Los sindicatos de AENA han decidido convocar una veintena de días de huelga para defender los puestos de trabajo, el modelo aeroportuario público, y las garantías que ese modelo ofrece al conjunto de la sociedad.

Ojo, esto no es un plante, un abandono de los puestos de trabajo sin previo aviso, como hicieron los controladores aéreos en Navidad. Esto es una convocatoria conforme a la ley vigente, con garantía de servicios mínimos, realizada con tiempo suficiente para que AENA y el Ministerio de Fomento reconsideren las reivindicaciones de los trabajadores, y para que todo el mundo sepa que hay un conflicto laboral vivo y unos trabajadores con unas reivindicaciones que plantear.

Sin embargo, la reacción de los medios de comunicación y de mucha gente con capacidad para influir en la opinión pública ha sido dar prioridad al derecho al consumo (a consumir transporte aéreo) sobre el derecho a la huelga, que es un derecho Constitucional fundamental (Capítulo Segundo, “Derechos y libertades”, Sección Primera “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, artículo 28.2).

¿Desde cuándo el derecho al consumo debe prevalecer sobre un derecho fundamental como el derecho de huelga?

No deberíamos confundir la defensa del derecho a consumir (quien tenga recursos para hacerlo) con la defensa del derecho de los ciudadanos a los servicios públicos. Reclamar el derecho a viajar no implica necesariamente defender el derecho de la ciudadanía a disponer de servicios públicos esenciales. Son precisamente los convocantes de la huelga los que hacen esa reivindicación, porque temen que la privatización de AENA sea un retroceso en ese derecho.

El derecho a viajar no es más importante que el derecho a defender el puesto de trabajo.

¿Es que en este país ya nadie vive del trabajo? ¿Somos todos empresarios o rentistas? ¿No tienen los ciudadanos-trabajadores derecho a defender su trabajo?

¿Por qué, entonces, no nos ofendemos ante este discurso tramposo? Un discurso que reclama despido fácil (lo llaman flexibilidad del mercado de trabajo), salarios que no suban (lo llaman ligar los salarios a la productividad), trabajadores que no molesten a su empresa planteando ningún tipo de reivindicación (lo llaman flexibilización de la negociación colectiva), y que además no tengan ninguna posibilidad de oponerse a nada que amenace sus empleos o sus condiciones laborales (lo llaman regulación del derecho de huelga).

¿Hay alguien que no sepa a estas alturas que las huelgas no son gratis, que se descuentan del sueldo, y pueden tener consecuencias para quienes las hacen?

¿Nadie recuerda que la totalidad de los derechos laborales que ahora tenemos – límites de jornadas, subidas salariales, vacaciones, permisos remunerados, medidas de conciliación, de seguridad laboral, de protección por desempleo, etc…- se han conseguido gracias a la huelga? Algunos sí que lo tienen claro, y por eso criminalizan el derecho de huelga.

Y ahora que hay tantos intereses en eliminar todos eso, ¿debemos renunciar también al derecho a decir que no? ¿Debemos renunciar a usar las herramientas legales para defender nuestros intereses, nuestras ideas, el tipo de sociedad que queremos?

¿Debemos renunciar al ejercicio del derecho de huelga, a la negociación colectiva, a la defensa de intereses legítimos, tan legítimos como los de la banca, la prensa, las empresas, o los usuarios de cualquier servicio?

La crisis económica no puede servir de excusa para trastocar el orden de prioridades, para hacernos creer que los ciudadanos-consumidores son una cosa y los trabajadores otra. Si los ciudadanos no tienen trabajo, ni un salario digno, ni derechos laborales como las vacaciones (y eso lo saben bien quienes están en la economía sumergida), no hay ciudadanos que puedan acceder al transporte aéreo ni a cualquier otro. Salvo que queramos que sea el derecho de unos pocos.