Se puede, y se debe, derogar ya la reforma de pensiones de 2013

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El fracaso del Pacto de Toledo no puede suponer, otra vez, que millones de pensionistas salgan perjudicados

UGT hace un llamamiento al Gobierno a derogar, antes de disolver Las Cortes, la reforma de pensiones de 2013, y a no defraudar a los pensionistas y a los ciudadanos en general


Ante el estrepitoso fracaso de la Comisión del Pacto de Toledo en alcanzar un acuerdo que afronte los problemas del sistema público de pensiones, UGT hace un llamamiento al Gobierno para que decrete la derogación de la reforma de las pensiones de 2013.

UGT exige al Gobierno que cumpla con las promesas realizadas a los pensionistas y al conjunto de la sociedad, además de con su compromiso con la Seguridad Social, que es lo que llevamos meses exigiéndole en la mesa del Dialogo Social. El Gobierno no puede presentarse a las elecciones habiendo incumplido esos dos compromisos, porque sabemos que hay posibilidades de hacerlo y así lo vamos a exigir en la calle si es necesario.

El Gobierno no puede ampararse en la patronal para no asumir su responsabilidad, y no puede darle derecho de veto. UGT ha puesto toda su voluntad, hecho propuestas –muchas de ellas coincidentes con las realizadas también por la AIREF-, y no tiene excusas para no acometerlas puesto que no cuestan dinero para este año y se basan en aumentar los ingresos de la Seguridad Social sin aumentar el déficit público.

El conjunto de la sociedad ha invertido muchos esfuerzos y mucho tiempo en reivindicar cambios que den garantías, viabilidad y dignidad en las prestaciones de nuestro sistema público de pensiones, y UGT se niega rotundamente a que se conviertan en esfuerzos perdidos y expectativas defraudadas. Tomar medidas para elevar los ingresos del sistema de Seguridad Social, y derogar la reforma de pensiones de 2013 para permitir retomar las negociaciones políticas y sociales desde un punto de partida más favorable –porque supondría restituir el consenso de 2011- no conlleva aumento de gasto, y no existe obstáculo presupuestario que impida su aprobación.


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