Mejoran las pensiones de viudedad, 6 años después

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Se eleva el cómputo de la base reguladora
  • Los PGE de 2018 recogen que la pensión de viudedad -para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública- se calcule sobre el 56% de la base reguladora del cónyuge fallecido. Un porcentaje que debe alcanzar el 60% a partir de enero de 2019
     
  • Las principales beneficiarias son mujeres, principales perceptoras de este tipo de pensión
     
  • Avanzar en la igualdad en materia de pensiones exige, entre otras cosas, una Ley de Igualdad Salarial, la modificación del cálculo de las pensiones para quienes trabajan a tiempo parcial, o computar como periodos de cotización el tiempo dedicado al Servicio Social Obligatorio de la Mujer

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la disposición adicional cuadragésima cuarta, establece un incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad en determinados supuestos.
 
Actualmente, el cálculo de esta prestación orresporresponde al 52% de la base reguladora del cónyuge fallecido, pero la aplicación de la disposición adicional  supondrá que el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 años o más, que no perciben otra pensión pública, será del 56% a partir del 1 de agosto de 2018, y del 60% a partir de enero del 2019.

Esta medida estaba recogida en la Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 agosto sobre actualización, adecuación y modernización de Sistema de Seguridad Social, estando prevista la aplicación del porcentaje del 60% en un plazo de 8 años, de forma progresiva, a partir del año 2012.
 
Sin embargo, el Gobierno del PP fue aplazando su puesta en marcha a través de los Presupuestos Generales del Estado durante 6 años, algo que UGT ha denunciado en reiteradas ocasiones, ya que el retraso continuo de la entrada en vigor de esta Disposición Adicional de la Ley 27/2011, de 1 de agosto en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ha impedido que muchas personas que han accedido a este tipo de pensión, no vean incrementada su prestación en los últimos cinco años.
 
El sindicato valora que los PGE 2018, hayan recogido que, a partir del mes de agosto de 2018, la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública ni otros ingresos por rendimientos de capital de actividades económicas o ganancias patrimoniales por encima del límite previsto en los PGE (7.347,99 euros al año), se calculará sobre el 56% de la base reguladora del cónyuge fallecido, y a partir de enero de 2019, sobre el 60% y entiende que esta medida va a beneficiar principalmente a las mujeres, perceptoras mayoritarias de este tipo de pensiones.
 
No obstante, denuncia que sigue habiendo aspectos pendientes de corrección en materia de pensiones para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres como son:
 
► Modificar el cálculo de las pensiones de jubilación para quienes trabajan a tiempo parcial, de manera similar a quienes trabajan a tiempo completo (eliminando el coeficiente de parcialidad y computando los días que se trabajen por semanas completas, independientemente del número de horas)
 
► La aprobación de una Ley de Igualdad Salarial, que erradique las discriminaciones en el mercado laboral y adopte medidas de protección social para garantizar que los salarios y los derechos sociales, incluidas las pensiones, de las mujeres estén en consonancia con el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor.
 
► Que se computen como periodos de cotización el tiempo dedicado al cumplimiento del Servicio Social Obligatorio de la Mujer, equiparable a la prestación social sustitutoria del servicio militar, tal y como establecen distintas sentencias.
 
► Que el Gobierno adopte las recomendaciones de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, y del Parlamento Europeo, de 23 de junio 2017 para corregir la brecha salarial y en materia de pensiones entre mujeres y hombres.