dos diputados socialistas fueron
declarados "personae non gratae" por los asistentes. En cuanto al
Metal, estaban todavía recientes las heridas provocadas en la
Federación por el antagonismo entre los partidarios del hasta
entonces secretario general Antonio
Puerta (inhabilitado en su cargo con toda la Ejecutiva) y
del candidato a la misma Secretaría
Manuel Fernández López "Lito".
En este convulso
año de 1988 UGT conmemoraba sus primeros cien años de vida. En
palabras del entonces secretario general del Sindicato,
Nicolás Redondo, “UGT
conoció todos los avatares de la propia evolución histórica de
España en dicho lapso de tiempo, un período cuajado de conflictos de
todo género, especialmente sociales, en que la clase trabajadora ha
tenido que luchar muy duramente: primero, para poder organizarse,
saliendo de su postración y venciendo para ello las prohibiciones y
trabas que impedían el derecho mismo de sindicación, hasta lograr su
reconocimiento, y después, para ir conquistando, poco a poco,
condiciones de vida y de trabajo más dignas, más humanas, con las
que superar aquellas escandalosas situaciones de miseria,
explotación e indefensión de las que partía. En este duro proceso
recorrido por el Movimiento Obrero, UGT es una pieza clave, un
factor esencial, al haber constituido el primer núcleo de
Organización consistente de los trabajadores de nuestro país...”.
Por resolución de
la Comisión Ejecutiva Confederal se crea a finales de 1987 la
Comisión Permanente del Centenario, integrada por algunos miembros
de la CEC y por representantes de la Unión Regional de Madrid y de
las Federaciones Estatales de Industria, con el fin de coordinar las
actividades que se desarrollarían ese año. Uno de los primeros actos
fue la presentación el 8 de marzo del sello conmemorativo del
centenario, de un valor de 20 pesetas, en los salones de la central
de Correos de Madrid. El 18 de abril, el Ateneo de Madrid sería el
escenario de presentación del Patronato del Primer Centenario de UGT
cuyo presidente de honor fue Ramón
Rubial Cavia y presidente ejecutivo el entonces
secretario general de UGT, Nicolás
Redondo, al que asistirían en sus funciones 13 miembros,
tanto del PSOE como del Sindicato. Entre los múltiples actos
culturales, deportivos y sociales realizados por toda la
Organización a lo ancho y largo de toda la geografía española, cabe
destacar la inauguración, el 28 de junio, de la Escuela de Formación
Sindical “Julián Besteiro” en Madrid.
Pero el acto
cumbre fue sin duda la Fiesta del 1º de Mayo, en la Casa de Campo de
Madrid, que duró cuatro días. Fue una fiesta de confraternización de
sindicalistas y socialistas como se apreció en la delegación del
PSOE encabezada por Ramón Rubial,
presidente del PSOE, y los miembros de la Ejecutiva socialista
Carmen García
Bloise,
Enrique Múgica y
Francisco Fernández Marugán.
Comisiones Obreras envió una representación encabezada por su
secretario general, Antonio Gutiérrez,
además de Agustín Moreno y
Julián Ariza. El Gobierno
socialista estuvo representado por los ministros de Trabajo y
Seguridad Social, Manuel Chaves;
de Interior, José Barrionuevo,
y Javier Solana, de Cultura.
En su discurso
Nicolás Redondo exigió al
Gobierno que prestase una mayor atención a los sectores más
desfavorecidos, parados, asalariados, pensionistas, y quienes han
llevado la parte más dura de la recuperación económica. Recordó que
el Gobierno tiene una deuda con todos los sectores que le han
apoyado: dar un giro social a su política y esto es posible porque a
situación económica lo permite. Más adelante señalaba que “no se va
a hacer una política de progreso sin contar con nosotros” y se
adentró en referencias a las difíciles relaciones entre el Sindicato
y el Partido que han tenido “altibajos y enfrentamientos, pero que
no deben dramatizarse”. “Queremos relaciones fraternales, pero
determinando la acción sindical nosotros”. Se refirió a las
movilizaciones que se estaban efectuando en distintos sectores
tendiendo un puente al Gobierno para que negociase.
Pero la ausencia
en este 1º de Mayo del presidente del Gobierno,
Felipe González, atisbaba la
ruptura entre el Gobierno socialista y el Sindicato, que implicaría
también a las relaciones Sindicato-PSOE. Las desavenencias entre UGT
y el PSOE originaron un acercamiento progresivo entre los dos
Sindicatos mayoritarios. El año 1988 fue el de la unidad de acción
UGT-CCOO, a través de la Propuesta Sindical Prioritaria, y el de la
Plataforma Sindical Unitaria, en la que trabajaron comisiones
técnicas de ambos sindicatos. También ese fue el año de la denuncia
de UGT a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el
Gobierno por los acuerdos Administración-Unión Democrática de
Pensionistas (UDP) y el de la primera huelga general (14 de
diciembre) desde 1934. Esa huelga de 24 horas paralizó el país y
contó con el apoyo de aproximadamente ocho millones de trabajadores.
La siguiente huelga general de 24 horas y cierta enjundia (hubo
otras de menor duración, como la del 28 de mayo de 1992) tuvo lugar
el 27 de enero de 1994, contra la creación de las ETT, la
introducción del contrato de aprendizaje (PEJ), la movilidad
geográfica y funcional, la flexibilización de la contratación a
tiempo parcial..., cuando pararon un 90% de los trabajadores según
los Sindicatos y tan sólo un 30% según los empresarios. El 17 de
junio de 1991 el Plan de Competitividad del Gobierno (rebautizado
como “Pacto Social de Progreso”) es rechazado por UGT.
Así las cosas, se
acercaba el día de la jubilación del hombre que durante 18 años
había conducido a UGT desde la clandestinidad al puesto de Sindicato
mayoritario del país en la década de los ochenta. A sus 66 años,
Nicolás Redondo decidió que en el 36 Congreso
Confederal no se presentaría a la reelección. Este Congreso
Confederal de UGT se celebró del 7 al 10 de abril de 1994 entre
insultos de los afectados por la crisis de la PSV en el exterior y
apagones y llamamientos a la unidad en el interior del Palacio
Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. Estos
llamamientos de Nicolás Redondo
a la unidad interna del Sindicato estaban más que justificados, pues
hasta el último momento no se despejó la incógnita sobre la posible
presentación de dos listas para la sucesión del secretario general
saliente, una encabezada por Cándido
Méndez (UGT-Andalucía) y la otra por
Manuel Fernández "Lito"
(UGT-Metal), que en el último momento anunció que no se presentaría,
dejando así el paso libre a Cándido
Méndez, que tuvo el apoyo del 75% de los votos, frente a
la abstención del otro 25%. Redondo
no había sido capaz de imponer su autoridad arbitral para
lograr un consenso en la pugna abierta por la sucesión y eso habría
de pagarlo el Sindicato unos meses más tarde cuando la decisión de
la Ejecutiva Confederal de cesar en sus funciones a tres disidentes
de ese órgano directivo (José Luis
Daza, secretario de Acción Sindical;
Gustavo Gardey, secretario de
Acción Social, y la vocal Dionisia
Muñoz) y la posterior desautorización por el Comité
Confederal desembocaba, el 25 de febrero de 1995, en la convocatoria
de un Congreso extraordinario, para el 29 de abril siguiente, en el
que se elegiría un nuevo secretario general, permaneciendo en
funciones hasta dicha fecha Cándido
Méndez.
