Entevista realizada en "El Mundo" el 16 de junio de 2002
«El Gobierno está
incitando a los empresarios a la comisión de un delito, que es el de
menoscabar u obstaculizar el derecho de huelga, y no hay que olvidar que en
este país hay 4 millones de trabajadores con contrato temporal», asegura Cándido
Méndez, secretario general de UGT, a seis días de la huelga general
convocada para el 20-J. «Yo pediría al ministro de Trabajo que, en un
ejercicio de responsabilidad que le compete, recuerde públicamente que la
huelga es un derecho fundamental, amparado por la Constitución Española en
su artículo 28...»
Pregunta. ¿Han hecho ustedes ya un balance de urgencia sobre las primeras consecuencias de la reforma del sistema de prestaciones?
Respuesta. Tenemos algunas informaciones, lógicamente muy de primer impacto, pero son una muestra de lo que va a ocurrir.Ya conocemos casos concretos de lo que está pasando. Sabemos de trabajadores que han perdido el derecho a percibir los salarios de tramitación en el despido, y que en algunos casos han perdido su derecho a cobrar el paro. Trabajadores con nombres y apellidos, a los que será difícil explicar que reforma no supone un recorte.
Lo que se ha producido es una alteración de la naturaleza jurídica del derecho a la protección por desempleo, que ha pasado a ser una concesión administrativa de carácter arbitrario. Estamos en un escenario radicalmente distinto.
Además, estos mismos trabajadores estarán obligados en el futuro a aceptar cualquier empleo, con sueldos inferiores a la prestación que les corresponde por haber cotizado.
P. El Gobierno asegura que, en realidad, se ha suavizado la regulación anterior, que antes era posible retirar la prestación al primer rechazo de una oferta.
R. Antes se lo podían quitar a la primera, pero usted iba a los Tribunales y la Justicia le restituía el derecho. La clave está en el Artículo 207 de la Ley de Seguridad Social. Allí se establecía que un trabajador que haya contribuido por un periodo de carencia mínimo, que son 12 meses, tiene derecho a cobrar el paro, si cumple el requisito de estar en situación legal de desempleo. Ahora la normativa ha añadido que, además, el parado debe acreditar disponibilidad para trabajar, y aceptar un empleo adecuado.... Es ahí dónde se produce el cambio y lo que era antes un derecho pasa a ser una concesión administrativa. De hecho, el año pasado sólo hubo 1.800 expedientes sancionadores en materia de cobro de las prestaciones del Inem.
P. Trabajo ha insistido en que es necesario estimular el mercado laboral, fomentar que los desempleados acepten un empleo.
R. Si el estímulo consiste en no tener prestación económica, el 50% de los trabajadores españoles que están desempleados y que no tienen derecho al paro según la EPA estaría colocado hace tiempo. Y esto no es así.
Los datos del Inem reflejan claramente cómo los parados que tienen derecho a la prestación agotan sólo la mitad del paro que les corresponde.
P. ¿Cuál es entonces, en su opinión, el objetivo de la reforma?
R. El problema de fondo es que la economía no va bien, y el modelo de estabilidad presupuestaria es inestable, porque está basado en la congelación de las retribuciones de los empleados públicos y en la apropiación de los excedentes de la Seguridad Social y del Inem.
Ahora, ya no es suficiente con el superávit, y necesitan más dinero. Por eso necesitan ampliar el excedente del Inem, y dotarse de un mecanismo para poder quitar las prestaciones económicas.El decretazo es sólo un mecanismo para quitar prestaciones a los parados.
P. ¿Cómo se haría ese recorte?
R. Una vez aprobado el decretazo es muy sencillo: El Inem se pondrá en contacto con su oficina comarcal, y le dirá: tiene usted que ahorrar un 5% en gasto... ¿Cómo? Muy sencillo. Le da usted a la tecla del ordenador y le salen todos los parados que llevan más de un año cobrando la prestación a la que tienen derecho.
Al ingeniero le ofreceran empleos, retribuidos, por ejemplo, con salario mínimo. Si no lo acepta, le quitan la prestación, y si lo hace, dejará de percibirla... Así se cuadran las cuentas.
P. Más allá de la reforma del Inem, el Gobierno y algunos sectores de la opinión pública han dudado públicamente de que existan motivos para la huelga. Y han criticado la fecha elegida, porque, en su opinión, perjudica a la imagen de España y amenaza a la marcha de la economía...
R. Decir que el ejercicio de un derecho constitucional empaña la imagen de España es absurdo. Lo que afecta al prestigio, a la credibilidad exterior de nuestro país son episodios como por ejemplo el de las cuentas secretas del BBVA, una multinacional que está presente en todo el mundo.
Por lo demás, muy mal tendríamos que estar para que una huelga ponga en riesgo la recuperación económica, como se ha dicho.Lo que pone en riesgo, son actos publicitarios como la carta remitida por el Ministro de Hacienda a todos los contribuyentes, echando más leña al fuego de la inflación.