VIVIENDA: AUMENTAR EL NÚMERO DE ACTUACIONES PROTEGIDAS DEL PLAN 2005-2008

La situación del sector de la vivienda en España ha alcanzado la dimensión de “problema” tanto por las dificultades a las que se enfrentan los grupos de población con menores ingresos para acceder a una vivienda adecuada a precios moderados, como por la histórica inhibición de los poderes públicos en sus funciones de provisión y control sobre el comportamiento del mercado.

A las dificultades intrínsecas del sector de la vivienda, derivadas de la confluencia de las diferentes dimensiones que definen su naturaleza -económica, social y de ordenación territorial-, se añade en el caso español la complejidad jurídica derivada de la distribución competencial en materia de política de vivienda. Así, son las Comunidades Autónomas y, en su medida y a través de éstas, las Corporaciones Locales, quienes ostenta, en principio, las competencias en materia de vivienda y urbanismo y quienes disponen de los instrumentos para llevar a efecto las políticas de vivienda. Resulta, pues, evidente que el Estado carece de la posibilidad de llevar a cabo el cumplimiento de sus planes de vivienda de forma autónoma. De esta manera, la tradicional intervención del sector público en el sector de la vivienda en España ha tenido una gran influencia en la definición de un mercado inmobiliario caracterizado por:

•  La disponibilidad de un amplio parque de viviendas libres, en comparación con las necesidades de la población, lo que se ha traducido en un elevado nivel de viviendas desocupadas y una alta proporción de viviendas secundarias.

•  Un bajísimo nivel de proporción de viviendas en alquiler, sin correspondencia en ningún otro país de la UE, que se convierte en un grave problema dadas las actuales necesidades de movilidad de la población española en relación a la oferta de trabajo y a las dinámicas económicas regionales.

•  Un incremento sostenido del precio de la vivienda convirtiéndolo así en un eje básico de desigualdad social al actuar primero como filtro entre los ciudadanos que pueden o no comprar y, después, entre estos últimos de acuerdo a sus niveles de ingresos.

•  Un retroceso en la promoción de viviendas protegidas de menor precio.

Este es el marco de actuación al que se enfrenta el PLAN ESTATAL 2005-2008 PARA FAVORECER EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA VIVIENDA, diseñado por el Ministerio de Vivienda para dar cumplimiento al compromiso electoral del PSOE, recogido en su programa para las elecciones de marzo de 2004, de “garantizar el acceso a la vivienda a un precio asequible, a 180.000 familias al año, durante los próximos cuatro años”. En este sentido, el PLAN ESTATAL 2005-2008, si bien comparte la estructura de planes anteriores definiendo las actuaciones protegidas en política de vivienda, junto a las ayudas públicas incorporadas a las mismas (subvenciones, subsidios y ayuda económica a la entrada), introduce algunos cambios significativos en la normativa básica de la vivienda protegida.

La UGT valoró en su momento el PLAN ESTATAL 2005-2008 como una actuación necesaria pero insuficiente en materia de vivienda.

Necesaria porque algunas de las nuevas medidas contempladas, como son las relativas a la ampliación del número de actuaciones protegidas, la introducción en el marco de financiación de nuevas categorías de viviendas protegidas para acceso en propiedad, la inclusión como beneficiarios potenciales de las actuaciones protegidas a ciudadanos con ingresos familiares de hasta 6,5 veces el IPREM, el programa de vivienda para jóvenes y las ayudas a inquilinos, vienen a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para un mayor número de ciudadanos.

Estas medidas amplían considerablemente la cobertura social del Plan de vivienda al incluir, por un lado, a grupos de ciudadanos que tradicionalmente han tenido grandes dificultades de acceso a la vivienda (jóvenes y rentas más bajas) y, por otro, a aquellos ciudadanos cuyos niveles de renta son demasiado altos para poder acogerse a las actuaciones en materia de vivienda protegida, pero insuficientes para poder acceder a la vivienda en el mercado libre, lo que como es sabido, ha derivado en situaciones de auténtica asfixia financiera para muchas familias. Asimismo, las ayudas para inquilinos representan un claro impulso a la vivienda en alquiler en unas condiciones de accesibilidad que no se dan en el mercado libre de arrendamiento.

Por otra parte, la extensión del periodo de calificación de vivienda protegida a toda la vida útil de los inmuebles viene a incorporar una medida de protección frente a comportamientos especulativos, que han pervertido el concepto social de protección de la vivienda y la utilización abusiva del dinero público.

Insuficiente, porque no representa una solución al principal problema de la vivienda en nuestro país como es la evolución creciente del precio de la vivienda. Esto se debe en gran medida a la distribución competencial en materia de vivienda entre las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Administración Central del Estado, lo que reclama una auténtica coordinación entre estos niveles para poder intervenir directamente sobre los mecanismos de determinación del precio en el mercado de la vivienda. Así, para poder alcanzar los objetivos establecidos, es necesario establecer una actuación coordinada y responsable entre las regulaciones con mayor influencia sobre la vivienda como son el Plan de Vivienda, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Suelo.

Por otra parte, la revisión de las cifras de la encuesta de población activa a partir de los nuevos factores de elevación demográfica emanados del Censo de Población de 2001 y de la presencia creciente de inmigrantes, ha puesto de manifiesto la creación de un número medio anual de hogares que se ha aproximado a los 400.000 en 2001-2004.

Ante dicha situación, la UGT propuso en su momento la necesidad de que en el Plan 2005-2008, que debe ponerse en marcha lo antes posible, se aumente el número total de actuaciones protegidas por encima de las 180.000 (el 60% de los nuevos hogares previstos, a la vista de los datos anteriores de creación de hogares de la encuesta citada, que se situaban alrededor de los 300.000), como objetivo medio anual durante el periodo de vigencia del mismo. Si se mantiene como objetivo medio anual del Plan 2005-08, la cifra de 180.000 actuaciones protegidas que se estableció como objetivo del Plan de Choque desarrollado en el programa de 2004, debería elevarse el objetivo parcial de dicho Plan de Choque de unas 78.000 viviendas protegidas de nueva construcción hasta situarlo en la proximidad de 100.000 anuales, reforzando el objetivo de construcción de nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler.

Para UGT resulta evidente que los objetivos citados deben estar acompañados de las dotaciones presupuestarias necesarias, a lo largo de los sucesivos ejercicios presupuestarios, para cubrir las ayudas y subvenciones contempladas para cada tipo de actuación protegida establecida en el Plan.

Junto a dicha exigencia cuantitativa, la UGT considera que deberían conocerse los objetivos  para cada año del Plan 2005-2008,  desagregados entre las diferentes actuaciones protegidas, tanto para el conjunto de España como para las autonomías que se beneficiarían del mismo. También es conveniente conocer la distribución de los créditos convenidos para las citadas autonomías, con  independencia de que el Ministerio establezca una reserva de recursos para facilitar un mejor cumplimiento de los objetivos del Plan.

El Ministerio de Vivienda deberá tener en cuenta, en el momento de establecer la distribución de las actuaciones protegidas por autonomías, el ritmo de creación de hogares anual en cada una de las mismas, puesto que  el segmento de los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda es el más importante de los que integran el total de hogares  precisan de ayuda para acceder a una vivienda.