DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO

El 28 de abril se celebra, a instancias de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), como acto reivindicativo en defensa y denuncia de las condiciones de trabajo y su repercusión en la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En esta ocasión, el escenario es, si cabe, mucho peor que otros años; como consecuencia del Decreto del pasado 2 de marzo, en el que, de forma unilateral, el Gobierno ha impuesto una reforma laboral muy lesiva para las condiciones de trabajo, agravando la precariedad en el empleo (uno de los factores que más directamente repercuten en la siniestralidad laboral en nuestro país, que mantiene el doloroso récord de siniestralidad laboral en la UE, con un aumento del 49% de accidentes de trabajo, en los cinco años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL).

Tras la actuación del Gobierno (que ha roto el diálogo social) con la aplicación unilateral de una reforma laboral, mediante un decreto que agrede frontalmente las condiciones de trabajo, introduce mayor flexibilidad, desregula el contrato a tiempo parcial y aplica un contrato para la formación desnaturalizado. Como consecuencia de todo ello, se incrementará la temporalidad y aumentarán las transferencias de los riesgos más peligrosos hacia pequeñas empresas, al no haberse regulado la subcontratación de actividades, en definitiva, traerá más precarización.

La incidencia de esta Reforma en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, va a traer como consecuencias, a corto y medio plazo, un incremento de la siniestralidad con una clara desregulación y precarización del contrato a tiempo parcial (sobre todo, a los jóvenes y las mujeres). Es por ello que, ante esta agresión, debemos mantener una actitud beligerante, enmarcando las movilizaciones en acciones más contundentes.

Unido a todo lo anterior, la falta de aplicación de la LPRL por parte de los empresarios, (alegan desconocimiento de la misma, después de 5 años de vigencia) y la total ausencia de voluntad política de las Administraciones (la Central y las Autonómicas), nos muestran una situación a la que debemos hacer frente de manera prioritaria.

Los sindicatos llevamos más de cuatro años haciendo propuestas y el resultado ha sido: “oídos sordos” a nuestras peticiones y propuestas. A estas alturas, no se puede argumentar por el Gobierno la necesidad de un “informe” para tomar medidas, cuando resulta que el Plan de Acción Nacional contra la Siniestralidad (refrendado políticamente por todas las partes implicadas, el 4 de noviembre de 1998 en una Cumbre sobre Salud y Seguridad en el Trabajo) define claramente ocho áreas de actuación y 75 medidas concretas. Desde entonces, el Gobierno no ha hecho nada.

Tenemos que intensificar la acción sindical en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando asambleas en los centros de trabajo como objetivo prioritario, manifestaciones y concentraciones a lo largo de la semana del 28 de abril, trabajando desde ahora en conseguir la mayor participación posible en los actos y asambleas que se realicen.

Estas movilizaciones deben estar dirigidas a exigir el cumplimiento empresarial de las normas preventivas incluidas en la LPRL, a denunciar y explicar lo lesivo del Decretazo para las condiciones de trabajo (crea más precariedad y, en consecuencia, más siniestralidad) y a exigir de las Administraciones el cumplimiento de los acuerdos suscritos, así como una actuación eficaz como garantes del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.