Las trabajadoras y trabajadores del sector de Dependencia se han movilizado este miércoles  para exigir que se desbloquee la negociación del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. Actualmente, cerca de 200.000 personas carecen de un convenio que respete el salario mínimo acordado en el Acuedo Nacional de Negociación y establezca unas condiciones de trabajo dignas. Este miércoles han salido a la calle en las Comunidades de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La mancha, Castilla y León y Extremadura, mientras que el próximo 7 de noviembre lo harán en Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Asturias y Valencia.

 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denunció la pasividad de las organizaciones empresariales en la negociación del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. La patronal  se ha negado a atender las últimas propuestas sindicales y no ha planteado alternativas, provocando la parálisis de las conversaciones tras diez meses de trabajo.

 

La propuesta sindical consistía en una subida salarial para que las categorías profesionales más bajas alcanzasen los 14.000 euros anuales brutos que establece el Acuerdo de Negociación Colectiva y una subida escalonada y proporcional de categorías profesionales (no superior al 10% en conjunto). Y 1000 euros mensuales en 14 pagas para 2021.

 

La dependencia podría ser un yacimiento de empleo de calidad y sin embargo se ha convertido en un nicho de precariedad: un sector altamente feminizado en el que las trabajadoras no llegan a los 1000 euros al mes, cifra mínima contemplada en el último Acuerdo de Negociación Colectiva.

 

Además de la convocatoria de concentración se realizarán asambleas de delegados en cada una de las Comunidades Autónomas. Las organizaciones sindicales esperan visibilizar la situación del sector de la Dependencia y romper el inmovilismo de la patronal en la negociación del convenio colectivo estatal, que sirve de paraguas a cerca de 200.000 trabajadoras que no pueden esperar más a tener salarios y condiciones laborales dignas.