El Decretazo agrava las deficiencias del INEM
7 de
junio de 2002
El Decretazo del Gobierno, además de ocasionar un grave perjuicio a trabajadores y parados, está afectando también al funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, ya deficiente por la falta de coordinación entre las Administraciones y escasez de recursos. Presenta, en este sentido, un importante déficit de plantilla (cada funcionario atiende a 135 desempleados, mientras la media europea es de 1 funcionario por cada 41 desempleados), trabajadores que, además, ahora han convertido en “policías” de los desempleados porque están obligados a decidir por Ley, aun en contra de su voluntad, qué trabajos son adecuados y retirarles la prestación, en caso de que no acepten. El Gobierno con sus medidas ha agravado los problemas, pero no ha definido un modelo de servicio público de empleo que garantice la unidad de mercado, igualdad de oportunidades, libertad de circulación y coordinación territorial de las políticas activas, necesario para conseguir el pleno empleo, la adecuación de la oferta y la demanda de puestos de trabajo y la protección de las situaciones de desempleo.
El Decretazo del Gobierno no ha abordado el verdadero problema de estos Servicios, su falta de coordinación y de recursos. Al contrario, ha empeorado su situación, ha colapsado su funcionamiento y no está respondiendo a las necesidades del mercado laboral y ha producido unas discriminaciones salariales inadmisibles entre los trabajadores, como consecuencia de las transferencias de las políticas activas a las Comunidades Autónomas. Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT apoya las movilizaciones que estos trabajadores están desarrollando.
España,
pese a tener la mayor tasa de paro de Europa, desde hace muchos años dispone
del menor número de trabajadores en los Servicios públicos de Empleo, lo que ha
impedido el desarrollo eficaz de sus funciones. Cada funcionario atiende una
media de 135 desempleados, mientras la media europea es de 1 funcionario por
cada 41 desempleados. Este déficit, reconocido por el subsecretario del
Ministerio de Trabajo a las organizaciones sindicales hace tan sólo unos días,
se está viendo acrecentado con el “decretazo” del Gobierno que ha convertido a
estos trabajadores, relegados en su mayor parte a tareas administrativas, en
policías de los desempleados. Están obligados por Ley, y aun en contra de su
voluntad, a decidir cuál es el empleo adecuado para una persona y retirarle la
prestación, situación que atenta contra la dignidad personal y profesional de
estos trabajadores.
Medidas
como éstas no contribuyen a diseñar un servicio de empleo público eficaz que
genere actuaciones encaminadas a la consecución del pleno empleo, la adecuación
cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de puestos de trabajo y a la
debida protección en las situaciones de desempleo y unos servicios públicos de
calidad a las personas demandantes de empleo, lo que constituye un Derecho
Fundamental.
UGT
defiende un modelo que:
8
Garantice la unidad y transparencia del mercado de
trabajo, la igualdad de trato y oportunidades, la libre circulación de los
demandantes de empleo y que ofrecezca un servicio de empleo público y gratuito
a trabajadores y empresarios
8
Vincule las políticas activas y las prestaciones
económicas por desempleo, mejorando la ocupabilidad de los demandantes de
empleo, evitando así las diferencias generadas con las transferencias de las
políticas activas a las Comunidades Autónomas.
8
Mejore la eficacia en la intermediación en el mercado de
trabajo, con los recursos humanos y materiales suficientes para superar el
escaso 10% de colocaciones que gestiona el INEM. Para ello es preciso fomentar
la coordinación entre Administraciones y modernizar y adecuar los servicios
para favorecer el acceso y la información sobre las ofertas y demandas de
trabajo en todo el territorio.
8
Garantice una clara separación entre las fuentes de
financiación (actualmente no existe aportación del Estado, se financia con
cuotas por desempleo y Formación Profesional de trabajadores y empresarios) y
que su superávit se destine a fomentar políticas activas y no a multiplicar las
subvenciones y ayudas a las empresas.