En
ese Congreso extraordinario sería reelegido
Cándido Méndez por 431 votos
frente a los 369 obtenidos por Manuel
Fernández "Lito", que sí presentó su candidatura en esta
ocasión. La participación fue absoluta, sin votos nulos ni en
blanco. La presentación de dos candidaturas en el Congreso planteó
una situación insólita a los ochocientos delegados asistentes,
quienes por primera vez en la historia del centenario Sindicato, se
veían obligados a elegir entre dos posibles secretarios generales.
El
2 de febrero de 1995 los grupos parlamentarios del PSOE, PP, IU y
CiU firmaron en Toledo, para el mantenimiento del sistema de
pensiones, el denominado “Pacto de Toledo”. Y el 25 de enero de 1996
se firma el Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (ASEC-I). Un acontecimiento sindical de gran importancia
se produjo el 16 de marzo de 1997 con la primera “euromanifestación”
de la historia convocada por las dos centrales sindicales
mayoritarias belgas en la que participó UGT. El 28 de abril de 1997
UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME firman el Acuerdo para la Estabilidad del
Empleo y la Negociación Colectiva.
 Del 11 al 14 de
marzo de 1998 se realizó el 37 Congreso Confederal que se desarrolló
bajo el lema “UGT por las 35 horas. Empleo y Solidaridad” y
en él fue reelegido (con el 86’01% de los votos) como secretario
general, Cándido Méndez.
El 20 de abril,
UGT y CC.OO. comienzan las movilizaciones a favor de la semana
laboral de las 35 horas y una mejora en la protección a los parados.
El acto más importante se celebró en Madrid con una concentración
estatal de delegados, con el lema "Por el empleo y la solidaridad".
El 3 de diciembre culminan con grandes manifestaciones en todas las
Comunidades Autónomas un proceso de movilizaciones contra la
política económica del Gobierno del PP, iniciadas el 3 de noviembre.
En el año 1999
las concentraciones unitarias de UGT y CC.OO., a favor de mejoras
económicas y sociales para los desempleados, tuvieron su exponente
más significativo en la concentración del 16 de diciembre ante el
Congreso de los Diputados. Esta movilización formó parte de la
campaña "Más subsidio, más empleo", que ambos Sindicatos
desarrollaron en el conjunto del país para reclamar derechos y
solidaridad con las personas en paro.
El 24 de enero de
2000 inicia su andadura la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), vinculada a UGT, y que agrupa a comerciantes,
titulados y operarios, con lo que se cumple un mandato del 37
Congreso Confederal, en el que se decidió la necesidad de aglutinar
al mundo excesivamente disperso de los autónomos.
Ese mismo mes, en
concreto el día 26, Cándido Méndez
presenta a los cuadros de UGT la campaña "Garantía para todos, de
empleo y protección", en un acto sindical celebrado en la sede de
UGT en Madrid. Esta campaña tuvo como objetivo trasladar al conjunto
de los afiliados al Sindicato, a los trabajadores y a la opinión
pública en general la valoración de UGT sobre la primera legislatura
del PP y difundir las propuestas del Sindicato para mejorar el
empleo y la protección social. Se suceden manifestaciones contra los
“globos sonda” que lanza el Ejecutivo. Así, el 10 de febrero se
inician las movilizaciones contra el Reglamento de Fundaciones
Sanitarias Públicas, que culminarán con una gran manifestación que
convocó para el día 28 de ese mes, la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública.
El 1 de junio se
inicia el Diálogo Social propuesto por el presidente del Gobierno,
José María Aznar, a
empresarios y Sindicatos, en torno a siete mesas: la adaptación del
acuerdo para la estabilidad del empleo; la renovación del Pacto de
Toledo; la reforma del servicio público de empleo; la mejora en la
prevención de riesgos laborales; la extensión del trabajo a tiempo
parcial; el desarrollo de las políticas activas y la nueva Formación
Profesional.
El 10 de octubre,
UGT y CC.OO. aprobaron las Propuestas Sindicales de Negociación en
el Diálogo Social con CEOE, en las que se renegociarán y ampliarán
los Acuerdos Interconfederales para la Estabilidad del Empleo (AIEE)
y sobre Negociación Colectiva (AINC) firmados en 1997 y que
finalizan su vigencia en mayo de 2001.
La Europa Social y
del pleno empleo y la integración de la Carta de Derechos
Fundamentales en el Tratado, fue el eje de la convocatoria que la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) reunió a más de 60.000
sindicalistas en una Euromanifestación en la ciudad de Niza que
acogió la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países
de la Unión Europea.
El 13 de
diciembre, UGT y CC.OO. convocaron movilizaciones en 42 de las
principales ciudades del país, en defensa del Diálogo Social,
iniciado entre Sindicatos, empresarios y Gobierno en el mes de
junio, ante el bloqueo y las interferencias del Gobierno en el
mismo. El lema de las manifestaciones fue “Por un trabajo digno y
seguro. Salarios suficientes y mejora de la protección social”.
El 14 de
diciembre, los empleados públicos secundan una huelga general
convocada por los Sindicatos de la Función Pública contra la
decisión del Gobierno de aplicar una subida salarial para 2001 del
2% (cuando la inflación de 2000 estuvo en el 4,1%), por el derecho a
la negociación colectiva, por la cláusula de revisión salarial, por
un empleo público de calidad, por los salarios, contra la movilidad
geográfica impuesta, contra la tasa de reposición, por unos
servicios públicos estables, profesionales y de calidad.
El 19 de
diciembre, se firma el III Acuerdo Nacional de Formación Continua.
Un año más, la violencia terrorista de ETA no cesa y UGT y CC.OO.,
en una reunión mantenida el 20 de diciembre en el seno de la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo por las libertades y contra el
terrorismo firmado por el PP y el PSOE el 8 de diciembre, apoyaron
este Acuerdo y se comprometieron a difundirlo entre los trabajadores
de nuestro país y hacerlo llegar a los ámbitos europeos e
internacionales.
El 31 de enero de
2001, los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME (Cándido
Méndez, José María Fidalgo,
José Mª Cuevas y
Antonio Masa) firmaron la
renovación del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales (ASEC-II). Se producen en estos primeros meses, y
continuarían el resto del año, movilizaciones de funcionarios que
exigían se les abonasen los atrasos de la congelación salarial
impuesta por el Gobierno desde 1997 y que avaló una sentencia de la
Audiencia Nacional. También se produce una huelga general en la
Construcción (2 de marzo) por el alto índice de siniestralidad y
precariedad laboral en el sector. En otro plano, el terrorismo de
ETA se intensifica con el asesinato de varios sindicalistas e
incendiados o atacados varios locales sindicales, lo que motiva la
firma el 28 de marzo de una declaración común del movimiento
sindical franco-español “Por las Libertades y contra el Terrorismo”
por la que se comprometen a impulsar entre los trabajadores del País
Vasco, así como en el resto de España y Francia, cuantas iniciativas
sean necesarias para luchar contra ETA y en defensa de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.
El Gobierno
plantea un diálogo social retórico mientras adopta decisiones como
la aprobación unilateral de un Real Decreto (el 5/2001, de 2 de
marzo), el “Aznarazo”, de reforma laboral, con importantes
supresiones de derechos individuales y colectivos en materia de
contratación, que es aprobado el 27 de junio por el Congreso de los
Diputados y que entró en vigor el 11 de julio, con los votos a favor
del PP, CiU y CC y el rechazo de la oposición salvo el PNV, que se
abstuvo. Mientras tanto, el 6 de abril el Consejo Confederal de UGT
rechaza firmar el preacuerdo de Pensiones a que han llegado el 30 de
marzo CC.OO., el Gobierno y la patronal. Asimismo, el Gobierno sigue
con sus reformas sin contar con los sindicatos, como el caso de la
reforma de la Negociación Colectiva (cuya negociación se inició el
29 de mayo y duraría varios meses ). Esta situación supuso un debate
en UGT sobre la necesidad de articular respuestas frente a las
pretensiones de la patronal por aumentar la desregulación en los
derechos laborales y las imposiciones regresivas del Gobierno. Una
respuesta que debía conducir a la movilización general que tenga
como horizonte un Paro General de 24 horas (al que no se suma
CC.OO.) que finalmente no llega a producirse, aunque sí hubo
importantes movilizaciones.
En abril, del 15
al 18, se cumple el 25 Aniversario del XXX Congreso de UGT, el
primero que realizó una organización democrática tras el paréntesis
de la dictadura. UGT y CC.OO. celebran, pese a las discrepancias, el
1º de Mayo con manifestaciones conjuntas, aunque con manifiestos
diferentes, bajo el lema “Empleo estable, seguro y con derechos”.
Por la situación
creada en el terreno sociolaboral por la política regresiva del
gobierno del PP, que rompió el modelo de diálogo social existente
hasta la fecha, optando por la imposición de medidas sociolaborales
regresivas, el 21 de junio, más de 20.000 delegados sindicales de
UGT de toda España se concentran en la Plaza Mayor de Madrid,
convocados por UGT, en un multitudinario Acto Sindical “Por el
empleo estable, seguro y con derechos”. “Por la mejora real de la
protección social” y “En defensa de la negociación colectiva”. Este
acto sindical, viene a sumarse a la huelga general en Galicia (15 de
junio), movilización general en Asturias (14 de junio), referéndum
en Cataluña (22 de mayo), “Marcha Aragonesa por la Dignidad del
Empleo” (septiembre), recogida de firmas y multitud de asambleas
informativas. El Gobierno, insensible a estas movilizaciones,
insiste en su política de recortes y se plantea el recorte del
seguro de desempleo que daría lugar una intensa campaña sindical en
los meses siguientes.
El 31 de julio
entra en vigor el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería,
una Ley que suscita el rechazo público de la oposición política y
sindicatos.
El 11 de
septiembre se produce un atentado que derribó las torres gemelas del
World Trade Center, en Nueva York, y desde la Secretaría General de
UGT se publica una Circular (27 de septiembre) que analiza este
acontecimiento y sus posibles repercusiones. El 20 de septiembre,
UGT presenta en el Congreso la ILP (Iniciativa Legislativa Popular)
elaborada por el Sindicato, y aprobado por el VII Comité Confederal
celebrado los días 27 y 28 de junio, en la que se defiende la mejora
de la calidad de vida de los trabajadores, la estabilidad y calidad
de empleo, la seguridad laboral y la reducción de la jornada a 35
horas semanales.
La enseñanza está
en pie de guerra a favor de una verdadera Ley de la Calidad de la
Enseñanza que motivó una huelga general en la enseñanza no
universitaria el 29 de octubre. El 1 de noviembre, la Ley Orgánica
de Universidades (LOU) pasa el trámite del Congreso con el respaldo
de PP, CiU y Coalición Canaria. La contestación de los estamentos
universitarios -Rectores, profesores, alumnos, personal de
administración y servicios (PAS)- fue contundente, llegándose
incluso a considerar dichas protestas como las más importantes desde
la Transición (huelga general en Enseñanzas Medias y Universidad el
día 28 de noviembre y una marcha sobre Madrid el 1 de diciembre).
El 13 de
noviembre, más de 10.000 delegados sindicales de la Función Pública
se concentraron ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
en toda España, convocados por UGT y CC.OO., ante la intransigencia
de la Administración que niega a los empleados públicos subidas
salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido durante
varios años.
El 20 de
diciembre, tras unas tensas negociaciones de meses con continuas
interferencias del Gobierno, se firma el Acuerdo Interconfederal
sobre criterios, orientaciones y recomendaciones para la negociación
colectiva del año 2002 negociado entre UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME.
 En el año 2002, el
5 de marzo, en la Escuela Julián Besteiro, de Madrid, se presentó el
libro “Nicolás Redondo. Escritos y Discursos. 1976-1994” con la
presencia del propio autor, el ex Secretario General de UGT,
Nicolás Redondo, y del
entonces Secretario General, Cándido
Méndez.
El 14 de marzo, la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó en Barcelona, en
víspera del Consejo Europeo sobre empleo bajo presidencia española,
una euromanifestación para reivindicar “Más Europa” y a la que
asistieron alrededor de 300.000 manifestantes, convocados por los
sindicatos europeos entre los que se contaban los sindicatos
españoles UGT y CC.OO.
Durante los días
13 a 16 de marzo se celebró en Madrid el 38 Congreso de UGT bajo el
lema de “Tu Fuerza, la Unión; Nuestra Fuerza, la Igualdad”,
que definió las políticas de UGT para los siguientes cuatro años, y
los Delegados asistentes plantearon la conveniencia de que su acción
sindical traspase las fronteras nacionales e impulse los comités
europeos. En este Congreso, UGT se dota de un Programa Fundamental
para varios años, además de un Programa de Acción que servirá de
pauta de congreso a congreso y es reelegido
Cándido Méndez como
secretario general.
El 17 de abril, el
Gobierno entrega a los sindicatos el documento “Medidas de Reforma
de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo”, que
significan para UGT y CC.OO. recortes injustificados e injustos,
indignos e intolerables. La conclusión de los sindicatos es de que
no se trata de un proceso de diálogo ni de negociación, puesto que
la estructura básica de la reforma, los principios, ya están
decididos por el Gobierno.
El 1 Mayo unitario
tuvo como lema “mejora de la protección por desempleo, YA”.
El 13 de mayo se
rompe el diálogo social. UGT y CC.OO. pidieron a los responsables de
Trabajo la retirada del paquete de reformas en materia de protección
por desempleo y de la Ley Básica de Empleo como paso imprescindible
para que se pudiera iniciar un proceso de negociación, pero el
Gobierno hizo caso omiso. El 23 de mayo, el Comité Confederal de UGT
y el Consejo Confederal de CC.OO. aprobaron coordinadamente y por
mayoría absoluta la convocatoria de una Huelga General para el 20 de
junio. Como respuesta, por la vía de la máxima urgencia, el Consejo
de Ministros del viernes 24 aprueba la norma que modifica la
cobertura a los parados y reduce los costes de despido mediante la
eliminación de los salarios de tramitación, lo que los sindicatos
denominaron "decretazo” del Gobierno.
El 20 de junio se
realizó la Huelga General contra el decreto de desempleo que fue
total en la industria; generalizada en la construcción y parcial en
los servicios, y la policía –que tenía órdenes expresas- reprimió
duramente a los piquetes informativos. UGT y CC.OO. calificaron la
jornada de paro de "éxito total"; mientras que el ministro portavoz
del Gobierno, Pío Cabanillas,
afirmó a primera hora de la mañana: "No hay huelga general". A pesar
de la disparidad de cifras, tanto el Gobierno como los sindicatos
coincidieron en que la comunidad autónoma donde la huelga tuvo un
seguimiento más amplio fue Andalucía, la más afectada también por la
reforma del subsidio agrario. Las 90 concentraciones que acompañaron
a la huelga, que fueron especialmente concurridas en Barcelona,
Sevilla, Zaragoza, Valencia y Vigo, reunieron en total a más de dos
millones de personas. Tras la huelga, los secretarios generales de
UGT y CC.OO., Cándido Méndez
y José María Fidalgo,
remitieron una carta el día 27 de junio al presidente del Gobierno,
José María Aznar, en la que le reclaman tener de inmediato
un encuentro personal para abordar y resolver el desencuentro entre
los sindicatos y el Ejecutivo a través del diálogo y la negociación.
El sábado, 5 de octubre, como continuación de las protestas contra
el “decretazo”, más de quinientas mil personas, sindicalistas
llegados desde todo el país, se concentraron en un ambiente festivo
en la Puerta de Alcalá de Madrid en uno de los mayores actos
sindicales de la democracia con el lema “Por la derogación del
´decretazo`, que recorta prestaciones, elimina derechos y abarata el
despido”. El Gobierno, días después, a través del Grupo Popular,
introdujo cambios sustanciales en el “decretazo”. Las 24 enmiendas
aceptadas por el PP recogieron siete de las ocho modificaciones
exigidas por los sindicatos con una excepción, las restricciones al
subsidio agrario, que daría lugar a importantes movilizaciones de
jornaleros y alcaldes de los municipios andaluces y extremeños.
El 29 de octubre
se convoca Huelga General en la Enseñanza pública no universitaria,
con manifestaciones y/o concentraciones en todas las capitales de
provincia, contra la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) con
participación de cerca de medio millón de docentes y unos cuatro
millones de estudiantes convocados por todos los sindicatos de la
enseñanza, Sindicato de Estudiantes, asociaciones estudiantiles, y
con el respaldo de asociaciones de padres y Movimientos de
Renovación Pedagógica.
El 19 de noviembre
se produce en las costas gallegas el hundimiento del petrolero
“Prestige” que causa una catástrofe ecológica sin precedentes con el
vertido de miles de toneladas de fuel y que moviliza a todo el país,
y sobre todo a Galicia, escenario de multitudinarias manifestaciones
convocadas por la Plataforma cívica “Nunca Máis” formada, entre
otros colectivos, por los sindicatos.
El 14 de diciembre
entra en vigor la Ley de medidas urgentes para la reforma del
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, el
“decretazo”, aprobada el 28 de noviembre por el Congreso de los
Diputados con las reformas que el Gobierno trató con los sindicatos
tras la huelga general del 20 de junio, aunque sin tocar la nueva
regulación referente al subsidio agrario. Este fue el motivo que
llevó a PSOE, IU, PNV y BNG a rechazar la norma, que tampoco gustó a
UGT y CC.OO., derogando el Real Decreto-Ley de 24 de mayo que aprobó
el Gobierno sobre el mismo tema.
El 25 de enero de
2003, el ministro de Trabajo, Eduardo
Zaplana, presentó a los sindicatos el proyecto de decreto
que regula la renta agraria, la nueva prestación diseñada para los
jornaleros que se quedaron sin subsidio agrario tras el “decretazo”
de mayo de 2002 y que sustituye al PER (Plan de Empleo Rural). Esta
propuesta supuso que tanto UGT como CC.OO. desconvocaran este día la
huelga general del campo que tenían previsto realizar el 20 de
febrero en Andalucía y Extremadura.
El 28 de enero,
tanto el Comité Confederal Extraordinario de UGT y el Consejo
Confederal de CC.OO. dieron el visto bueno a la firma del Acuerdo
Interconfederal para la Negociación Colectiva para 2003 firmado el
día 30 con las patronales CEOE y CEPYME. UGT decidió la convocatoria
de movilizaciones para el mes de marzo (día 12) encaminadas a exigir
un incremento de las pensiones en línea con la UE y mostrar su
desacuerdo con que el cálculo de las prestaciones se haga por toda
la vida laboral del trabajador, movilizaciones que se hicieron
también el 4 de junio en Madrid. El 29 de enero, en el pleno de la
Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CNSST) se
ratificó el preacuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales
(“Propuesta de la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de
Riesgos Laborales”).
El 23 de febrero
un millón de personas se manifestaron en Madrid, coincidiendo con
los 100 días del hundimiento del petrolero “Prestige”, que inundó de
chapapote las costas gallegas, exigiendo que se conociera la verdad
y pedir responsabilidades políticas por la catástrofe.
Mientras tanto, en
la escena nacional e internacional irrumpe la amenaza de una
intervención armada en Irak, que motivó que el 15 de febrero de este
mismo año se produjeran manifestaciones multitudinarias en todo el
mundo, especialmente en España uno de los países que apoyó la guerra
junto a EE.UU. e Inglaterra. El 15 de marzo, apoyada por la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y todas sus organizaciones
afiliadas, más de 300 organizaciones sociales, entre las que se
encontraban UGT y CC.OO., participaron en toda España en las
manifestaciones contra la guerra de Irak en la que participaron más
de 5 millones de personas. El día anterior, viernes 14, todos los
trabajadores europeos convocados por la CES (convocatoria que se
repetiría los días 21 y 26) pararon durante 15 minutos, por primera
vez en su historia, el día que estaba previsto se reuniera el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la inminente
declaración de guerra. El 20 de marzo, tras la cumbre de Azores, se
inicia la guerra contra Irak sin el respaldo de las Naciones Unidas,
lo que provocó se sucedieran en España, al igual que en todo el
mundo, manifestaciones diarias, concentraciones ante las embajadas,
instituciones políticas,... organizadas por movimientos sociales,
partidos políticos, plataformas culturales y sindicatos a fin de
parar la guerra.
El 27 de marzo, el
Consejo Confederal de UGT convoca Huelga General de 2 horas (por
turno) a celebrar el día 10 de Abril contra las repercusiones
laborales, económicas y sociales de la guerra en Irak. CC.OO. se
desvinculó de esta huelga decidiendo como alternativa un paro de 15
minutos. Esta Huelga General (con una participación de más del 70%
de los trabajadores) se completó con un compendio de actividades de
movilización ciudadana: marchas de estudiantes, concentraciones,
caceroladas, etc., que concitó a millones de personas. Este clamor
contra la guerra continuó siendo el referente del 28 de abril, Día
Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo lema fue
“Respeto a la salud y seguridad. Por el respeto a la paz. No a la
Guerra” y del 1º de Mayo, “Por la Paz y el Empleo. No a la Guerra”.
Esta ola pacifista crispa al Gobierno del PP que temía que su
participación en la guerra le pasase factura en las elecciones
municipales y autonómicas del 25 de mayo.
 El 29 de mayo El
secretario general de UGT, Cándido Méndez, es elegido presidente de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) en el 10º Congreso de esa Confederación
celebrado en Praga con 353 votos a favor sobre un total de 385 votos
emitidos, sustituyendo al austriaco
Fritz Verzetnitsch. El británico
John Monks, con 333 votos,
fue elegido como secretario general en sustitución de
Emilio Gabaglio.
Méndez es el primer español
que ocupa este cargo en los 30 años de historia de la CES en la que
están representadas más de 70 organizaciones sindicales de 34 países
y alrededor de 60 millones de trabajadores europeos.
El 4 de octubre,
coincidiendo con el semestre de presidencia italiana de la Comunidad
Europea, la Confederación Europea de Sindicatos convocó una
euromanifestación organizada por los sindicatos italianos CISL, CGIL
y UIL, y que bajo el lema “Empleo, Derechos, Solidaridad: Por la
Europa Social ¡Ahora!” reivindicó una dimensión más social para una
Europa que se ampliará de 15 a 25 países. Un objetivo que debería
figurar como prioritario en la Constitución Europea en fase de
elaboración. Y coincidiendo con el II Foro Social Europeo, celebrado
en París del 12 al 15 de noviembre, 100.000 personas se manifestaron
(entre ellas delegaciones de UGT y CC.OO.) a favor de la protección
de los servicios públicos y contra el neoliberalismo económico que
domina en Europa.
El 21 de
noviembre, con un acto en Madrid en el que participaron 2.500
cuadros sindicales de todo el Estado, MCA-UGT finalizó los actos
conmemorativos del centenario de su fundación que a lo largo del año
consistieron en la realización de más de 300 actos en todo el
territorio nacional: una exposición itinerante sobre la historia de
la Federación, charlas y coloquios en numerosas localidades, y un
ciclo de conferencias federales celebrado en seis ciudades
representativas: Oviedo, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y
Sevilla, en las que participaron ponentes y expertos de talla
contrastada.
El 27 de noviembre
en Santa Cruz de Tenerife UGT y CC.OO. se sumaron a los actos
conmemorativos el XXV Aniversario de la Constitución Española con un
Acto Sindical, que contó con la presencia de
S.A.R. el Príncipe de Asturias,
y en el que participaron las Comisiones Ejecutivas de CC.OO. y UGT y
más de 300 cuadros y dirigentes de ambas Organizaciones. En este
acto se subrayó que la intención de esta conmemoración era
promocionar los derechos civiles y sociales que defiende la
Constitución, así como su alto valor social. La Carta Magna, además
de consagrar el objetivo del pleno empleo, reconoce importantes
derechos a los ciudadanos, como el acceso a una vivienda digna, el
derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, a la
sanidad y a la enseñanza, entre otros.
El 22 de
diciembre, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT firmaron la prórroga para el
año 2004 del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva
2003 (ANC 2003). En virtud de lo anterior, “serán de aplicación a la
negociación colectiva del año 2004 los criterios, orientaciones y
recomendaciones del Acuerdo Interconfederal para la Negociación
Colectiva 2003, teniendo en cuenta que las referencias a 2003 se
deben considerar aplicables al año 2004. Según el INE, este año
finalizó con 1.127.100 parados”.
Durante 2004 se
produjo una avalancha de procesos de “deslocalización” (bien con
cierres totales de las empresas o traslado de algunas fases de la
producción). UGT alertó de ese fenómeno ante los déficits
estructurales que justifican que España “necesita una estrategia de
desarrollo industrial coordinada, ligada a las necesidades de cada
sector y territorio y articulada con toda una serie de actuaciones
de carácter horizontal, siguen vigentes; con el agravante añadido de
que puedan intensificarse ante la falta de respuestas e instrumentos
para la configuración de un tejido industrial sólido y estable.
También se produjeron conflictos de gran calado como las
movilizaciones durante el primer trimestre del año de los Astilleros
públicos del Grupo IZAR, y que se reprodujeron con gran virulencia
en el segundo semestre con el PSOE en el Gobierno, ante la
perspectiva de cierre por la falta de carga de trabajo, llegándose
finalmente el 16 de diciembre a un acuerdo (firmado por UGT, CC.OO.
y USTG con la SEPI y la dirección de IZAR, mostrándose contrarios
los sindicatos minoritarios ELA y CAT) consistente “en un plan
global que da soluciones tanto a los astilleros civiles como a los
militares, mantiene la actividad de ambos, todas las actividades y
líneas de negocio actuales, y permitirá la viabilidad de todas las
factorías, manteniendo abiertos todos los centros de trabajo”.
Asimismo, se produjeron movilizaciones de los trabajadores de la
tabacalera Altadis contra el cierre de algunas plantas en España,
sin olvidar las protestas de otros colectivos como los prejubilados
y los pensionistas.
No faltó la
efemérides del hundimiento del petrolero Prestige en las costas
gallegas (noviembre de 2002) con manifestaciones en toda España, así
como una “jornada de lucha estatal” de los estudiantes en defensa de
la enseñanza pública realizada el 4 de marzo. El 21 de enero se
celebra una importante reunión del Consejo Confederal de UGT en
Bilbao en el que se efectuó una reflexión sobre el momento político,
pronunciándose con claridad contra el denominado “Plan Ibarretxe”
(Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi). En
diciembre de este año la CEC de UGT fijó oficialmente su
posicionamiento ante la reforma de los Estatutos de Autonomía
anunciados por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura.
Al Qaeda, el 11 de
marzo, perpetró un gran atentado en Madrid con un saldo de 192
muertos (incluyendo el geo asesinado días más tarde tras el suicidio
de los islamistas autores de la masacre tras el cerco a que fueron
sometidos en un piso de Leganés, en Madrid) y cerca de 1.500
heridos, que conmovió al mundo, especialmente en Europa, que concitó
la movilización de millones de personas. Tres días más tarde, el 14
de marzo, tuvieron lugar las Elecciones Generales con victoria del
PSOE, cuya primera medida fue el anuncio del Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, de ordenar el regreso inmediato de las tropas
españolas en Irak.
Del 28 de junio al
1 de julio tuvo lugar en Barcelona el mayor encuentro sindical en
defensa de la “cultura del trabajo”, FORUM-2004, que reunió a
trabajadores, sindicalistas, expertos y personalidades de todo el
mundo que debatieron sobre el trabajo, el empleo y globalización,
además de los aspectos económicos y sociales, la diversidad cultural
y la paz. Desde el 23 al 28 de junio, coincidiendo con la
celebración del Día del Orgullo Gay, Lésbico y Transexual (28 de
junio), la bandera del Arco Iris, símbolo de la lucha que llevan a
cabo estos colectivos por la igualdad y la dignidad, ondeó en la
fachada de la sede confederal de UGT en señal de solidaridad con
dicha causa.
En julio, el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimenta una subida
extraordinaria del 6,6% (RD 3/2004) con el objetivo de situarse,
según el Gobierno, en la senda de los 600 euros mensuales antes del
final de la legislatura (2008). El 8 de julio dio comienzo el
Diálogo Social. En el palacio de La Moncloa, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y los máximos dirigentes sindicales y
empresariales (Cándido Méndez,
José María Fidalgo,
José María Cuevas y Jesús
Bárcenas) suscribieron el documento “Competitividad,
Empleo Estable y Cohesión Social. Declaración para el Diálogo Social
2004”. Esta declaración, con la que se inició formalmente el diálogo
social, se estructuró en torno a varios temas relacionados con el
empleo, las políticas laborales y el sistema de protección social.
Tras el paréntesis
veraniego, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, accionista universal de los astilleros públicos y
privados englobados en IZAR) presentó un Plan de Viabilidad que
contemplaba la segregación de los centros de trabajo civiles de los
militares. La Mesa Sindical de IZAR (UGT, CC.OO., ELA, CAT, USTG y
CIG) se opuso a este plan, iniciando una amplia campaña informativa
con el lema: “Por la defensa del sector naval público: No a la
segregación ni a la privatización” y convocando huelgas y
manifestaciones durante los meses siguientes. El sector lleva 20
años en reconversión y su plantilla se ha reducido de los 39.229
empleos que tenía en 1984 hasta los 6.977 que quedarán cuando se
aplique el acuerdo al que llegaron sindicatos y la SEPI el 16 de
diciembre que recibió el visto bueno de la Comisión Europea. En
marzo de 2005 la nueva empresa pública de construcción naval, tras
la segregación del área militar del antiguo grupo público IZAR, se
pasó a denominar Navantia.
El 3 de noviembre
el 6º Comité Confederal de UGT convoca el 39º Congreso Confederal
del Sindicato y del 5 al 10 de diciembre se celebró en Miyazaki
(Japón) el 18º Congreso Mundial de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) bajo el lema “Globalizar
la Solidaridad, Establecimiento de un movimiento sindical mundial
para el futuro” que aprobó una resolución que establece el
objetivo de unificar el movimiento sindical internacional en una
sola organización.
