UGT apuesta por reforzar los Servicios Públicos de Empleo, invertir más y mejor para acercarnos a la media europea, en vez de dejar a los desempleados, como plantea la reforma laboral del Gobierno, a merced de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, a las que cede la intermediación laboral. El sindicato viene denunciando, desde hace tiempo, que mientras en Europa hay un empleado de los Servicios de Empleo Público por cada 50 personas desempleadas, en España hay una por cada 200 personas, aproximadamente. Asimismo, advierte sobre la potestad que les atribuye a estas agencias privadas de colocación para que, si el parado no cumple con los requerimientos que se le exigen, puedan incluso determinar la pérdida de la prestación del mismo, una potestad que hasta ahora y conforme a la legislación sólo correspondía a los Servicios Públicos de Empleo.

El Gobierno ha privatizado el desempleo en este país al ceder la intermediación laboral a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, que tendrán además competencias que afectarán a las prestaciones de desempleo de los trabajadores. En este sentido, previo convenio de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, tendrán las siguientes competencias:

• El control del trabajador que percibe prestaciones por desempleo. Deberá acudir cuando lo requiera la agencia privada y acreditar que ha comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo si no desea incurrir en una infracción.
   

• Determinar los trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que debe realizar el desempleado beneficiario de prestaciones. En caso contrario, podrá incurrir en infracción grave, con la consiguiente pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.
   

• Determinar cuál es la oferta de empleo adecuada que el desempleado está obligado a aceptar y cuyo rechazo conlleva la pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.

A juicio de UGT, el Gobierno en lugar de modernizar y reforzar los Servicios Públicos de Empleo, tal y como le viene pidiendo desde hace tiempo (En Europa, hay un empleado de los SPES por cada 50 personas desempleadas, mientras en España hay uno por cada 200 personas) ha optado por el atajo, haciendo más vulnerables a los trabajadores desempleados, que pasan a ser objeto de negocio.

El sindicato duda, además, que el Gobierno pueda poner en marcha los mecanismos necesarios para controlar y regular la actuación de las agencias privadas de empleo, puesto que si no hay recursos, ni humanos, ni materiales, la pregunta es cómo va a hacer ese control o regulación. Por eso, UGT venía planteando que cualquier proceso de dar entrada a las agencias de empleo tenía que pasar, en primer lugar, por reforzar los Servicios Públicos, algo que no se hace.

Para ello deberían incrementarse notablemente la dotación presupuestaria de los Servicios Públicos de Empleo, para atender las labores de intermediación laboral. El gasto público destinado a estos SPE supone el 0,10% del PIB en nuestro país, mientras en Alemania o los Países Bajos, donde participan las agencias privadas de colocación en la intermediación laboral, el gasto público se eleva al 0,28 y 0,33% del PIB, respectivamente.

Por otra parte, con respecto a las competencias que se les asignan a las agencias de colocación, con o sin fines lucrativos, cuando firman un convenio con los Servicios públicos de Empleo para la intermediación laboral, hay que tener en cuenta que la información que se facilita por parte de un desempleado, no sólo contiene aspectos de carácter profesional sino que, en muchas ocasiones, se informa sobre aspectos de carácter personal (enfermedades, adicciones, situaciones familiares, etc.) por lo que es necesario garantizar la intimidad y esta garantía sólo se puede preservar desde el sector público. Es decir, para que esa información, de carácter personal, pueda ser conocida por agencias de colocación privadas, con o sin ánimo de lucro, debe tener como requisito previo la autorización del demandante de empleo. Tiene que ser un acto voluntario.

El sindicato alerta, por último, sobre el peligro de dualizar la intermediación laboral, puesto que se corre el riesgo de que los servicios públicos se conviertan en oficinas de asistencia social de intermediación y las agencias privadas se dediquen a colocar a los desempleados más cualificados y formados.

Por último, UGT denuncia que los sindicatos no han conocido hasta la aprobación del Real Decreto-Ley esta regulación tan detallada y exhaustiva sobre el papel de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro.