UGT exige que se evalúe el plan de garantía juvenil tras un año de incumplimientos y sin diálogo

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La Unión General de Trabajadores considera que es necesario realizar un seguimiento inminente del Plan de Garantía Juvenil, un Plan que está teniendo un impacto nulo en el mercado de trabajo. De hecho, la evolución anual del colectivo de jóvenes hasta 29 años señala un descenso en el número de desempleados (en 215.600 jóvenes), pero este descenso no ha ido acompañado de una generación de empleo en la misma cuantía (sólo hay 69.300 ocupados más).

Esto implica que sólo un tercio de los jóvenes que han dejado el paro en el último año tienen un empleo. En este contexto, el sindicato exige al Gobierno información sobre esta estrategia y reclama al nuevo Ejecutivo, a través del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que convoque la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantía Juvenil cumpliendo con el compromiso que adoptó hace un año.

En España, la tasa de empleo de los jóvenes menores de 25 años se encuentra más de 12 puntos por debajo de la de los vecinos europeos, mientras su tasa de paro más que duplica los valores medios de la Unión Europea. Entre los jóvenes de 25 a 29 años la situación es similar, con una tasa de ocupación 10 puntos inferior y una tasa de desempleo que dobla las europeas.

Según datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2016, actualmente hay 6,5 millones de jóvenes menores de 30 años en España en edad de trabajar: 2,8 millones son inactivos y 3,7 millones muestran su deseo de trabajar (están activos) y de estos últimos, sólo 2,5 tienen un empleo; el resto, 1.162.400 jóvenes menores de 30 años, están desempleados.

La evolución anual del colectivo de jóvenes hasta 29 años señala un descenso en el número de desempleados (en 215.600 jóvenes), que no ha ido acompañado de una generación de empleo en la misma cuantía (sólo 69.300 ocupados más). Es decir, que sólo un tercio de los jóvenes que han dejado el paro en el último año tienen un empleo.

La explicación es sencilla: en el último año se han perdido 146.400 activos menores de 30 años. De ellos, más de la mitad (-80.800) corresponde a la pérdida de población en ese tramo de edad por el envejecimiento de la población y el retorno a países de origen.

Lo grave es que desde hace un año hay contabilizados 65.600 jóvenes inactivos más, afectados por el desánimo y, en muchos casos, obligados por la situación a buscar oportunidades de empleo en el extranjero. UGT advierte de las consecuencias nefastas que a largo plazo tendrá para España esta pérdida de jóvenes en edad de trabajar.

Según los datos de los registros de las oficinas de empleo, en octubre, 873.152 menores de 30 años se encontraban registrados demandando un empleo, de ellos 663.526 estaban desempleados. Unos datos que se complementan con los publicados por la última EPA, que señalaba que, en este rango de edad, se encontraban en paro 1.162.400 jóvenes.

Una diferencia que se explica, en parte, por el desinterés que suscita el estar registrados en las listas de los Servicios Públicos de Empleo.

Percepción que se agrava al analizar los datos del registro específico del Plan de Garantía Juvenil: a 31 de octubre, 369.056 jóvenes menores de 30 años estaban inscritos, menos del 56% de los desempleados registrados, y sólo un 31,7% de los desempleados estaban en este tramo de edad. Los jóvenes encuentran pocos incentivos para darse de alta en un sistema del que desconocen sus ofertas de formación y empleo.

Para UGT este indicador no permite ver los resultados del Plan de Garantía Juvenil ni cómo está funcionando el programa. De hecho, a día de hoy, a pesar de la insistencia por parte de UGT en solicitar más información, desconocemos las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco de este Plan, ejecutadas por las CCAA, en materia de orientación, formación e inserción.

La Recomendación del Consejo Europeo sobre la Garantía Juvenil señala que los menores de 25 años (en España, en 2015 el Gobierno tomó la decisión de ampliar el colectivo de beneficiarios hasta los 29 años) puedan recibir en un plazo máximo de cuatro meses una oferta de empleo, de educación o formación, tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Tras casi dos años de funcionamiento en nuestro país, desconocemos si se ha cumplido.

En los informes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social no existe información sobre jóvenes y empleo, pero sí se señala que en el marco de la Garantía Juvenil se establece un sistema de seguimiento en tres niveles:

  1. Seguimiento agregado: indicadores macroeconómicos para el monitoreo de la situación general de los jóvenes en la UE.
  2. Seguimiento directo: indicadores de implantación y aplicación de la Garantía Juvenil.
  3. Seguimiento a posteriori: indicadores sobre la situación de los jóvenes que han salido de la Garantía Juvenil.

Los informes del Ministerio recogen sólo la primera parte del seguimiento. No hay rastro de información sobre los dos epígrafes siguientes.

De esto queda constancia también en el Informe sobre la Aplicación de la Garantía Juvenil de la Comisión Europea, en el que se especifica claramente que no se dispone de información para España y que, a pesar del descenso en el desempleo juvenil en España, este sigue siendo elevado. La Comisión también señala que este Plan aún no ha dado resultados en nuestro país y que el número de registros permanece bajo.

En resumen, desde Europa deberían llegar a España 1.887 millones para cofinanciar gastos para jóvenes no ocupados y que no estén recibiendo formación. Si dicho gasto no llega a ejecutarse, no será posible justificarlo.

En este contexto, insistimos al Gobierno en la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, de diciembre de 2013, como se establece en la página 40: “La evaluación de la Garantía contará con la participación de los Interlocutores Sociales por medio del Consejo del Sistema Nacional de Empleo”.

Es hora de que el Gobierno reflexione sobre sus políticas de empleo y se plantee unas políticas activas, públicas, que no se basen en subvencionar al sector privado a través de las bonificaciones a la contratación, y que mejoren el empleo y la cualificación, en este caso entre los jóvenes.