El 29 de
diciembre, los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME
firmaron la renovación del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales (ASEC-III). El día 29 el BOE publica la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad el
22 de diciembre. El 30 de diciembre el Consejo de Ministros asumió
los contenidos del acuerdo a que llegaron UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME
y el propio Gobierno, en la mesa de reforma del SMI, para mejorar el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se incrementará
progresivamente hasta el final de la legislatura (2008).
El 3 de febrero de
2005, en La Moncloa, los secretarios generales de UGT y CC.OO.,
junto a los presidentes de CEOE y CEPYME, se reunieron con el
Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, para retomar el proceso de diálogo
social y ratificar la vigencia de la Declaración del 8 de julio del
pasado año, con la que arrancó el proceso de negociación. Las tres
materias objeto de diálogo son la reforma laboral, el futuro de las
pensiones y el desarrollo de la Ley de Dependencia. Entra en vigor
el Reglamento de la Ley de Extranjería y el proceso de normalización
de trabajadores extranjeros, del 7 de febrero hasta el 7 de mayo,
para que los empresarios normalicen situaciones laborales
irregulares y que permite el acceso a la regularidad de aquellos
trabajadores que ya están contratados y la afloración de una gran
parte de la economía sumergida. La Disposición Transitoria Tercera
fue uno de los aspectos objeto de la negociación entre los
interlocutores sociales y el Gobierno durante el proceso de Diálogo
Social.
El 1 de marzo se
presentó, con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
la revista de pensamiento político y sindical CLARIDAD, que edita la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, que inicia su cuarta etapa
desde su fundación, por Luis
Araquistain, en 1935.
El 3 de marzo, en
el transcurso de la reunión del Comité Confederal extraordinario de
UGT, Cándido Méndez
anuncia su intención de presentarse a la reelección como secretario
general del Sindicato en el 39º Congreso Confederal a celebrar del 1
al 4 de junio. El 4 de marzo, UGT. CC.OO., CEOE y CEPYME firmaron el
Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC 2005),
para regular las condiciones laborales de más de 10 millones de
trabajadores, un millón de empresas y más de 5.000 convenios
colectivos.
El 10 de marzo se
cumplió el 25 aniversario de la aprobación del Estatuto de los
Trabajadores (ET). UGT presentó en esta fecha un libro conmemorativo
con recopilación de testimonios y obra gráfica de los interlocutores
sociales, el Gobierno y los Grupos Parlamentarios que intervinieron
directamente en la elaboración y posterior aprobación del ET, así
como una exposición gráfica.
El 14 de marzo,
Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales comenzaron a
negociar el proceso de reforma del mercado de trabajo. UGT y CC.OO.
destacaron que la negociación debería "contemplar los problemas
reales del mercado de trabajo: la baja tasa de actividad y empleo,
la alta tasa de paro, que se traduce en un insuficiente volumen de
empleo, así como la alta tasa de contratos temporales y de
siniestralidad laboral". "Estos problemas están interrelacionados y
concentrados principalmente en la población laboral femenina y en
los jóvenes", señalaron. 14-M: CC.OO. y UGT consideran que el primer
año de Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero ha sido positivo, sobre todo por la
subida aprobada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la puesta
en marcha del proceso de regularización de inmigrantes y la apertura
del diálogo social, entre otros aspectos, como la subida de las
pensiones, la retirada de las tropas de Irak y la aprobación de la
Ley de Violencia de Género.
El 19 de marzo, la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó en Bruselas una
euromanifestación en la que participaron 75.000 personas. El mensaje
principal fue “Gobiernos europeos, escuchad lo que los sindicatos os
tienen que decir”. El objetivo fue enviar un mensaje claro a los
Jefes de Estado que se reunían en la llamada Cumbre de Primavera que
tuvo lugar los días 22 y 23. Los manifestantes se movilizaron en
defensa del empleo, de los derechos sociales y para mostrar su
rechazo hacia la directiva Bolkestein. “El movimiento
sindical europeo estuvo muy bien representado en esta
euromanifestación, ha declarado John
Monks, secretario general de la CES. Ahora lo que
queremos es que los dirigentes europeos escuchen nuestro mensaje:
que los gobiernos den una orientación más social a una Europa que
responda aún más a las preocupaciones de los trabajadores europeos.
El movimiento sindical europeo no se opone a ninguna reforma si
tienen la orientación adecuada de un progreso para todos”. Todas
estas reivindicaciones fueron plasmadas en pancartas escritas en
todos los idiomas de los países allí representados.
Cándido Méndez, secretario
general de UGT y presidente de la CES, afirmó que “la Comisión
Europea tiene que modificar de forma radical el texto para que no se
pueda utilizar como caballo de Troya para cargarse los derechos de
los trabajadores”.
El 21 de marzo, el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe en La Moncloa a los
máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME,
Cándido Méndez,
José María Fidalgo,
José María Cuevas y
Jesús Bárcenas,
respectivamente, para conocer sus inquietudes ante la Cumbre Europea
de Jefes de Estado y de Gobierno (la llamada Cumbre de Primavera),
en la reunión que mantuvieron durante los días 22 y 23, en Bruselas,
para decidir la orientación de la estrategia de Lisboa que se
concretan, entre otras materias, en alcanzar una tasa de empleo
general del 70% en 2010, y del 60% en el caso de las mujeres. En la
reunión del presidente del Gobierno con los agentes sociales, fruto
de su compromiso en el encuentro mantenido el día 2 de informarles
sobre la posición del Gobierno en las cumbres europeas, los
sindicatos le trasladaron su preocupación por la “directiva
Bolkestein”, relativa a la liberalización de los servicios, y a
la directiva sobre tiempo de trabajo. El rechazo a la directiva y la
necesidad de defender el modelo social europeo, fue el motivo de la
euromanifestación que la Confederación Europea de Sindicatos convocó
el 19 de marzo en Bruselas.
El 30 de marzo,
los máximos dirigentes de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME (Cándido
Méndez, José María Fidalgo,
José María Cuevas y
Jesús Bárcenas) y el ministro
de Trabajo, Jesús Caldera,
firmaron la renovación del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales (ASEC-IV). El 19 de abril, UGT, CC.OO., CEOE y
CEPYME y el Ministerio de Industria firman el Convenio para la
creación de los Observatorios Industriales, que se desarrolla en el
marco de la “Declaración para el Diálogo Social 2004:
Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social”.
 El 39º Congreso
Confederal de UGT realizado del 1 al 4 de junio y que tuvo como lema
'Trabajo y progreso. Movilizándonos por los cambios',
reeligió, por cuarta vez desde que fuera designado por primera vez
en 1994 como sucesor de Nicolás
Redondo, a Cándido Méndez
como secretario general de UGT tras recibir el respaldo del 78,05%
de los delegados asistentes a la votación. De la Ejecutiva salieron
Alberto Pérez,
Soledad Ruiz y
Manuel Mariscal, mientras que
se incorporaron a la misma Blanca
Uruñuela Aguado, José
Javier Cubillo y Ángel
Fernández Íñiguez.
Entre los días 31
de mayo y 16 de junio se celebró, en Ginebra, la 93a Conferencia
Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
debatió sobre la forma de abordar desafíos como la eliminación del
trabajo forzoso, el desempleo juvenil, la mejora de la seguridad
ocupacional, y la crisis mundial del empleo. En el marco de la
Conferencia se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
(12 de junio), con un llamamiento para retirar a todos los niños
trabajadores de minas y canteras en un plazo entre 5 y 10 años. Este
“llamamiento a la acción” beneficiaría a más de un millón de niños
entre 5 y 17 años que ponen en riesgo su integridad al realizar
labores en este sector.
