Los PGE 2017 olvidan a los desempleados e intensifican la precariedad del empleo

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​Para la Unión General de Trabajadores, los PGE para 2017 en materia de políticas de empleo siguen siendo insuficientes, profundizan en la desprotección de las personas, debilitan el papel de los servicios públicos de empleo y olvidan la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de las personas en desempleo. UGT considera inexplicable que, en un contexto de crecimiento de la economía, se recorte el gasto en empleo un 4,8% respecto a 2016, con una disminución del 7,6% en prestaciones por desempleo y un aumento de las políticas activas que se concentra en el pago de las bonificaciones a la contratación de las empresas. Además, se va a gastar por cada parado la mitad que en 2010 y la partida de gastos de personal del SEPE permanece congelada otro año más, con cerca de 2,6 millones de personas que buscan trabajo desde hace más de un año y 1,9 millones desde hace más de dos. UGT exige el aumento del presupuesto de empleo para este ejercicio, centrado en un plan de choque que cree empleo de calidad, favorezca la inserción de los parados, amplíe la protección por desempleo y dote de mayores recursos a los servicios públicos de empleo.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 recorta el gasto en empleo un 4,8%, intensificando la precarización que estas políticas han sufrido en España en los últimos años. Un descenso que se acumula a los de años anteriores y deriva en una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38,5% entre 2010 y 2017.

Por un lado, la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 18.318 millones de euros, un 7,6% menos que en los PGE 2016, en una situación en la que más de 3,7 millones de personas están en paro, la tasa de cobertura no logra subir del 56% y casi 6 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año.

 

Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT

Por otro lado, el presupuesto de fomento de la inserción y la estabilidad laboral, que aglutina las partidas de políticas activas de empleo, se dotará de 5.487 millones, un 6% más que en 2016, pero cuyo ascenso no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo. El aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación.

En 2010, con 4 millones de desempleados, una tasa de cobertura del 78,4% y un ratio de paro de larga duración inferior al 43%, el presupuesto total alcanzó 38,7 millones de euros. Ahora, en 2017, con 3,7 millones de parados, una cobertura del 56% y una tasa de desempleo de larga duración del 57,3%, el presupuesto es sólo de 23,8 millones.

Desde 2010, el descenso se produce tanto en la partida de prestaciones (-41%) como en las políticas activas (-29%). Y no se entiende como el gasto total en políticas del mercado de trabajo caiga de nuevo en 2017, en un contexto macroeconómico marcado por la recuperación, tal y como asegura el gobierno en su actualización del cuadro macro, y de un ajuste fiscal menos exigente.

El presupuesto de 2017 es insuficiente para atender a más de 3,7 millones de parados, teniendo en cuenta que por cada desempleado registrado en los Servicios Públicos de Empleo se van a destinar 6.339 euros, 3.196 euros menos que en 2010 (9.535 euros) y muy lejos de los niveles europeos de referencia.

La caída del gasto total en 2017, frente a 2016, tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo, que se reducen en 1,5 millones de euros. Entre otras, descienden las partidas de prestaciones contributivas (-6,5%), subsidios (-14,2%), Renta Activa de Inserción (-23,9%) y Programa de Activación para el Empleo (-20%).

En este sentido, cabe destacar la caída del presupuesto de la ayuda del PAE, que pasa de 350 a 280 millones, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado que la próxima prórroga del programa a partir del 15 de abril cubrirá a más personas desempleadas de larga duración, debido a la modificación en algunos requisitos de acceso. Algo difícil de creer con unos presupuestos para el programa que caen un 20%.

Por otra parte, se crea una partida de 500 millones de euros destinada a ayudas para jóvenes a través del Plan de Garantía Juvenil, cuyas medidas que pretende el Gobierno financiar con estos recursos, se desconocen a día de hoy.

Desde UGT venimos denunciando que el criterio seguido en los presupuestos es puramente económico y se basa en una previsión sobre la creación de empleo que peca de excesivo optimismo. Para UGT este criterio no puede prevalecer, porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo no sólo es consecuencia del menor número de personas desempleadas (a veces que ni siquiera encuentran un empleo y pasan a la inactividad por efecto desánimo, sin protección), sino sobre todo del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, del agotamiento de los periodos de prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, del descenso del número de beneficiarios y también de las menores cuantías medias recibidas. Factores que han conducido a una rebaja de la tasa de cobertura, que ha pasado del 78,4% en 2010 al 56% al comienzo de 2017, dejando a más de 1,7 millones de personas fuera del sistema de protección.

Para UGT otros criterios no económicos son determinantes y se centran en la situación de desprotección de las personas. No es coherente este presupuesto con un país que, a pesar del crecimiento del empleo (de peor calidad, eso sí) presenta una tasa de paro del 18,6%; con 4,2 millones de parados (EPA).

Los últimos datos también señalan que el 57,3% de las personas en paro lleva más de un año buscando empleo (muy por encima del 42,6% del año 2010), siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (el 42,4% de los desempleados).

Con todo ello, UGT manifiesta que hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, que deben ser atendidas. Que no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa; y no sólo no debe reducirse, sino que debe aumentar para dar mayor cobertura. Pues hay que convencerse de que no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos de esta partida, sino el debilitamiento del sistema de cobertura.

Como sucedió con los presupuestos anteriores, a cambio del descenso de la partida en prestaciones por desempleo se incrementa el gasto en políticas activas: con un presupuesto que crece alrededor un 6%, superando los 5.487 millones de euros. Pero para UGT es un presupuesto aún insuficiente, lejos del existente en el año 2010 (7.742 millones de euros).

Además, se trata de un presupuesto desigualmente repartido. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino las bonificaciones para todo tipo de contratación. No está orientado, como plantea UGT, a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino a subvencionar, de forma ineficiente, la contratación.

La partida de bonificaciones a la contratación crece un 14,3%, pasando de 1.635 millones a 1.868, con un peso cada vez mayor en la cuantía total de políticas activas (del 34% en 2017, frente al 31% en 2016). La apuesta del Gobierno por este tipo de medidas es clara. UGT recuerda que hay que evaluar estas medidas por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados, pues podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo sin la ayuda.

Por último, para UGT es incomprensible que la partida de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal y la de modernización de los servicios públicos de empleo permanezcan congeladas otro ejercicio más, en un país donde cerca de 2,6 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 1,9 desde hace más de dos.

A lo largo de la crisis, desde UGT venimos reclamando un plan de choque que atienda con especial atención a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción, así como medidas de políticas activas centradas en la empleabilidad de las personas y desarrolladas a partir de servicios públicos de empleo de calidad.

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