El
20 de junio se constituyó la Comisión Laboral Tripartita de
Inmigración, órgano de carácter consultivo adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, del que forman parte las Organizaciones
empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal. La
creación de esta Comisión fue uno de los aspectos sociolaborales
acordados en el Diálogo Social en torno al Reglamento de la Ley de
Extranjería.
La
Alianza de organizaciones (Comisiones, UGT, USO, Consejo de la
Juventud de España, Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, ATTAC y
otros colectivos que aglutinaban a más de un millar de entidades)
que promueve en España la campaña Pobreza Cero, enmarcada en el
“Llamamiento mundial contra la pobreza”, convoca una manifestación
en Madrid el domingo, 26 de junio, para exigir a los Gobiernos de
los países ricos que trabajen contra la pobreza. Esta manifestación
de Madrid coincidió con otras actividades en el resto de los 120
países que se pusieron en marcha entre esa fecha y el 6 de julio.
El
30 de junio, el Congreso levanta el veto a la ley que permite el
matrimonio entre homosexuales y dio luz verde a la normativa, que
ofrece al colectivo gay, además, la posibilidad de adoptar niños. El
texto ha sido respaldado por 187 diputados, mientras que 147 han
votado en contra y otros 4 se han abstenido. España se convierte en
el tercer país, después de Bélgica, Holanda, en los que las personas
del mismo sexo pueden casarse.
El 3 de julio entró en vigor el Real Decreto de
Extensión de Convenios Colectivos que posibilita que aquellos
trabajadores que no disponían de convenio por falta de
representación empresarial para negociar puedan acogerse de manera
más ágil y eficaz, previa solicitud de sus representantes, a otro
convenio análogo con sus condiciones económicas y sociales. La
aplicación del convenio colectivo extendido surtirá efectos desde la
fecha de presentación de la solicitud hasta la finalización de la
vigencia inicial y prorrogada del convenio extendido. La norma
establece que es el Ministerio de Trabajo el organismo competente
para la extensión de convenios cuando abarque a todo el territorio
nacional o a más de una Comunidad Autónoma, mientras que éstas
resolverán cuando el ámbito de la extensión se circunscriba a su
correspondiente territorio o ámbitos inferiores al mismo.
El 13 de julio,
Cándido Méndez
y
José María Fidalgo,
se reunieron con el presidente de la patronal CEOE,
José María Cuevas,
para tratar de desbloquear la reforma laboral que se encontraba
atascada. La reforma laboral tiene como principal objetivo reducir
la temporalidad y en este sentido, mientras la CEOE es partidaria de
una reducción en los costes por despido y contratación, que iría en
la dirección de aplicar a los nuevos contratos una indemnización por
despido inferior a la actualmente existente, los sindicatos rechazan
tal propuesta, argumentando que los principales problemas de la
temporalidad no radican en los costes, por lo que proponen otra
serie de medidas, como pueden ser una mayor regulación de las
contratas y subcontratas.
El
19 de julio se convoca la Mesa de Diálogo Social en materia de
Prevención de Riesgos Laborales con el objeto de dar salida a la
urgente reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. En la citada reunión, “todas las partes consideramos que es
urgente e inaplazable la necesidad de reformar, reforzar y potenciar
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
dotándolo de una estructura organizativa y funcional y de recursos
humanos y materiales acorde con la misión y funciones que, por
mandato legal y desde el año 1995, tiene encomendadas el Instituto
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de
desarrollo y por las exigencias actuales que la sociedad demanda.
Dado que el mantenimiento de una organización y estructura cuya
regulación data de 1982, que no se adecua a los cambios sociales y
legales producidos en nuestra sociedad, es una de las causas
determinantes de la situación insostenible de deterioro en que se
encuentra el Instituto y que le impide cumplir su actual misión”.
El
8 de agosto entra en vigor el arraigo laboral, uno de los
procedimientos permanentes del Reglamento de la Ley de Extranjería
que permite el acceso a una autorización en casos excepcionales y
que es fruto, junto al resto de aspectos sociolaborales del
Reglamento, del acuerdo alcanzado en el Diálogo Social. El 7 de
febrero de 2005 entró en vigor la totalidad del Reglamento excepto
el artículo 45.2.a) sobre arraigo laboral, pospuesto hasta la
previsible finalización de la tramitación de las solicitudes
presentadas al amparo del proceso de normalización. UGT recordó “que
el arraigo laboral forma parte del acuerdo del diálogo social en
torno al Reglamento de la Ley de Extranjería. Es uno de los
procedimientos permanentes, junto al arraigo social y las causas
humanitarias, que permite el acceso a una autorización en casos
excepcionales. El sindicato destaca que es preciso que los
inmigrantes acrediten dos años de estancia en España y un año de
relación laboral o relaciones laborales, este último requisito
mediante sentencia o resolución confirmatoria de Acta de la
Inspección de Trabajo”.
El
21 de agosto, UGT presenta un informe sobre el coste de la vivienda
durante el periodo 1998-2004 que destaca que la misma creció en ese
periodo 4,5 veces más que los salarios. Por ello, “UGT considera que
la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas es un
paso necesario para frenar el crecimiento del precio de las
viviendas. Pero es preciso también mayor intensidad en las ayudas
directas a la compra y, sobre todo al alquiler, para aquellas
familias y colectivos más desfavorecidos, como los jóvenes; reserva
de suelo público para la promoción de vivienda protegida (en
propiedad y alquiler, que deberían alcanzar las 100.000 nuevas) y
ayudas para la rehabilitación y para la adaptación de viviendas para
personas mayores o discapacitadas”.
El
5 de septiembre se reanuda el diálogo sobre el mercado de trabajo
tal y como se había acordado en la reunión de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento del Diálogo Social del 27 de julio, entre
el Gobierno e interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.).
UGT quiere avanzar en la mejora de la protección y de los derechos
de los trabajadores. En la reunión se ratificó la voluntad de todas
las partes para dar un decidido impulso al proceso de diálogo a lo
largo de este mes de septiembre. Y con este fin, se acordó mantener
frecuentes reuniones de trabajo durante todo este mes,
estableciéndose una distribución de los temas a tratar. Con el fin
de garantizar un resultado positivo de la negociación, y dada la
interrelación de los distintos temas, se acordó trabajar “de forma
discreta” y esperar hasta el final de septiembre para hacer público
un balance global y común del resultado de estas reuniones. UGT
informaba que “valora muy positivamente la voluntad compartida del
Gobierno e interlocutores sociales para alcanzar un acuerdo, pese a
la complejidad y extensión de las materias que deben negociarse, y
resalta que la mejora de la protección y de los derechos de los
trabajadores debe ser el resultado final de este proceso de Diálogo
Social”.
El
13 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
ha llegado a un acuerdo en materia de financiación sanitaria. UGT
mostró su satisfacción “pero recuerda que este pacto político debe
completarse ahora con un pacto social. El sindicato solicita la
apertura del proceso de diálogo social, no sólo para conocer los
contenidos exactos del acuerdo, sino también para iniciar unas
negociaciones que conduzcan a lograr, además de la suficiencia
económica del sistema, su equidad y cohesión. UGT comparte el
objetivo de mejorar la financiación de nuestro Sistema Sanitario
Público y, en este sentido, valora el esfuerzo de Gobierno y
Comunidades Autónomas para alcanzar un acuerdo en esta materia, pero
advierte que el debate debe ser mucho más amplio y en la dirección
de avanzar hacia una mayor equidad y solidaridad del sistema, tal y
como se recoge en la Declaración en Defensa de la Sanidad Pública,
ratificada por UGT y la Federación de Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP), el pasado 7 de septiembre. Ya en septiembre
de 2001, cuando se alcanzó el Acuerdo de Financiación Autonómica y
Sanitaria del CPFF, UGT y la FADSP denunciaron que el modelo
establecido era inadecuado y que, por tanto, no solucionaría los
problemas financieros del Sistema Nacional de Salud. Asimismo,
hicieron una serie de propuestas para contribuir al sostenimiento
del mismo y de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. A
lo largo de estos últimos cuatro años no hemos hecho otra cosa que
constatar lo dicho entonces al respecto. A comienzos de 2003, UGT
advirtió al Gobierno y a los grupos parlamentarios sobre la
oportunidad que presentaba el debate parlamentario de la Ley de
Cohesión y Calidad para el SNS. El resultado fue decepcionante, al
no establecerse nuevas orientaciones e instrumentos de Gobierno y
coordinación al SNS. El debate abierto sobre la financiación de la
sanidad pública en la primera Conferencia de Presidentes, el pasado
28 de octubre de 2004, y el anuncio de su tratamiento monográfico en
la segunda Conferencia de Presidentes del pasado día 10 de
septiembre, ha permitido conocer con mayor precisión la evolución
del gasto sanitario y de la población en España durante el período
1999-2003, aspectos fundamentales para abordar las necesidades de
financiación. Esto ha sido posible gracias al trabajo de sendos
grupos de la Administración que han integrado y tratado la
información necesaria para ello”.
El
17 de octubre, primera reunión de la mesa de Diálogo Social para la
reforma de las pensiones entre CC.OO. y UGT, CEOE/CEPYME y el
secretario de Estado para la Seguridad Social,
Octavio Granado, en la sede
del Ministerio de Trabajo. Uno de los cambios estrella es la
reordenación de la viudedad. Los sindicatos y los empresarios han
exigido al Gobierno un pronunciamiento público (previo al inicio de
la negociación) en el que manifieste su voluntad de no incluir
transferencias de la Seguridad Social en la reforma de los estatutos
de autonomía. Jesús Pérez,
de UGT, informó que en la reunión
Octavio Granado y los agentes sociales habían perfilado
algunas enmiendas a los PGE de 2006, como mejoras para las pensiones
no contributivas de vejez o enfermedad o cambios jurídicos para la
incapacidad laboral. Asimismo, la mesa decidió establecer una nueva
pensión no contributiva para los menores discapacitados, de manera
que se instaure un derecho ajeno a la situación familiar del
interesado.
El 18 de octubre, el Gobierno entrega a sindicatos y
organizaciones empresariales el documento de reforma del mercado de
trabajo. ‘Si se trata de sustituir fijos por fijos más baratos
estaríamos fuera del objetivo’, advirtieron tanto el secretario
general de CC.OO.,
José María Fidalgo,
como el secretario general de UGT,
Cándido Méndez.
Méndez
apuntó que la negociación entra en una fase "decisiva" que debería
tener un "punto de desenlace" en las próximas semanas, aunque señaló
que no es preciso limitar en el tiempo dicha negociación.
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno decida
legislar unilateralmente si no se logra un acuerdo,
Méndez
recordó que el documento que suscribieron patronal y
sindicatos el pasado 2 de marzo reconocía que el Ejecutivo tiene
competencias para legislar cuando lo crea oportuno y, por tanto,
corresponde al Gobierno plantearse esta posibilidad. En cualquier
caso, el momento actual es "la hora de la negociación" entre las
tres partes. "Ahora es preferible que nos centremos en qué hay que
negociar, aunque para los sindicatos sea más difícil que para la
patronal", insistió.
El 25 de octubre, reunión en La Moncloa entre el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
los secretarios generales de CC.OO., UGT y CEOE,
José María Fidalgo,
Cándido Méndez
y
José María Cuevas,
previa a la Cumbre Europea de Jefes de Estado y Gobierno que se
celebra en Gran Agenda del 24 al 28 de octubre.
Por primera vez una mujer,
Almudena Fontecha
(Secretaria para la Igualdad de la CEC de UGT), ocupa una
Vicepresidencia del Consejo Económico y Social. Fue elegida el 19 de
octubre por el pleno de este organismo que, creado en 1991, iniciaba
su cuarto mandato con la designación de 13 nuevos consejeros y la
renovación de los otros 47.
Diálogo Social: CEOE y CEPYME presentaron por escrito
sus propuestas el 25 de octubre, según
José María Cuevas
“revolucionaria”. Este documento, lejos de mover un ápice las
posiciones maximalistas anunciadas verbalmente en las reuniones
mantenidas, recoge sus planteamientos más extremos en todas las
materias. Según UGT y CC.OO. la supuesta “revolución” anunciada por
José María Cuevas
es un ataque en toda regla a la arquitectura del derecho al trabajo,
que pretende desregular la contratación indefinida y aumentar la
temporalidad.
Diálogo Social: Comienza la fase definitiva. El
secretario general de Empleo,
Valeriano Gómez,
convoca el 3 de noviembre a los representantes sindicales y
empresariales a fin de negociar punto por punto las propuestas
presentadas por escrito e intentar aproximar las posiciones. Tras la
reunión del 11 de noviembre, la falta de voluntad de la CEOE impide
la consecución de avances en la mesa de negociación para la reforma
del mercado laboral, cuyo desenlace mantiene "todas las
incertidumbres" tras constatar las partes que sus posiciones se
mantienen "muy alejadas".
El 14 de noviembre se cumplió el trigésimo
aniversario de la firma los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Acuerdos
que supusieron la entrega del territorio del Sáhara Occidental a
Marruecos y Mauritania. Con este motivo, numerosas organizaciones
sociales, partidos políticos y sindicatos (UGT y CC.OO., entre
ellos), convocaron actos en solidaridad con el pueblo saharaui con
el lema “30 años bastan: NO más injusticia y sufrimiento. Marruecos
culpable, España responsable”. Entre otros, la Conferencia
Internacional de Solidaridad con el pueblo saharaui (viernes 11 de
noviembre) y una manifestación que recorrió las calles de Madrid, el
domingo 12 de noviembre. Además, han hecho pública la “Declaración
de Madrid por la Descolonización del Sáhara Occidental” en la que se
denuncia la violación de los derechos humanos y la campaña de
represión contra la población civil saharaui y el expolio de las
riquezas naturales del Sáhara, y se pidió al Gobierno español que
emprendiese una acción decidida para impulsar el proceso de
descolonización del Sáhara Occidental.
El 24 de noviembre el Congreso de los Diputados
convalida el Real Decreto-Ley 13/2005 –publicado en el BOE del 3 de
noviembre- (que modifica la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
4/1986, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado) y
pretende poder cumplir totalmente el fin perseguido por esa norma de
1986: la plena y definitiva restitución de los bienes y derechos del
patrimonio sindical que fue expoliado por la dictadura del General
Franco a las organizaciones obreras leales a la República, entre las
que de modo fundamental se encuentra el patrimonio histórico de UGT.
La restitución de esos bienes y derechos se estableció en la Ley
4/1986, de 8 de enero, pero sólo se ha aplicado parcialmente; ya que
el texto de esa Ley era tan restrictivo que ha impedido la
reparación plena que perseguía. Por ello, UGT tiene todavía
pendiente de restitución varios cientos de inmuebles con sus muebles
y enseres, además del utillaje y la maquinaria (imprentas, cabeceras
de periódicos, bibliotecas, etc.), la totalidad de las cuentas
financieras y el no menos importante patrimonio cultural y
documental. |
